DENUNCIA
El mal que ronda a Chapinero, en Bogotá
Los bares que se cobijan bajo el manto de clubes tienen contra la pared a las autoridades. Mafias de abogados están a su servicio.
Sylvia Charry Sepúlveda, periodista de Semana.com
13 de marzo de 2014
La localidad de Chapinero, caracterizada en las noches por la alta afluencia de la comunidad LGBTI y de jóvenes universitarios que buscan diversión, está en el foco de las autoridades. Este año se han cerrado varios establecimientos por no cumplir la ley, entre ellos los sitios donde se practica sadomasoquismo, prostitución y otros que se cobijan bajo el ropaje de clubes.
La oferta allí es amplia y aplica para todas las edades. Pero mientras unos disfrutan, otros hacen esfuerzos para que las normas se cumplan. La lucha contra el microtráfico, el licor adulterado y contra los bares que se cobijan bajo el manto de clubes, para abrir hasta el amanecer, en la localidad, es cosa seria. Según cifras de la alcaldía local, unos 50 sitios funcionan de manera ilegal en el sector, es decir, el 38 % de los establecimientos dedicados al expendio de bebidas embriagantes.
El alcalde de la localidad, Mauricio Jaramillo, explicó el asunto en Semana.com: el tema se ha convertido en uno de sus mayores retos pero además en una pesadilla, pues combatir las mafias locales no es del todo fácil. Según documentos aportados, ya se han interpuesto denuncias en la Fiscalía que no han llegado a ninguna parte.
En esa ‘mafia’ aparece un grupo de abogados cuyo oficio es modificar las figuras jurídicas de los bares, que, de la noche a la mañana, pasan de establecimientos comerciales a supuestas asociaciones, sindicatos o clubes, para que sus puertas no puedan ser cerradas al amanecer. Con la nueva denominación de establecimientos privados, las autoridades quedan sin dientes para ejercer control.
Según los datos entregados por comerciantes del sector que conocen la ‘mafia’ que allí funciona, la gestión para cambiar la denominación de un establecimiento puede costar alrededor de 30 millones de pesos.
Pero además, este grupo de abogados les dicen a los dueños “que el alcalde local cobra su tajada en el negocio y que no se mete con ellos”.
Los dos nombres de estos abogados son conocidos en la zona pero Semana.com se abstiene de revelarlos por seguridad de la fuente y hasta tanto haya un pronunciamiento de las autoridades.
Pero en ocasiones los esfuerzos son en vano. En la zona, durante este año, se han realizado cerca de 18 operativos contra negocios que presentan todo tipo de fallas en su funcionamiento. “Pero más dura el operativo que los dueños de los negocios se muevan para reabrirlo. Todo, gracias a las movidas de los abogados”, dijo otro comerciante de Chapinero.
Un caso que evidencia el tema ocurre en un club conocido como 'La Trinchera', que ha sido cerrado numerosas veces. En este, las autoridades, en un operativo hace pocas semanas, han encontrado papeletas de cocaína, éxtasis, ‘poper’, botellas de licor sin registro sanitario y hasta menores de edad. Es un lugar exclusivo para la comunidad LGTBI.
Pero el tema se va enredando en confrontaciones ideológicas. Así, el representante legal del establecimiento, Rochel Uribe, alega persecución a la comunidad LGBTI por parte de la Alcaldía Local. Pero las autoridades van más allá y aseguran que, por ejemplo, pudieron demostrar que en ese lugar se cobraba por la entrada y que los nombres de los asistentes no estaban en ningún registro, como normalmente ocurre en un club.
El lugar fue sellado, pero a los siete días operaba con normalidad y, una vez más, las autoridades se sintieron burladas.
Otros establecimientos que operan en el sector han sido sellados o cerrados definitivamente por violar la ley. En la lista aparecen Kukilandia, Sintraovad, Le Club, White and Black, Juanchito Corpopaleo, De Luxe, Amapola, Mint Club, La Piscina, El Decano, La Cascada, Cupido Club, Guadalupe, Friends for ever y Bar y Fercho.
En un operativo donde se cerró el establecimiento Mint Club, un extranjero que estaba en el lugar dijo: “Pagué 20.000 pesos de cover y no soy socio, pues esa figura aquí no existe. Lo malo de estos sitios es que al ser ilegales, son inseguros, pues no hay salidas de emergencia”.
Los operativos son liderados por personal de la alcaldía, la Policía Metropolitana, la Personería, la Defensoría del Pueblo y un representante de Ministerio público.
Cerca de 11 establecimientos son sellados cada fin de semana. “Cuando sellamos un local remitimos el caso a la subdirección de personas jurídicas de la Alcaldía Mayor para que le cancele la licencia. La sorpresa es que los bares mutan de figura jurídica y así es más difícil llevar a cabo el control del lugar”.
Semana.com habló con el coronel Raúl Vera Moreno, comandante de la Estación de Chapinero, quien al explicar el fenómeno reafirmó la existencia de profesionales del derecho que asesoran a estos establecimientos con el objetivo de violar las normas.
Otro de los problemas que se evidencian en estos lugares, dice Vera, es el sobrecupo los fines de semana. “Entran unas 400 personas a lugares reducidos que no tienen la capacidad para albergarlos. En caso de una emergencia sería casi imposible que todas las personas pudieran salir del lugar”.
Un doloroso ejemplo vivió Bogotá en septiembre del año pasado, cuando varios policías esparcieron gas pimienta en un bar del sur de la ciudad donde los clientes, al salir en estampida, quedaron aprisionados. Seis personas murieron. Había sobrecupo y deficiencias en su infraestructura.
El alcalde de Chapinero entrega un dato importante: en un mes uno de estos lugares recoge ganancias netas superiores a los 50 millones de pesos solo por concepto de cobro por entrada (cover). Es por eso, dice otra fuente consultada, que los dueños de establecimientos se dan el lujo de pagar asesores para burlar la ley.
En esta red de corrupción también han caído varios uniformados encargados de custodiar el sector. Ellos, según las denuncias, reciben ‘mordidas’ que oscilan entre 200.000 y 500.000 pesos a cambio de no reportar las anomalías.
Cerca de 15 policías de la localidad estaban involucrados en estos actos de corrupción, por lo que el general de la Policía de Bogotá, Édgar Sánchez, relevó el personal y puso hombres de confianza para que cumplieran con su deber.
Mientras unos disfrutan sus ganancias fruto de la ilegalidad, otros hacen esfuerzos para trabajar bajo el ropaje de la ley. Pero sienten que hay una desigualdad enorme. Uno de ellos que habló con este portal aseguró: “Los comerciantes legales estamos inconformes porque nos esforzamos en presentar papeles y tener todo legal, pero a los ‘amanecederos’ nadie los toca porque tranzan todo. Por eso es cada vez hay más que le quieren entrar al negocio”, asegura.
El tema no es de poca monta y tiene a las autoridades contra la pared. Por eso estas buscan herramientas legales urgentes que les permitan combatir a estos establecimientos. Una de ellas es un decreto con el que la Policía pueda intervenir los llamados clubes, unos lugares diseñados exclusivamente para ‘pasarse por la faja’ la ley.
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