Chía busca acuerdo de pago para recuperar sus cuentas embargadas

Con el embargo de las cuentas del municipio, el pasado 11 de marzo inició un nuevo capítulo del pleito jurídico entre la Alcaldía de Chía y uno de los constructores del Centro Comercial Fontanar, que comenzó hace más de 9 años, por el cobro de impuestos de valorización.

El congelamiento de las cuentas se dio luego de que la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara esta medida para garantizar el pago de 15 mil 960 millones de pesos a la sociedad constructora Haiku Associated Inc. (monto que se ha incrementado con el transcurso de los años, de acuerdo con los intereses y el Índice de Precios al Consumidor IPC-Dane).

Luis Carlos Segura, alcalde de Chía, explicó que toda esta problemática se originó en el año 2000, cuando en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado por el Concejo de ese municipio, se determinó que los terrenos de la conocida hacienda Fontanar eran urbanizables y por consiguiente generadores de plusvalía.

“Luego de esto, en el año 2008, el Concejo expidió el acuerdo municipal No. 8, el cual fijó la plusvalía en 40 %. Posteriormente, en 2010, el alcalde de Chía para la época expidió el decreto No. 59, el cual determinó el valor que debían pagar los propietarios llamados ‘Haiku Associated Inc.’ y ‘Ganadería Hacienda el Palmar’, entre los años 2012 y 2013, cancelaron en dos pagos al municipio de Chía la suma de 15 mil 960 millones 971 mil 840 pesos”, narró el mandatario.

Así mismo señaló que “en 2014 estos propietarios demandaron al municipio ante el Tribunal de Cundinamarca por considerar irregular este cobro. En una primera instancia, el tribunal falló a favor de los demandantes, pero la administración municipal apeló la decisión ante el Consejo de Estado, pues es la instancia judicial de cierre”.

No obstante, cinco años después, en 2019, el Consejo de Estado ratificó la sentencia y ordenó al municipio devolver la suma originalmente pagada por Haikú y sus socios, pero ajustada a valor presente, según el IPC.

Con el objetivo de cumplir con la obligación heredada, Luis Carlos Segura y su equipo de la Oficina de Defensa Judicial han sostenido once encuentros de negociación con los acreedores, en los cuales se plantearon diversas opciones de solución, pero todas ellas fueron rechazadas, pues esta alta suma es difícil de cancelar de forma inmediata y en un solo pago.

“Al día de hoy hemos interpuesto todas las acciones jurídicas posibles para levantar la medida cautelar, por considerarla desproporcionada e injustificada. La orden de embargo, está siendo atendida por todo nuestro equipo jurídico y estamos buscando la forma menos traumática para cumplir con la obligación, que ya cumple 11 años”, aseguró el alcalde.

Desde la Alcaldía de Chía se dio un parte de tranquilidad frente a esta situación y resaltó que esta contingencia económica fue informada oportuna y previamente a la calificadora de riesgo “Value & Risk Rating”, al momento de expedir el documento de calificación requerido para adquirir el cupo de endeudamiento de Chía. Es decir, este pago no afecta el cupo de endeudamiento para la ciudad.

En relación con este tema, desde Fontanar Centro Comercial se informó que ellos no hacen parte del proceso jurídico, ni han instaurado demanda alguna contra el municipio, al igual que las constructoras Amarilo y Cimento y los socios y accionistas de los mismos.