Así se habría perdido el dinero de la alimentación de niños en Chocó

La semana pasada, la Fiscalía capturó seis personas que tuvieron que ver con presuntas irregularidades en la celebración y la ejecución de los contratos para la atención de menores de cinco años, mujeres gestantes y madres lactantes dentro de la estrategia presidencial conocida como de Cero a Siempre.

Las capturas constituyeron todo un escándalo local pues se trataba de personas muy conocidas en esa región que durante años han posado como comerciantes. Así, la Fiscalía llevó ante una juez a Reinaldo Palacios Córdoba, más conocido como ‘Blakys’, y a su esposa, Martha Figueroa Mosquera. También a Inés Besaida Asprilla, lo mismo que Kelly Lucena Barrios Torres y a Cristian Abel Peña Rentería.

Los tres primeros eran las cabezas visibles de la Fundación Obras de Misericordia (Funomiser), que obtuvo el contrato 290 del 2014 con Bienestar Familiar por $4.170 millones para la ejecución de los proyectos sociales, entre los que estaban la alimentación escolar durante el 2015.

Durante seis meses, la Fiscalía recaudó una serie de pruebas que les indicaban que parte de ese dinero había sido utilizado indebidamente.

Tras las capturas, y durante largas horas de audiencias que terminaron el pasado sábado, el fiscal Luis Emiro Asprilla explicó lo que había ocurrido con los dineros oficiales. Las pruebas aportadas dejaron perpleja a la audiencia. El fiscal explicó cómo cerca de $2.300 millones fueron utilizados en cosas muy distintas al objeto del contrato.

Dentro de la imputación, el fiscal reveló evidencias de cómo los $4.170 millones no fueron consignados en una cuenta bancaria especial como lo exigía el contrato, sino que la millonaria suma fue a cuentas personales de donde salía dinero para el pago de celulares, servicios públicos, compra de materiales para construcción y giros de millones a personas naturales que nada tenían que ver con la Fundación.

Se evidenció también cómo, de 1997 beneficiarios, 501 resultaron falsos, por eso el fiscal los denominó “beneficiarios fantasmas”. Es decir que no pudieron ser reconocidos con nombres, ni registros civiles o números de cédulas.

Pero además, la Fiscalía encontró un perfecto carrusel dentro de Funomiser. Así, Reinaldo Palacios, quien manejaba toda la operación en la sombra, creó empresas que le suministraban alimentos a la Fundación y le prestaban otros servicios. Es decir, contratos de ‘yo con yo’.

El fiscal encontró que, a nombre de este personaje, se giraban cheques personales por valores que iban desde $30 millones a $100 millones que nunca se justificaron. También giró dineros a su esposa y otras personas. Hubo “más de $300 millones girados cuyo destino se desconoce”, dijo el funcionario a Semana.com.

En la imputación también quedó al descubierto una operación, según la cual, se hacía creer que a los niños y gestantes se les daban productos de primera calidad a valores comerciales determinados, cuando en realidad se les entregaban alimentos cuyos precios eran significativamente inferiores.

En ese entramado, la Fiscalía determinó que la supervisora del contrato del ICBF, Kelly Lucena Barrios Torres, no hizo lo suficiente para hacer seguimiento a los gastos y operación de la Fundación. La Fiscalía determinó que, tan solo en giros que nada tenían que ver con el contrato, se habrían extraviado un poco más de $1.000 millones. Otros $1.300 millones, fueron a para a los bolsillos de estas personas.

Entre las pruebas también están sobrecostos, falsedad en la elaboración de las propuestas ante el ICBF y hasta falsificación de estados financieros de la Fundación.

Tras dos días de audiencias, la juez determinó que Reinaldo Palacios debía ir a la cárcel, mientras que su esposa, Martha Figueroa Mosquera, e Inés Besaida Asprilla, la otra representante legal (en el papel) de la Fundación, fueron cobijadas con medida de aseguramiento en detención domiciliaria por ser madres cabezas de familia.

Por su parte, Kelly Lucena Barrios Torres y Cristian Aben Peña, funcionarios del ICBF, fueron dejados en libertad por considerar que no son un peligro para la sociedad. Pero seguirán vinculados al proceso.

Los delitos que enfrentan son peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado, falsedad en documento público y prevaricato por omisión.

La investigación continúa porque la Fiscalía, ahora, quiere ahondar en información según la cual, el dinero habría ido a políticos de la región.

Así como en Chocó, la Fiscalía ha avanzado en otros casos como en Cesar, donde fueron capturados el alcalde de Aguachica, un asesor de la Alcaldía y a representantes de la Fundación Provenir, la empresa contratada para suministrar los alimentos en varios colegios, entre ellos los de la institución Sagrado Corazón de Jesús.