La cuestionada fundación que sigue encargada de la alimentación escolar en Chocó

No dejan de sorprender los hallazgos e inconsistencias en el Programa de Alimentación Escolar en Chocó. A las múltiples denuncias que ha hecho Semana.com sobre irregularidades en la celebración y ejecución de contratos, se sumó una investigación de la Fiscalía que llevó a la cárcel a conocidos comerciantes del departamento la semana pasada.

Fue así como el ente investigador capturó a seis personas que tuvieron que ver con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato que tenía como fin la atención de menores de cinco años, mujeres gestantes y madres lactantes dentro de la estrategia presidencial conocida como de Cero a Siempre.

Se trataba de Inés Betsaida Asprilla Córdoba, el administrador de la Fundación Reinaldo Palacios Córdoba; la administradora, Martha Figueroa Mosquera; la supervisora, Kelly Lucena Barrios Torres, y Cristian Aben Peña Rentería.

Palacios, Mosquera y Asprilla eran las cabezas visibles de la Fundación Obras de Misericordia (Funomiser), que obtuvo el contrato 290 del 2014 con Bienestar Familiar por $4.170 millones para la ejecución de los proyectos sociales, entre los que estaban la alimentación escolar durante el 2015.

Durante seis meses, la Fiscalía recaudó una serie de pruebas que les indicaban varias inconsistencias en la ejecución de este contrato. Primero, que 2.300 millones fueron utilizados en cosas distintas a las pactadas. Segundo, gran parte del dinero del contrato fue girado a cuentas personales. Y tercero, de 1.997 beneficiarios 501 resultaron falsos, lo que el fiscal denominó “beneficiarios fantasmas”.

Lo más preocupante, es que esta misma fundación –que luego cambió su nombre a Fundación Jardines Luminosos y tenía como representante legal a la hoy capturada Inés Betsaida Asprilla-, todavía mantiene un millonario contrato por 9.172 millones de pesos con la Gobernación de Chocó.

Así es. Mientras todos son procesados por la Fiscalía y unos fueron a la cárcel y otros se encuentran bajo arresto domiciliario, la Fundación continúa recibiendo dineros de la Gobernación de Chocó a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adscrito al Ministerio de Educación.

El contrato prácticamente lo dejó ‘amarrado’, dos días antes de terminar su mandato, el exgobernador Efrén Palacios Serna, lo que dejó sin opción a la nueva administración de Jhoany Carlos Palacios, quien lo firmó el 19 de enero de este año.

Y aunque las capturas de los representantes de esta fundación se dieron por irregularidades en un contrato con el ICBF, en el PAE también tienen graves señalamientos.

Semana.com se comunicó con José Camilo Córdoba, administrador del servicio educativo de Chocó -que cumple a su vez de Secretario de Educación-, quien aseguró que él mismo ha hecho dos denuncias contra esta Fundación. Una, por la reducción de las raciones de comida ofrecida a los niños. Y la otra, porque el contratista tampoco ha pagado los respectivos salarios a las manipuladoras de alimentos.

Según Córdoba, en el poco tiempo que lleva en su gestión, ha interpuesto siete quejas por estas irregularidades. Sin embargo, no pasa nada y la Fundación sigue con el contrato.

“En investigaciones que hemos hecho se ha descubierto que el operador no cuenta con la capacidad financiera para implementar el PAE, pues la Gobernación al parecer tampoco ha girado los anticipos. Sin embargo, eso no justifica que no le paguen a las manipuladoras”, dijo Córdoba.

El secretario cuestionó que la Gobernación anterior haya amarrado un contrato, a sabiendas de que la Fundación no tenía un músculo financiero para atender este tipo de situaciones.

El hecho no deja de ser preocupante, sobre todo ahora que se han conocido graves irregularidades en los PAE de todo el país.

En conversación con Semana.com, el gobernador Jhoany Carlos Palacios aseguró que se encuentra estudiando la posibilidad de cancelar el contrato con la Fundación Jardines Luminosos, pero no quiere tomar una decisión que afecte al programa y deje a los niños de su departamento sin alimentación. No obstante, resaltó que afortunadamente la relación contractual solo es por seis meses y no falta mucho para que termine. 

Pero el funcionario fue más allá. Manifestó que en los próximos días se reunirá con el viceministro de Educación, Víctor Saavedra, para plantearle que no desea continuar con la resposabilidad del programa, tal como lo han expresado varios gobernadores del país al Ministerio de Educación Nacional. 

"Hay que reconocer que el departamento no tiene la capacidad para tener un control sobre el PAE. Necesitamos el apoyo del Ministerio para poder hacer el programa con la mayor transparencia posible", puntualizó.