La maldición de un hospital de Chocó: hasta el agua sale con mercurio

Al tanteo, un hombre calcula las dosis de sulfato de aluminio, cal y cloro que utilizará para purificar el agua del río Atrato, la misma que llega al Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, Chocó. Pero sus esfuerzos no son suficientes. El mercurio y el cianuro que usan los mineros en busca de oro y cobre envenenó el cauce del río que va a parar directamente al lugar donde los enfermos buscan curación. No la pueden beber, pero se tienen que bañar con ella ante la dificultad de comprar suficiente agua potable -en bolsa- que los libere del líquido tóxico.

Para los pobladores, la historia hace parte de su diario vivir, pero para la Contraloría fue una sorpresa percatarse, el año pasado, durante una actuación especial, que el agua que se utiliza en el hospital más importante de Chocó tiene mercurio y heces fecales. Pero el llamado cayó en saco roto, y ahora, siete meses después, la entidad se encontró con que la situación aún no mejora, y por las tuberías del Hospital San Francisco sigue corriendo agua contaminada.

Fotografía: Contraloría.

Y es que tan enferma como sus entrañas está la superficie del hospital. “Está que se cae”, dice uno de sus trabajadores. Por más de una década han intentado mantenerlo en pie con la intervención de la Superintendencia de Salud, que tomó la batuta al ver sus graves problemas financieros. Pero en el 2009 la entidad entregó el mando a la hoy liquidada Caprecom, en el marco de un convenio que no mejoró la situación del hospital, sino que profundizó el camino de su debacle y lo llevó a su liquidación, siete años después. En ese momento la inyección de $35.000 millones del Gobierno llegó para tratar de sanar el hospital de las deudas que lo superaban.

Por millones se cuenta la ayuda que ha llegado. El Gobierno Nacional en el marco del paro Cívico aseguró que giró $980.000 millones para la adquisición de insumos médicos, quirúrgicos y medicamentos que fueron a parar al Hospital Ismael Roldan Valencia Sede II, que actualmente está a cargo de la operación del Hospital San Francisco de Asís, mientras termina su proceso de liquidación. 

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“Yo soy médico pediatra y trabajó acá desde 1992. Le puedo decir que hace 30 años teníamos insumos y ahora no tenemos ni lo básico, como sueros venosos o laboratorio para un cuadro hemático. Incluso, a veces no tenemos sangre”, detalla Carlos Libreros.

Las paredes dan fe del paso del tiempo y del abandono del lugar. Cuando la nueva capa de pintura se desprende por la humedad se asoma el viejo San Francisco de Asís reclamando ayuda que recibe en pequeñas dosis.

En la entrada de Urgencias, una pieza de cuatro por tres metros hace las veces de sala de reanimación. Tiene una camilla apta para atender un paciente pero allí se acomodan hasta cuatro niños. A pesar de las limitaciones, intentan reanimarlos mientras llega una ambulancia para que los traslade.

“Tenemos muchos casos en que atendemos a los niños con mínimas condiciones, algunas veces lo logramos y otras veces se nos mueren”, relata el médico. En los niños chocoanos son comunes las enfermedades respiratorias, la diarrea y la desnutrición. Algunos alcanzan a llegar al hospital, y otros como los indígenas Embera-Katío, en ocasiones, ni siquiera tienen la oportunidad de acceder al servicio médico básico.

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“El bebé tenía dos años, no duró nada enfermo. Eso fue de un día a otro, al niño de repente le dio vómito, diarrea, fiebre y al otro día a las cuatro de la tarde falleció. Ni dio tiempo de sacarlo. Es muy difícil traerlos, a veces no hay transporte o combustible. Le hicimos remedios allá pero no alcanzamos a sanarlo. Me quedé totalmente vacía”, relata Ekilda Cardio, líder Wounaan de Juin Phubbur -familia Embera que habita la cuenca del río Cacarica dentro del Parque Nacional Natural de Los Katíos.

Para la Defensoría del Pueblo, el río Atrato se ha convertido en un foco de enfermedades que matan. Durante el 2013, al menos tres menores de edad habrían muerto por ingerir agua contaminada y 64 más se intoxicaron en las comunidades indígenas de Quiparadó y Juin Phubbur, detalla en uno de sus informes. A esos casos se suma la muerte de 34 niños, del pueblo indígena Embera-Katío, que se encuentra ubicado en la cuenca del río Andágueda -afluente del Atrato-, por razones similares. El peligro que corren los pequeños fue uno de los argumentos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional, en una reciente sentencia, que declaró al Atrato un “sujeto de derechos” que debe ser recuperado.

Son muchos los frentes en Chocó por recuperar. Para el Atrato, por el momento, el salvavidas tendrá que esperar, mientras que en el caso del Hospital, la Gobernación espera, en un plazo de tres meses, empezar una nueva etapa, sin deudas, con otra razón social y una inversión de $8.500 millones de pesos que sirvan como flujo de caja para que pueda continuar funcionando.

“Esperamos que se entregue bien habilitada esa infraestructura. Que esté apta para atender a las personas, por eso se han venido haciendo unos arreglos por parte del Ministerio y la Superintendencia. Nosotros esperamos que esté bien todo lo que se entregue, necesitamos prestar el servicio y creemos que la Superintendencia está haciendo las cosas bien”, expuso el gobernador de Chocó Jhoany Carlos Palacios.

Pero no dejan de aparecer malos síntomas en el proceso de recuperación. Uno de ellos ocurrió con el anterior agente liquidador José Omar Niño Carreño que contrató al arquitecto Próspero Mena por $169 millones para que adecuara las habitaciones del servicio de pediatría, pero el techo se vino abajo ocho días después de la entrega. Aunque para algunos trabajadores ese episodio es un fiel ejemplo de los malos manejos que se le dan a los recursos, para otros se trata de un saboteo.

“No fue que se cayó ni que estuvo mal hecho. Lo que pasó fue que algunos enemigos de los procesos del hospital, esos que salen a las calles a decir un montón de cosas, taparon una canal y se represó el agua. Pero eso lo reparó el contratista y se descubrió que lo habían tapado con una botella de plástico. Incluso, la interventoría puso una denuncia por esos hechos”, explicó Wilman Yurgaqui, director del hospital Ismael Roldan Valencia que actualmente es el operador del San Francisco de Asís.

Pero ese no es el único punto de desencuentro. Niño Carreño también hizo un contrato por $168 millones para que se adecuaran los quirófanos que tanto le urgen al hospital de II nivel. Estos fueron entregados en diciembre pero a la fecha no han entrado en funcionamiento. Según Yurgaqui, hoy en día las operaciones las realizan en dos espacios provisionales, pues para utilizar los nuevos quirófanos, que estarían listos el próximo martes, primero debían acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud respecto a la asepsia y el acondicionamiento del lugar.

Sin duda, los problemas del hospital van más allá de la infraestructura y se acentúan cuando se combinan con el modelo del sistema de salud del país. Al San Francisco de Asís lo aqueja un mal común: las EPS le deben millones, su deuda sigue creciendo estando en manos del nuevo operador. Yurgaqui calcula que el monto en este momento asciende a los $9.000 millones.

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El deplorable estado de la salud en Chocó no es fortuito, el dinero que llegaba era usado para acrecentar las arcas de quienes lo administraban, es el caso del exgobernador Efrén Palacios quien enfrenta un proceso en su contra por haber incurrido en presuntas irregularidades en contratación para cubrir gastos de su campaña que rondan los 1.950 millones de pesos.

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Pero sentarlo en los estrados judiciales no ha sido una tarea fácil. Después de tener el arsenal probatorio la Fiscalía tardó un año para imputarle cargos por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica. En la audiencia que se llevó a cabo el pasado jueves por fin lo hizo y continuará este 15 de mayo cuando el ente investigador solicitará la detención preventiva en establecimiento carcelario del exmandatario ya que todo el proceso lo ha encarado en libertad.

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"El problema de fondo acá es el tratamiento de las aguas", insiste uno de los trabajadores que asegura que en más de 20 años que lleva en el hospital el problema ha sido el mismo. En esto coincide la Contraloría y agrega que los procesos de la vieja planta de tratamiento ubicada en la parte trasera de la edificación "no son aptos para separar los minerales del agua y por ende no elimina el mercurio".

Por su parte, el gerente del hospital Ismael Roldán Valencia informó que “están haciendo adecuaciones en la planta de tratamiento y estudios del agua. Ahora hay una firma que se llama Acuazul de Medellín que responde a las recomendaciones de la entidad. Y es que no conocemos un estudio físico-químico y bacteriológico del agua” que llega al hospital. “La recomendación que le hacemos a los pacientes es que la usen para su aseo personal y no la ingieran. Pero es un agua cristalina la que sale por las llaves”, dijo “pues es un agua que se trata. Ya si tiene determinada  cantidad de mercurio o plomo lo vamos a conocer y se tomarán más medidas necesarias para potabilizarla”.

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En casa de herrero azadón de palo. Chocó sufre por el agua aunque por la región corre a borbotones. El Atrato es el más caudaloso de Colombia con 15 ríos y 500 quebradas que nutren su caudal a lo largo de 750 kilómetros. Pero vaya paradoja, ni las comunidades afros e indígenas ni los pacientes del hospital San Francisco de Asís están exentos de contraer una enfermedad si deciden abrir el grifo y beber un sorbo de agua.

*Fotografías Esteban Vega La Rota / SEMANA