Chocó tiene su propio y vergonzoso ‘carrusel’ de la salud

En la mañana de este martes un gran escándalo sacudió a Quibdó. Como pólvora se regó la noticia de la captura de uno de los personajes más conocidos de esa ciudad. Se trata Eustaquio Olave Urrutia. Aunque en el resto del país es un desconocido, en su tierra natal es toda una figura.

No es para menos. Ha ocupado algunos de los cargos seccionales más importantes en relación con el tema de la salud. Por ejemplo, fue gerente del empobrecido y saqueado Hospital de Quibdó. A pesar de su polémica gestión, de allí salió a ocupar otras posiciones mientras su carrera y sus negocios se dispararon.

Dueño de una inexplicable fortuna, se convirtió en el propietario de una de las discotecas más grandes y concurridas en la capital chocoana. También ha sido célebre por edificar ostentosas casas que sobresalen en medio de la pobreza de la región.

Aunque rumores de todo tipo circularon sobre él y su fortuna, la administración departamental lo nombró a comienzos del año pasado asesor de la permanentemente cuestionada Secretaría de Salud. Para la muestra, allí fue nombrada la odontóloga Danny Mercedes Moreno, esposa del excontralor Carlos Murillo Agualimpia, que a su vez está envuelto en un escándalo puesto que habría prestado unos 200 millones de pesos al actual gobernador de Chocó, Efrén Palacios, durante la campaña que lo llevó al cargo.

Durante los ocho meses que permaneció en el cargo, Olave se dedicó a una serie de actividades non sanctas. Lo que no sabía es que todas ellas estaban en la mira de la Fiscalía como parte de una gran investigación de corrupción en la salud que terminó con su captura.

Los sabuesos del CTI comenzaron por investigar siete droguerías de Quibdó que cobraron irregularmente 4.000 millones de pesos a la Secretaría de Salud por concepto de supuestos suministros de medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que son de alto costo, los que serían suministrados a la población más vulnerable, según dice un informe de la Fiscalía al que tuvo acceso Semana.com.

Durante la investigación adelantada se estableció que las cuentas de cobro presentadas por las siete droguerías e IPS que se prestaron para el fraude fueron soportadas con documentación falsa, “toda vez que los beneficiarios de dichos medicamentos no recibieron tales medicamentos ni les fueron recetados por médico alguno”, dice uno de los apartes del informe.

“Aunado a ello, no existen historias clínicas que soporten la atención prestada a los presuntos beneficiarios, no existen soportes de los médicos que presuntamente los ordenaron, existen dobles facturaciones, muchas de las personas relacionadas como atendidas no corresponden a población pobre y vulnerable no asegurada, y varias se encuentran fallecidas desde años anteriores a la recepción de estos servicios. Igualmente fueron auditadas y pagadas”, puntualiza el documento del ente acusador.

Por todo esto, entre otros muchos hechos, Olave fue arrestado y enfrentará cargos por los presuntos delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad material en documento público. La población más vulnerable del departamento más pobre del país espera que esta vez la justicia actúe con contundencia. Ahora la lupa de las autoridades se posa sobre las otras piezas del vergonzoso rompecabezas de corrupción que por décadas ha azotado a Chocó.