Carlos Lozada: ¿Qué le espera en la JEP por el homicidio de Álvaro Gómez?

Las revelaciones en torno al crimen que cobró la vida de Álvaro Gómez Hurtado continúa dando de qué hablar. Primero, en un comunicado publicado el pasado 3 de octubre, las FARC se atribuyeron el homicidio del líder conservador en noviembre de 1995. La noticia sorprendió al país –durante décadas la hipótesis más martillada fue la de un crimen de Estado– y se recibió con escepticismo por parte de algunos que sugieren que la extinta guerrilla está favoreciendo los intereses de terceros, quienes, en su lógica, serían los verdaderos responsables del delito.

Pero luego, en una entrevista con el periódico El Espectador, el senador Julián Gallo Cubillos, también conocido como Carlos Antonio Lozada (su nombre de guerra), admitió ser una de las personas que participó en el plan criminal: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez” advirtió.

Lo que inició como duda se convirtió rápidamente en indignación con lo que parece ser la confirmación de que, en efecto, la responsabilidad por la muerte de Gómez Hurtado recae únicamente sobre las FARC, tal como lo afirmó el líder de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, en una carta dirigida a Álvaro Leyva en la que afirmó: “Doctor Leyva, confesado este y otros crímenes por nosotros, nos unimos a su clamor por la verdad. Solo así cerraremos la página horrorosa de la guerra”.

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos Arévalo, fue uno de los primeros en alzar su voz para expresar descontento y exigirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consecuencias para Lozada, quien ocupa una curul en el Congreso derivada del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y el anitguo grupo armado. Ante los micrófonos de W Radio, Ceballos indicó que el exguerrillero debería perder su curul y agregó que, si el tribunal de paz logra verificar la confesión del homicidio, “la sanción propia también implica restricción a la libertad, la posibilidad de que se limite la libertad de residencia y de movilidad”.

Se remitió a la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019) en la que se contempla en uno de los literales del artículo 31, el cual versa sobre participación política, que les corresponde a los magistrados “determinar la compatibilidad entre la ejecución de la condena y la participación en política”. Este es el sustento legal de las palabras del comisionado que, además, añadió que la justicia transicional está en la “obligación” de estudiar “si es compatible que el senador Lozada lo siga siendo después de que ha confesado este terrible delito”.

Sin embargo, el argumento de Ceballos para separar a Lozada de su silla en el Senado implicaría una condena y, en la presente situación, no se ha cumplido siquiera una semana de la revelación hecha por el excombatiente y no es claro todavía qué tramite se le dará al interior del tribunal. Una de las posibilidades es que la JEP abra un caso que agrupe los magnicidios confesados por los exguerrilleros y los llame a rendir su versión, como el primer paso.

El comisionado le restó relevancia a que el propio Acuerdo de Paz les exige a los ex-FARC aportar verdad plena y, en ese orden de ideas, no es cuestionable que cumplan con ese propósito. Otra cosa es que esa verdad resulte abominable. La confesión de las FARC desató una gran paradoja: semanas atrás el país –y el Gobierno nacional con particular vehemencia– se les reclamada que asumieran responsabilidad frente a los hechos más atroces de la guerra. Lo empezaron a hacer y ahora el cuestionamiento de muchos es que se estarían excediendo.

De cualquier forma, solo los magistrados de la JEP, luego de hacer las verificaciones del caso y de sopesar los aportes hechos por los comparecientes, podrán decir qué castigo imponer a Lozada y compañía.

SEMANA consultó al exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, experto en el modelo de justicia transicional que rige a la JEP, sobre las posibles consecuencias que acarrearía la plena certeza de que Lozada participó en el crimen de Gómez Hurtado. Afirmó que no hay motivos jurídicos para diferenciar este delito de los demás.

“(Las FARC) deberían recibir las mismas consecuencias que todos los demás delitos que cometieron durante 40 años. Es decir, si aceptan tempranamente responsabilidad, tendrán derecho a una sanción que es máximo de ocho años y que, si no aceptan responsabilidad y se las demuestran en el transcurso del proceso, pueden pagar hasta 20 años de prisión en condiciones de reclusión ordinaria”, señaló Reyes.

Al planteársele la hipótesis –defendida por muchos– de que las FARC asumen la comisión del homicidio para encubrir a otros, el exministro Reyes fue enfático en indicar que eso sí implicaría penas diferentes, y más fuertes, porque sería una falta al deber general de colaboración que se tiene con el sistema de verdad, justicia y reparación

“En ese caso, podría la JEP llegar a cambiarles las penas más leves, que van hasta ocho años de restricción de la libertad, por las penas más graves, que son 20 años de prisión en condiciones de reclusión ordinaria”, declaró.

Y, con respecto a una sanción sobre Lozada que afecte su cargo como congresista, el exministro aclaró que esto trasciende la esfera de influencia de la justicia transicional.

“La JEP tiene la posibilidad de aplicar las sanciones que están previstas en el Acuerdo de Paz y, desde luego, hacerlas compatibles en el caso de que lleguen a imponerse con el ejercicio de determinada clase de actividades. Pero no puede la JEP imponer como sanción la pérdida de un cargo”, concluyó.

En redes sociales el asunto también fue comentado. Rodrigo Uprimny Yepes, abogado y profesor de la Universidad Nacional, criticó al comisionado de Paz por pedir la pérdida de los beneficios para alias Carlos Lozada por contar la verdad, es decir, por cumplir lo acordado en La Habana.

Y en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación anunció que llamará a indagatoria a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y a Lozada por su involucramiento en la muerte de Gómez Hurtado. Si bien la JEP aún no ha asumido competencia del caso, cuando lo haga se desatará un conflicto de jurisidicciones que despertará nuevamente las tensiones que existe entre quienes apoyaron el Acuerdo de Paz y sus detractores.

Una vez planteado el choque de jurisdicciones, la Fiscalía saldría derrotada. Hace pocas semanas, la Corte Constitucional –al pronunciarse frente al caso de Álvaro Ashton que el ente acusador quería imponerse sobre la JEP– confirmó que la JEP tiene competencia prevalente y exclusiva frente a todo lo que tiene que ver con el conflicto. Incluso los magistrados dijeron que la Fiscalía no es una jurisdicción y que, por lo tanto, no tiene potestad para plantear un conflicto un conflicto de jurisdicciones