Choque entre las altas cortes por reforma que beneficiará a violadores de niños: “Es un problema social, no de la Rama Judicial”

Las críticas no paran contra el artículo que beneficiará a los asesinos y violadores de niños, el cual quedó plasmado en el proyecto de ley que presentaron la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general de la nación y el Ministerio de Justicia. Esta vez, los cuestionamientos llegaron de una alta corte: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

“No somos partidarios de la reducción de penas para los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Creemos, firmemente, que es un problema social, de educación, que debe ser resuelto, enseñándoles a los niños la vulnerabilidad de sus cuerpos, sobre dignidad; no es la Rama Judicial la que tiene resolver el problema. Es un asunto de la sociedad”, dijo el magistrado Cajiao.

Además, agregó: “De tiempo atrás, Defensoría del Pueblo e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han indicado que los lugares más peligrosos para los niños y niñas son sus hogares. La pandemia aumentó este problema en la medida que el confinamiento hizo que las relaciones interpersonales se dieran en entornos muy pequeños”.

Las críticas del magistrado Alfonso Cajiao se dieron en medio de las reuniones que han sostenido el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con los senadores de la Comisión Primera para que conozcan el proyecto de ley.

En medio de esos encuentros, los creadores de ese proyecto han explicado que lo que se busca es reducir la impunidad y no durar años con un proceso de abuso sexual contra un menor de edad, causándole un efecto de revictimización y dejando a la deriva miles de casos por falta de pruebas o de aceptación de los hechos. Con beneficios como preacuerdos, el proceso se podría sintetizar.

En esos encuentros con el Congreso de la República, el magistrado Chaverra explicó sobre la iniciativa que “estamos en un proceso de intercambio de ideas, de concertación. Hay una propuesta que está sometida a la deliberación, a observar los diferentes puntos de vista y estamos en esa concertación”.

Por su parte, la fiscal general también indicó que la reforma presentada no es “radical” y se puede ver sometida a cambios, después de que terminó la reunión con los integrantes de la Comisión Primera del Senado, que buscan acelerar los procesos y mejorar la administración de justicia.

“Nosotros no tenemos ninguna postura radical en ese artículo ni en ningún artículo. Estamos escuchando razones válidas de lado y lado, hay opiniones dividas entre los mismos ponentes y quedamos en crear una hoja de ruta, que a mí me parece muy sensato y es que, con base en lo que hemos escuchado, vamos a realizar las observaciones”, dijo la fiscal Camargo.

Una de las explicaciones que más llamó la atención en el Congreso de la República fue que “en muchos casos de abusos a menores de edad, cuando se adelanta el juicio ya han pasado varios años del hecho y las víctimas ya no acuden a declarar por muchas razones”, dijo el presidente de la Corte.