Chucho Bejarano: un obsesionado con la paz a quien la guerra le quitó la vida

Si la confesión de las Farc corresponde a la verdad, hay dos conclusiones de profundo calado: 1) Que la Justicia y en particular la Fiscalía fallaron en casi todos los casos porque habían seguido hipótesis equivocadas o porque tuvieron resultados nulos. Incluso, parece que hubo condenas injustas que les costaron décadas de prisión a personas inocentes. 2) La confesión revela el profundo odio con que actuaron las Farc, pues la mayoría de sus víctimas ya habían salido de escena pública en el momento del crimen y algunas de hecho eran cercanas a las banderas de la izquierda. La guerrilla, sin importar el tiempo transcurrido ni la afinidad ideológica, exterminaba a quien fuera.

Esta fue una de las muertes que los antiguos cabecillas, en la carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), atribuyeron a la extinta organización:

Chucho Bejarano

Asesinado 15 de septiembre de 1999

El nombre de Jesús Antonio Bejarano tomó relevancia nacional cuando César Gaviria lo nombró negociador de paz entre 1990 y 1992. Primero en Caracas y posteriormente en los diálogos de Tlaxcala, México. El brillante economista y académico fue vocero del gobierno para concertar un acuerdo de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que aglomeraba a Farc, ELN y EPL. Su condición de conciliador, en todo caso, permanecería y continuó siendo una voz autorizada cada vez que se exploraban salidas pacíficas al conflicto armado.

De su participación en foros y conversatorios sobre el tema, como detalló la Fiscalía en sus investigaciones, surgió una animadversión al interior de las Farc que llevó al Secretariado a calificarlo como un objetivo militar. Lo señalaban de querer entorpecer los acercamientos que se estaban llevando a cabo entre el grupo insurgente y el gobierno de Andrés Pastrana. Ser presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia —considerada por la guerrilla como una “asociación de ultraderecha”— aumentaba el riesgo que corría. Bejarano puso a Alfonso Gómez Méndez, entonces fiscal general, al tanto de la situación en agosto de 1998 y resaltó que se trataba de una clara amenaza y no de un “chisme callejero”. Catorce meses después fue baleado mientras se dirigía a un salón de clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, institución de la que era docente.

Desde el principio de la investigación se manejaron diferentes teorías. Se creyó que era un especie de retaliación por el asesinato de Jaime Garzón, ocurrido un mes antes, o un intento de los paramilitares por desestabilizar el proceso de paz ya que sabían que el delito sería adjudicado a la guerrilla. Sin embargo, la Fiscalía siempre apuntó a las Farc como únicos responsables y hoy puede confirmarlo.