Chuzadas: así fue la historia

El lunes de la semana pasada, SEMANA, en su portal de internet, publicó una investigación periodística en la cual se revelaba cómo, en la zona de Galerías de Bogotá, el Ejército había montado un centro de inteligencia camuflado dentro de un centro de cómputo con restaurante.

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A primera vista todo parecía estar dentro de la ley. Como lo dijo el artículo de Semana.com:  “Todas las agencias de inteligencia en el exterior y en Colombia han usado y usan fachadas para sus labores encubiertas”. Sin embargo, lo que no cuadraba era que de allí se le hiciera seguimiento a los correos electrónicos y a los chats de varios personajes de la vida pública, entre los que estaba uno de los negociadores de paz en La Habana, Sergio Jaramillo. A eso se sumaba que el lugar había sido allanado por la Fiscalía el pasado 23 de enero, y hasta ese momento, casi dos semanas después, por una razón misteriosa la noticia no había trascendido.

Esa situación generó de inmediato varios interrogantes. ¿Sabía alguien en el gobierno? ¿Sabía el ministro o el comandante del Ejército en qué pasos estaba esa fachada? ¿Quién dio la orden?¿Para quién era la información?

La investigación periodística fue publicada pasadas las once de la noche y de inmediato el comandante del Ejército,  general Juan Pablo Rodríguez, convocó a todos los directores de inteligencia a una reunión extraordinaria para esa misma madrugada. En un principio, el general Ricardo Mauricio Zúñiga, jefe de inteligencia del Ejército, le dijo a Rodríguez que esa fachada no existía e incluso manifestó no saber de allanamiento alguno.

Al día siguiente, martes en la mañana, el presidente Juan Manuel Santos, después de haber hecho unas consultas internas sobre el tema, no encontró claridad y visiblemente molesto pidió en público una investigación para determinar “qué fuerzas oscuras espían a nuestros negociadores en La Habana”. Y añadió: “Están tratando de sabotear el proceso de paz, necesitamos saber si (…) hay ruedas sueltas en la inteligencia”. Ese mismo día por la tarde, el gobierno informó que los generales Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga, director de la Citec (Central de Inteligencia Técnica del Ejército), serían relevados de sus cargos mientras se adelantaba la investigación.

Al día siguiente, el presidente Santos cambió el tono de su discurso y provocó cierta confusión en la opinión. “No sabemos en este momento cuál es el contenido de estos computadores (incautados en el allanamiento) –dijo–. Los oficiales les han dicho a sus superiores que ellos estaban operando de acuerdo a las instrucciones y de acuerdo a la ley”. Agregó que lo que era necesario establecer ya no era la legalidad de la fachada, sino la legalidad de lo que se estaba haciendo dentro de esta.

Con la recogida de velas del presidente, después de la intensidad de su denuncia del día anterior, la semana terminó en suspenso con una combinación de expectativa y escepticismo sobre cuál sería el final del más reciente capítulo de las chuzadas en Colombia.

No es la primera vez que en los días posteriores a la denuncia de un escándalo de esta naturaleza se pone en duda lo publicado. Hay dos antecedentes anteriores muy recordados. En el caso de las chuzadas de la Policía en 2007 reveladas por SEMANA, en medio de interceptaciones a los jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito, salieron grabaciones de importantes personajes de la vida pública. Cuando estas fueron denunciadas, las grabaciones fueron borradas, e incluso destruyeron con martillo algunos discos duros para que no quedara rastro. Ese caso terminó costándole la cabeza al jefe de inteligencia de la Policía y diez generales más, incluido el director general.

El caso de las chuzadas del DAS fue aún más complicado. Muchas de las evidencias fueron borradas  y desaparecidas cuando se destapó el escándalo. Al comienzo la Fiscalía avanzó con lentitud por la dificultad de encontrar el material probatorio. Casi un año después, las pesquisas sacaron a flote pruebas y testimonios contundentes como los del director y el subdirector de inteligencia de la entidad, Jorge Lagos y Fernando Tabares, que confesaron que el DAS había chuzado a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por cuenta de ese caso, hoy está asilada en Panamá la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, el exsecretario general de la Presidencia está en juicio y más de 15 funcionarios fueron condenados.

El primer paso: la sala gris

La historia de cómo SEMANA llegó a descubrir este nuevo capítulo de chuzadas comenzó en octubre de 2012. Para ese entonces, varias fuentes de entero crédito le dijeron a la revista que algo raro estaba ocurriendo en las salas de interceptación. Por un lado, una fuente comentó que antiguos agentes del recién liquidado DAS, ahora acogidos por el CTI (3.000 de sus detectives fueron a dar a la Fiscalía), seguían con sus malas mañas en esas salas. Y por otro lado, un alto funcionario del Estado denunció que había indicios de que algunos de los negociadores de paz estaban siendo espiados.

Tras unas primeras pesquisas, el equipo de SEMANA enfocó la investigación en la ‘sala gris’, una de las más de diez salas del sistema Esperanza, que es la central de interceptaciones de la Fiscalía General. La sala gris tiene una particularidad y es que, a diferencia de muchas otras, no funciona en el búnker de la Fiscalía sino en una instalación militar en el norte de Bogotá. Esta sala, auspiciada y financiada por la CIA, ha sido protagonista de grandes éxitos de inteligencia del Ejército. Allí, por ejemplo, se hicieron las chuzadas que permitieron dar de baja a Alfonso Cano y al Mono Jojoy. Su importancia estratégica está fuera de toda discusión. Pero no estuvo exenta de lunares: desde esta sala se interceptó ilegalmente al entonces magistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez.

Y es que en estos recintos, a pesar de la seguridad extrema, las líneas pueden ser fácilmente manipuladas por alguien que esté infiltrado. En el caso del magistrado Velásquez, por ejemplo, la investigación reveló que dos agentes corruptos del CTI metieron subrepticiamente el número telefónico del magistrado para chuzarlo simulando que se trataba del celular de un miembro del frente 53 de las Farc. Aprovechando operaciones legales y legítimas chuzaban metiendo números ilegales. Ese modus operandi también fue una de las columnas vertebrales del escándalo del DAS.

El avance de la investigación periodística en el caso del Ejército era extremadamente lento, entre otras razones por la sensibilidad de la información y porque la mayoría de las fuentes militares eran renuentes a hablar. Muchas semanas de entrevistas con personal activo, retirados y civiles que conocían al detalle lo que ocurría en esa sala terminaron entregando información clave. Uno de los analistas de esa sala gris le reconoció a SEMANA que allí no estaban chuzando a los negociadores sino a otras personalidades. “Acá (en la ‘sala gris’) nadie se va a poner a chuzar a esa gente porque las huellas quedan en el sistema y es una calentada dura”, explicó la fuente. “Para ese tipo de trabajo los clave son los de la Citec”.

La fuente militar se refería a una diferencia importante que hay entre los grupos de inteligencia del Ejército. Los de la ‘sala gris’ pertenecen a la Cime (Central de Inteligencia Militar), su fuerte es interceptar teléfonos y están sometidos a un mayor control y escrutinio. Solo pueden rastrear conversaciones mediante orden de un fiscal o de un juez. En cambio el otro grupo, el de la Citec, se especializa, entre muchas otras cosas, en hackear, desde correos electrónicos hasta chats  –por el pin de BlackBerry o por WhatsApp– y hace copias espejo del contenido del teléfono inteligente o el computador de cualquiera de sus blancos. Con la tecnología existente es relativamente fácil interceptar un celular, especialmente para datos como la lista de contactos, los correos y los chats. Si el hacker manda un mensaje falso que la víctima simplemente abre, el contenido de ese celular queda registrado de ahí en adelante.

Entre los dos grupos (Citec y Cime), a pesar de ser ambos del Ejército, existe cierta rivalidad que facilita que unos hablen de otros sin mayor reserva. Las fuentes militares dieron detalles de cuatro fachadas de la Citec en el país, y en el caso de Bogotá contaron que había una en el sector de Galerías que tenía como nombre clave Andrómeda y facilitaron la dirección. Desde ese momento, en marzo del año pasado, SEMANA comenzó a ir a ese almorzadero con regularidad para verificar la información.

La fachada del Ejército estaba bien montada. Era un local relativamente pequeño, cerca al centro comercial Galerías, en el occidente de Bogotá. Lo primero que se ve es un restaurante en el que venden almuerzos ejecutivos a 6.000 pesos. El restaurante operaba en la parte baja, pero en el segundo piso hay un salón con cuatro televisores gigantes y módulos para computadores.

Desde la primera visita llamó la atención la presencia de dos guardias privados de vigilancia. La situación de seguridad en Bogotá no es la mejor, pero tampoco para que haya en un establecimiento de esa naturaleza ese nivel de seguridad. También llamaba la atención que el sitio tenía 16 cámaras de seguridad internas y externas. El lugar tenía un letrero que decía Buggly. Y para ese entonces, en internet se podía encontrar una página web del lugar que ofrecía cursos de seguridad informática, publicaciones sobre cómo espiar WhatsApp, y cómo crear y detectar ataques web. La página ya no aparece en internet.Con el paso de los días, se logró identificar que allí trabajaban civiles, algunos de ellos jóvenes, hackers expertos, un sargento retirado del Ejército que era uno de los reclutadores de talentos y cinco militares activos –un capitán, tres suboficiales y una mujer– que hacían parte de esa operación de fachada.

“El trabajo aquí es compartimentado”, explicó la fuente. “El capitán es el que asigna las órdenes. Llega con un listado de personas para que consigamos las contraseñas de sus correos electrónicos y los números de pin del Blackberry. De ahí, el sargento busca a uno de los ‘hacker’ y les va asignando a cada uno una tarea”. Los hackers son jóvenes a los que les pagan de 200.000 a 300.000 pesos por tarea según la dificultad. No saben para quién trabajan y es posible que ni tengan idea de quién es al que están hackeando. Una vez ellos obtienen la contraseña o el pin, se lo entregan a los militares, que son los que en realidad hacen el rastreo del contenido.Mientras la fachada Andrómeda operaba, las sospechas sobre chuzadas le llegaron también a la Fiscalía. En la tercera semana de mayo, una comisión del CTI hizo una inspección sorpresa a la sala gris. Los militares casi no la dejan entrar. Tuvieron que esperar varias horas para poder llevar a cabo la inspección. SEMANA conoció meses después el resultado de esa labor: de las 440 líneas habilitadas para ‘chuzar’, 115 no tenían soporte legal.

Esos datos confirmaban las sospechas. El primero de agosto, el fiscal Eduardo Montealegre decidió, como él mismo lo dijo, “cortar por lo sano y traer las salas al nivel central donde hay más controles”. Era la primera vez en la historia que se cerraba una sala de interceptaciones de ese valor estratégico. Ocho días después se produjo el revolcón en la cúpula militar, que tomó por sorpresa al país.

En septiembre, una de las fuentes le mostró a SEMANA un chat interceptado al alto comisionado y miembro del equipo negociador en La Habana, Sergio Jaramillo. Si bien el contenido era anecdótico, era un indicio extremadamente grave de que alguien estaba espiando al comisionado.

En octubre, una de las fuentes de SEMANA informó que se había dado la orden de hacer ‘borrado seguro’ del material hackeado guardado en los computadores, porque temían un allanamiento de la Fiscalía. Ese allanamiento finalmente tuvo lugar el 23 de enero de este año, según la Fiscalía por reportes de movimientos sospechosos e información de los vecinos.

Durante la hora y media que duró el operativo, un militar se mantuvo escondido detrás de una puerta falsa blindada en el segundo piso de la fachada. Poco antes de irse, uno de los agentes del CTI descubrió la caleta y cuando la iban a tumbar, el hombre salió. No solo se trataba de un militar, sino que estaba protegiendo 26 discos duros y unidades USB que fueron incautados por la Fiscalía, que apenas empieza a descifrarlas.

Al cierre de esta edición, según la Fiscalía solo se había podido desencriptar una parte del primero de los 26 dispositivos. Lo encontrado ahí (ver artículo) demuestra ya que la investigación va para largo y que mucho de lo que se hacía en ese restaurante era ilegal. Muchos de los chuzados lo fueron sin orden judicial. Y los nombres pueden llegar mucho más allá de los negociadores de La Habana.