Escándalo de chuzadas ilegales crece como bola de nieve

El miércoles la Fiscalía General desató una tormenta que va camino a convertirse en un huracán judicial, político y social. Esa mañana la W Radio destapó el tema con una explosiva declaración rendida ante los investigadores por uno de los hombres claves en el escándalo de chuzadas masivas. Como se recordará, este comenzó hace un mes y están involucrados varios militares y el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza.

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La emisora  divulgó  el testimonio de Jorge Humberto Salinas, capturado hace varias semanas. Este hombre, un coronel retirado del Ejército,  contó a los fiscales que el senador Armando Benedetti lo contrató a él y a sus socios para interceptar los teléfonos del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su esposa. A semejante bomba atómica sumó otra no menos explosiva. Afirmó que por cuenta del mismo congresista les hicieron seguimientos al conocido abogado Jaime Lombana y, lo más grave de todo, a su hijo menor de edad.

Las reacciones fueron igual de explosivas. Notoriamente indignado Lombana contó que acudió a la Fiscalía en donde le informaron de los seguimientos. En una entrevista con Julio Sánchez al hablar del tema de su hijo se le quebró la voz en un momento dado y tuvo que colgar. Más tarde diría en El Espectador: “La Fiscalía me contactó el día martes en la tarde para que hiciera un reconocimiento de lo que se reportaba como seguimientos a mi hijo. Me muestran seguimientos claros de la vida de mi hijo. Cabe aclarar que no son fotos de Facebook, sino seguimientos personales, como, por ejemplo, informes de las casas de los compañeros del Colegio Anglo Colombiano que él frecuentaba. También aparecen fotografías de mi casa y de la parte exterior de ella. Identificaron los carros en los que nos desplazamos mi hijo, mis papás y yo. En fin, es una radiografía de lo que es el día a día, o de lo que era el día a día de mi hijo, porque evidentemente todo esto tendrá que cambiar”.

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Benedetti quedó en el ojo del huracán tras semejantes señalamientos, por lo que convocó una rueda de prensa unas horas después para dar sus explicaciones. Para el congresista, la información de la Fiscalía obedece a una retaliación del jefe del ente investigador. Por eso se remontó al 15 de noviembre y al 5 de diciembre de 2017, cuando en ruedas de prensa llamó “rufián” al fiscal Martínez y lo acusó de haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht. “Era obvio que iba a venir una retaliación para mí. Me tocó hacer campaña mientras decían por todo el país ‘Benedetti está preso, Benedetti va pa la cana’”, afirmó.  Para ese congresista del Partido de la U, los recientes señalamientos son un “nuevo cuento” levantado en su contra. Se preguntó en qué cabeza cabría que alguien se atreviera a chuzar las comunicaciones de la segunda persona más protegida del país, refiriéndose a Martínez. “Tal vez un Rambo, un kamikaze, un suicida o un interno en una clínica de reposo...”, dijo, al tiempo que negó conocer a alguno de los capturados por el escándalo y haber ordenado algún tipo de acción contra Lombana y su hijo.

El senador Armando Benedetti, quien niega tajantemente esas acusaciones, habría ordenado hacer seguimientos ilegales al abogado Jaime Lombana y a su hijo menor de edad. Todo ello según el testimonio del coronel Salinas.

Según la Fiscalía, Benedetti habría contactado a un hombre identificado como Juan Carlos Madero, capturado el viernes pasado, quien a su vez  buscó al coronel retirado Salinas para que realizara las supuestas chuzadas para el senador. Lo más impresionante es que, más allá de este episodio, para los investigadores Benedetti sería tan solo uno de los cientos de clientes que acudieron a los servicios de la red.

El general en su laberinto

La explosiva declaración contra Benedetti no fue la única bomba mediática del miércoles pasado. Al terminar la tarde agentes del CTI capturaron al general retirado Humberto Guatibonza. El hecho produjo sorpresa en algunos sectores, ya que se trataba de un oficial muy prestigioso ante la opinión pública. Y no era para menos, pues durante diez años dirigió el Gaula de la Policía y se convirtió tal vez en el mayor referente del país en la lucha contra el secuestro.

Unas horas después también detuvieron a Carlos Arenas, que fue jefe de prensa de Guatibonza y quien desde septiembre del año pasado era el subgerente de la empresa HGC Consultores, firma de propiedad del oficial retirado.

En la noche del jueves los dos estuvieron en audiencia en los juzgados de Paloquemao, acusados por la Fiscalía de cometer los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales. Por ellos podrían enfrentar penas que superarían los 15 años de prisión.

Salinas, el hombre que salpicó a Benedetti, se convirtió en uno de los testigos clave contra el senador y Guatibonza, de quien era socio. En la primera etapa de la investigación las autoridades lo detuvieron el 4 de agosto, junto con un mayor retirado y una ingeniera considerada la hacker del caso. Ella y Salinas decidieron colaborar con la justicia y contaron con pelos y detalles cómo interceptaron ilegalmente a más de 800 personas, muchas de ellas por solicitud de Guatibonza, según la Fiscalía.

Para respaldar su confesión, Salinas entregó 175 carpetas con algunos de los casos que adelantó la red de interceptaciones ilegales. Allí aparecen entre decenas de personas particulares y empresas quienes, según la Fiscalía, habrían sido clientes de esa organización. La lista es amplia y variada. Hay industriales que supuestamente querían conocer los movimientos de sus rivales. También empresarios que habrían ordenado seguir a sus empleados para saber qué hacían y con quién hablaban. Y no podían faltar maridos siguiendo a sus esposas, políticos chuzando a sus investigadores y delincuentes que necesitaban saber en qué anda la fuerza pública. “Se dedicaban a obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados”, afirmó el fiscal del caso cuando estalló el escándalo en agosto pasado.

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En la audiencia de la semana pasada el fiscal mencionó algunas de las compañías que aparecen, entre las cuales están varias de las más respetadas del país. Citó nombres como Avianca, Argos, Pepsico, Prosegur, Davivienda y Rolex, entre otras. Que la Fiscalía los haya divulgado indignó a los mencionados y causó desconcierto en el mundo empresarial. Varios de ellos expidieron comunicados para rechazar categóricamente la presencia de sus nombres en esa lista y exigir a la Fiscalía presentar rápidamente pruebas concretas. Si bien es posible que algunos resulten culpables de hechos graves, la manera como la entidad presentó el tema hizo que todos quedaran en la misma canasta sin que la opinión pública conociera las pruebas. Mientras estas aparecen, quedó la sensación de que 175 empresas estaban espiando a alguien en forma totalmente ilegal.

La otra cara de la moneda corre por cuenta del fiscal general. Es poco probable que un hombre tan experimentado como Martínez, que además viene del mundo empresarial, haga anuncios tan graves sin tener pruebas contundentes. En todo caso, ha mostrado mucho valor y los primeros resultados, pues ya hay siete capturados. Pero el mismo raciocinio se podría aplicar a varios de los sindicados. Parecería absolutamente imposible que personajes y empresas de la talla, el prestigio y la tradición de las mencionadas estén envueltos en actividades propias del bajo mundo. En este escándalo falta mucha tela por cortar.

Por ahora, lo cierto del caso es que Benedetti y Guatibonza apenas representan el primer capítulo de una historia que apenas ahora comienza y que podría adquirir dimensiones insospechadas.