¿Qué se ha encontrado hasta ahora?

En el allanamiento que la Fiscalía le hizo al local fachada de la operación Andrómeda fueron incautados 26 dispositivos entre computadores, USB y discos extraíbles. Todo este material ha sido manejado con suma precaución para no violar la cadena de custodia. También hay un elemento de seguridad nacional involucrado en ese prudente sigilo. Como se trata de establecer cuanta de la inteligencia fue obtenida legalmente y cuanta ilegalmente, el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, quiere claridad total sobre estos aspectos antes de hacerlos públicos. La investigación del contenido se comenzó a hacer en serio a finales de la semana pasada y los primeros datos muestran que no solo se desarrollaron operaciones extremadamente valiosas para la seguridad nacional, sino que también se realizaron otras que fueron ilegales.

En los pocos días después del escándalo solo se ha podido desencriptar una carpeta del primer computador. El fiscal ha puesto al servicio de este caso un equipo de más de 20 analistas y expertos en informática forense de la Fiscalía. Según cálculos de ese mismo organismo, trabajando a marchas forzadas, el volumen de información es tan grande que el mejor escenario para tener la información disponible, antes de poder revisarla, es de tres meses. Eso sin contar que, además de la incautación de los archivos digitales, había abundantes documentos que también estaban siendo estudiados. Lo que ya quedó claro es que, a pesar de que se trataba de una operación en grande y con pretensiones de sofisticación, se cometieron errores imperdonables dentro de los parámetros del mundo del espionaje. Por ejemplo, la Fiscalía encontró en papelería oficial del Ejército oficios de los militares que estaban encargados de la fachada dirigidos a sus jefes, entre ellos unos coroneles, en los que solicitaban dinero para pagarle a los hackers.

A pesar de que se ha desencriptado menos del 5 por ciento del contenido, los investigadores han quedado sorprendidos con lo que han encontrado hasta ahora. En primer lugar, un listado de objetivos hackeados o por  hackear está por determinar. Hay decenas de funcionarios públicos, entre los que se encuentran más de 50 alcaldes. Tenían todos los detalles. Sus correos electrónicos, teléfonos y direcciones de residencia. También un listado extenso de ‘correos carnada’ que son los que utilizan para meterse en los correos y computadores y espiar su contenido. Adicionalmente, se hallaron fotografías de las páginas de correo de las personas hackeadas que eran tomadas desde los teléfonos celulares de los hackers para comprobarles a los militares que los reclutaron que habían logrado su objetivo.

En el material desencriptado también quedó documentado que los militares de la fachada Andrómeda ponían a prueba a los hacker desafiándoles a romper los protocolos de seguridad de correos y computadores. A quienes lograban su objetivo, les daban jugosas recompensas, ya fueran iPads o dinero en efectivo. En ese sentido, los datos encontrados por la Fiscalía en los computadores también muestran que se invirtieron grandes sumas de dinero en la fachada debido a su grado de sofisticación e importancia: cámaras de seguridad de última tecnología, guardias y  premios en efectivo, etcétera.

El archivo encontrado también contiene con lujo de detalles la forma como habían diseñado el plan de reclutamiento de hackers. Una de esas estrategias se llevó a cabo en una universidad del noroccidente de Bogotá a donde los militares, manteniendo su fachada, llegaron vestidos con camisetas del negocio Buggly, simulando realizar torneos de hacker y repartiendo tarjetas para ir cooptando adeptos entre los jóvenes, a quienes atraían con desafíos como meterse a una cuenta de correo.

Otro de los hallazgos de los peritos en informática de la Fiscalía tiene que ver con un voluminoso documento, que básicamente es una especie de guía y plan estratégico de los militares para el funcionamiento de la fachada.

El viernes pasado, el noticiero RCN reveló también que se habrían encontrado igualmente cerca de 2.000 correos, incluidos el de un miembro de las Farc que está en Cuba y el chat de una conversación del negociador del gobierno Sergio Jaramillo.

Todo lo anterior sin duda hace prever nuevas pruebas. La importancia de lo que allí tenían los militares también explica por qué, cuando el CTI allanó el lugar, uno de los militares que estaba en el sitio corrió a esconderse en la caleta tras la puerta blindada falsa en el segundo piso del lugar. Durante 50 minutos, el hombre permaneció allí tratando de destruir la información y parte de los 26 dispositivos que tenía con él. Finalmente se vio obligado a salir pero alcanzó a borrar alguna información y a dañar con golpes uno de los discos duros que está en poder de la Fiscalía y cuyo contenido están tratando de recuperar.

Mientras se desencripta todo el contenido y posteriormente se revisa, la información va a estar disponible de manera muy gradual y en muchos casos fragmentaria. Sin embargo, en lo poquísimo que se ha podido encontrar, ya es evidente que no todas las actividades que se desarrollaban en el segundo piso de ese restaurante eran legales. Tampoco es verdad la teoría de que el trabajo que hacían los agentes de inteligencia militar era en función exclusivamente de la seguridad nacional. Sin duda hay temas de gran relevancia estratégica y sensibilidad para la seguridad del país. Pero también se cometieron grandes abusos e irregularidades, que es necesario investigar y castigar.

Esta delicada frontera entre la inteligencia legal y la ilegal es la nuez de la discusión que ha desatado este nuevo escándalo. Porque si bien una buena inteligencia es la punta de lanza de la lucha contra el crimen y el terrorismo y permite que una sociedad duerma más tranquila, la mala inteligencia –la ilegal– vulnera los derechos civiles y las libertades individuales y puede llevar a un Estado policivo.

La nueva Ley de Inteligencia es muy clara en los límites y, en estricto sentido, el espionaje de correos y datos debe tener orden judicial. Lo importante es que en este debate se haga una clara distinción entre lo que los organismos de seguridad pueden y no pueden hacer. Porque la buena inteligencia hay que protegerla y el Estado tiene que tener todos los instrumentos a  su alcance –enmarcados dentro de la ley– para luchar contra la criminalidad. Y a quienes transgredan esas fronteras y se dediquen a chuzar ilegalmente a personas con fines oscuros, les debe caer todo el peso de la ley. Es también la mejor manera de mandar un mensaje al país y blindar a quienes de verdad están haciendo bien su trabajo desde el Estado.