CICATRICES EN EL "ROSTRO AMABLE"

Es bastante común en altos círculos de empresarios el comentario de que lo único que salva al presidente Betancur de ser un "comunista" es su política salarial. Con mano dura en este terreno, y una rigida postura que en último término significaba congelación salarial, el gobierna se las viene arreglando para mantener satisfechos en este terreno a los patrones, mientras que, con el otro filo de este mismo cuchillo, expone un talón de Aquiles ante los ojos de los trabajadores y sindicalizados, que al verse cada vez más afectados empiezan a preguntarse qué tan popular es realmente el populismo del Presidente.
A pesar de la acogida de que goza el Presidente, la situación social ha sido tensa desde el principio de su administración. La oleada de paros cívicos ha conformado un pico muy marcado, y las relaciones con las centrales obreras, aunque no han sido críticas, han dejado mucho que desear. Empezando por un hecho insólito acaecido al poco tiempo de la posesión presidencial: la ruptura de relaciones por parte de Manuel Felipe Hurtado y su confederación, la CTC.
Las huelgas obreras han tenido al país de sobresalto en sobresalto, desde las de Colpuertos, pasando por las de las textileras y cerrando, esta semana, con la de cementos. Al nuevo ministro del Trabajo, Guillermo Alberto González, no lo dejaron estrenar cartera en paz. A diario los reporteros de Caracol lo despiertan a las 6 a.m. para que dé declaraciones por la radio y fue el funcionario que más sonó en la prensa durante la semana pasada, tanto por alabanzas como por ataques. Hasta los toreros, también en conflicto laboral, están planeando "quemarlo" en una manifestación.
EL FATIDICO 14
La situación desembocó la semana anterior en una reunión del Presidente y el ministro de Trabajo con el Consejo directivo de la UTC, en la cual, aunque no se llegó a acuerdos concretos, sí se trazó una filosofía común, cuyo punto de partida era que el reajuste salarial del año entrante no se limitaría al 14%, cifra considerada irrisoria por los sindicalistas. El presidente Betancur indicó que esa cifra "era sólo un punto de referencia, pero de ninguna manera la posición oficial sobre reajuste de salarios". Entre chocolate, arepa de maíz y chorizo, Belisario les endulzo el sabor amargo a los sindicalistas de la U.T.C., quienes se venían quejando de abandono y falta de atención por parte del gobierno. Esta impresión se había consolidado con el anuncio del ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez Castro, de que el proposito del gobierno era fijar la tasa de inflación alrededor del 14% para 1984. Esta declaración fue tomada por los empresarios como el tope del reajuste, y por esta razón el malestar laboral venía creciendo a medida que se acercaba el fin de año. Los patronos se frotaban las manos y contestaban a las peticiones de sus trabajadores: "No podermos ir contra las políticas del gobierno aumentando los salarios por encima del 14%".
Pero otra vez el Presidente se salió con la suya. Dejó al ministro de Hacienda con "el hay que romper con las expectativas inflacionarias" y como el malo del paseo, y él se llevó los aplausos. Tal como sucedió con los gerentes de las empresas públicas y el alza de las tarifas de los servicios.
En una actuación digna de Fumanchú, el Presidente hizo pasar al comité directivo de la U.T.C., y a su presidente Víctor Acosta, del pesimismo absoluto al optimismo total en menos de una hora. Pero no fue sólo magia lo que ocasionó el cambio de ánimo, sino el compromiso presidencial de elevar el salario mínimo por encima del índice de inflación registrado por el DANE. En primer momento se pensó en una contradicción entre Betancur y su ministro de Hacienda, que después apareció como un reparto de papeles acordado de antemano. Algunos sindicalistas opinan que la propuesta del 14% como base para reajustar salarios fue deliberadamente baja para fortalecer la posición del gobierno en el momento de negociar. En el argot del juego cuando un apostador se hace sentir fuerte desde el primer momento, se dice que "entra con patada de antioqueño", y tanto el Presidente como su Ministro tienen por qué saberlo.
Desde mediados de la semana pasada el horizonte laboral muestra un cielo cerrado y bastante oscuro. A juicio de representantes de los trabajadores, la manera como se solucionó el conflicto en Fabricato presagiaba malos tiempos. La discusión de la reforma global a la legislación laboral promete posiciones disímiles y agrios debates, y la impresión dentro de los sectores sindicales es la de que sus intereses no seran respetados. Sin embargo, el Presidente aseguró en el desayuno con la U.T.C., que ningún logro convencional o pactado entre trabajadores y patronos sería desconocido, y por el contrario, indicó que los acuerdos de la O.I.T. que Colombia ha suscrito y que hasta hoy no han sido incorporados a la legislación vigente, serán incluidos dentro de los nuevos códigos en el momento de la reforma.
La declaratoria de ilegalidad de la huelga en Fabricato y el despido de más de 120 trabajadores, entre ellos operarios con más de 15 años de servicios a la empresa, suscitó diversas reacciones y rechazo entre los dirigentes sindicales antioqueños. Al cierre de esta edición, un grupo de despedidos se habían tomado la sede del Consulado español en Medellín, para pedir a los directivos de Fabricato y al ministerio del Trabajo reconsiderar la cancelación de los contratos. "En algunos casos la decisión surgió de la negativa de varios operarios a trabajar los domingos" dicen quienes no están de acuerdo con la propuesta patronal de laborar el resto de feriados del año para recuperar los días perdidos en la huelga. Entre tanto, el ministro del Trabajo, Guillermo Alberto González, ha dicho que las decisiones sobre despidos se pueden reconsiderar "siempre y cuando las peticiones se hagan por los canales legales y no por las vías de hecho".
Por toda esta situación, el Ministro fue duramente criticado hace quince días en un congreso de abogados laboralistas realizado en Medellín. Allí se anunció la presentación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de una demanda por prevaricato contra el alto funcionario, por la declaratoria de ilegalidad de las huelgas en Fabricato y la hidroeléctrica de Betania, que además estuvo respaldada por 20.000 firmas y la solidaridad de 64 sindicatos, 15 comités cívicos y 44 abogados de Medellín. El argumento fuerte de los trabajadores de la textilera es que la convención que la empresa no quiere cumplir, alegando el estado de concordato en que se encuentra, rige hasta tanto el juez encargado de estudiar el pleito entre las dos partes no tome una decisión.
LEVANTANDOSE CON EL PIE IZQUIERDO
El centro de atención se ha desplazado ahora hacia el paro generalizado en el sector de los cementos, que puede paralizar entre un 60 y un 70% de la capacidad productora de cemento del país. El sindicato de industria que lo representa, afiliado a la C.S.T.C., es tal vez la organización de su género más fuerte que existe en Colombia, y por esta razón el desenvolvimiento de las negociaciones de las convenciones despierta tanta inquietud entre los empresarios y el gobierno. Además, la parálisis en la producción de este material perjudica el plan de vivienda popular de la actual administración. Por este motivo, se anunció que a raíz del paro se autorizaría la importación de cemento, con el fin de prevenir la escasez y también, de paso, debilitar la posición negociadora de los sindicatos. Sin embargo, este plan de importar cemento fue develado como un espejismo por Tulio Echeverry, presidente de Camacol, quien demostró que los costos estarían kilómetros por encima de lo conveniente, y que la ausencia total de infraestructura lo hacían irrealizable.
El conflicto en cementos implicó una primera prueba fallida para el anuncio presidencial de fijar el salario mínimo por encima de la inflación. El malabarismo de Fumanchú parece no haber deslumbrado a todos, ya que evidentemente no logró bajar la temperatura de las negociaciones en esta importante industria.
De tal manera que las propuestas dd Presidente, aunque no se han concretado aún, ya empezaron a quedar mal paradas en el examen de la confrontación obrero-patronal.
Las primeras impresiones de comentaristas económicos es que los porcentajes de aumento no se salen de la estricta disciplina monetaria del actual ministro de Haciena, ni tampoco son nada del otro mundo. "Lo que sucede es que con la expectativa de un aumento de salarios del 14%, cualquier cosa por encima de ese nivel es buena", dicen en la calle. Fedesarrollo y el Instituto de Estudios Liberales habían llamado la atención sobre la necesidad de hacer un reajuste por encima de la malentendida propuesta del ministro Gutiérrez Castro.
"No conviene aplicar una política salarial demasiado restrictiva, como lo propone el gobierno, porque se podría dificultar el que se logre consolidar el primer impulso de reactivación", dijo Fedesarrollo hace pocos días. Ernesto Samper Pizano, director del I.E.L., también se pronunció sobre el tema: "proponer un reajuste salarial del 14% es negar que la raíz del problema del estancamiento económico está precisamente en una merma general de los ingresos. La industria no necesita más plata para expandir su capacidad instalada subutilizada, sino requiere de compradores para poder vender su producción".

PEOR PARA EL QUE NO TRABAJA
Y si las cosas pintan regular para los que trabajan, prometen ser mucho peores para los que no logran hacerlo.
El otro gran escollo que tendrá que afrontar el gobierno en el mediano plazo será el del desempleo. A pesar de los anuncios del DANE de que la tasa de desempleo disminuyó de 12.2% a 11.5% en las cuatro ciudades más grandes del país entre junio y septiembre de este año, las posibilidades de crear nuevos lugares de trabajo no eran las mejores. En el sector industrial, los efectos de los primeros síntomas de reactivación no prometían resultados halagadores en materia de ocupación. La tecnificación de las empresas para mejorar la calidad de sus productos y su competitividad frente al contrabando y el exterior, requieren de una disminución en la demanda por trabajo. Además, el empleo generado por la industria de la construcción no corresponde a las características del perfil del desocupado colombiano. El empleo requerido por la construcción de vivienda es de baja calificación y poca experiencia laboral. Por esto, el director del Instituto de Estudios Liberales no cree en la estrategia del gobierno. "Hace 13 años se requería generar volúmenes importantes de empleo en las ciudades, para masas no calificadas, y la construcción no sólo era la mejor sino quizás la única alternativa", dice Samper Pizano; además, "si en 1970 un 67% de los desempleados estaban representados por esos campesinos migrantes y población marginada urbana, sin preparación, hoy la situación es prácticamente la inversa". En efecto, según estudios recientes, un 63% de la población desempleada pasó por bachillerato o universidad, y "no está interesada en trabajar de albañil o de auxiliar de obra" señalan críticos de la política de empleo de Betancur.
Las centrales obreras le han propuesto al presidente y al ministro de Trabajo la creación de un gran aparato que aproveche la infraestructura del Estado y promueva la creación de empleo. Este tipo de opciones no son bien acogidas entre los técnicos, y además chocan con situaciones reales como el déficit presupuestal el burocratismo y la ineficiencia de su aparato. En los próximos meses, cuando empiecen a buscar trabajo los nacidos en la segunda parte de la década del sesenta, en tiempos de la llamada explosión demográfica, la demanda por nuevas ocupaciones se va a acentuar. No está nada claro, pues, cuáles serán las oportunidades que el país puede ofrecerles a estos nuevos aspirantes a la vida.
Cada vez se perfila con mayor claridad el lado más flaco del actual gobierno. Los topes salariales, por un lado, y el problema del desempleo, por el otro, son dos feas cicatrices que empiezan a deformar ese "capitalismo con rostro amable" que Belisario Betancur quiere aclimatar en el país.