CIDH expresó su “preocupación” por las agresiones de este martes a dos periodistas y un manifestante en Suba

Este martes 29 de junio se registraron fuertes enfrentamientos en la localidad de Suba, cerca al parque Fontanar, donde se llevaba a cabo la presentación de la segunda línea del Metro de Bogotá. Las protestas escalaron al punto de que tuvo que intervenir el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

En medio de los enfrentamientos, dos periodistas y un manifestante que se encontraban en el lugar fueron agredidos por miembros de la fuerza pública. Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad Expresión expresaron su “preocupación ante las agresiones sufridas por dos periodistas y un manifestante durante las protestas (...) presuntamente por parte de agentes de la Policía, tres de los cuales habrían sido suspendidos de sus cargos”, señaló el organismo internacional mediante un trino.

Los videos grabados por las periodistas Katy Sánchez de RCN Radio y Alexandra Molina, de La Cariñosa de RCN, empezaron a circular rápidamente por las redes sociales y fueron claves para la identificación de los agentes del Esmad que habría participado en la agresión.

“Rechazamos y tomamos medidas inmediatas sobre todo abuso de autoridad y acto de violencia. Lo ocurrido hoy en Suba es inaceptable. Los miembros del Esmad que abusaron de la fuerza fueron retirados y entran en investigación inmediatamente. ¡Bogotá y su ciudadanía se respetan!”, indicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La CIDH indicó que, de acuerdo con información que han recibido, llevan un registro de por lo menos “240 ataques a la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, de los cuales 138 habrían sido cometidos por agentes de la fuerza pública”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad Expresión recuerdan que las trabajadoras y los trabajadores de prensa cumplen un rol central al recabar y difundir información en contextos de protesta, y llaman al Estado de Colombia a seguir las investigaciones diligentes y sancionar a los responsables”, agregó el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En diálogo con SEMANA, Katy Sánchez explicó que las alteraciones del orden público ocurrieron luego de que el carro de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, fue atacado a piedra por parte de un grupo de manifestantes, a la salida del evento del Metro de Bogotá. Pasado esto, un grupo de manifestantes se trasladó a un CAI cercano y empezó a lanzarle piedras, por lo que intervino el Esmad y empezaron los enfrentamientos.

En el marco de estos hechos, unos agentes de la fuerza pública abusaron de la fuerza contra un joven menor de edad, momento que fue capturado por las cámaras de las periodistas. “¡Es un niño, es un niño!”, se escucha en el video, mientras que los integrantes del Esmad se llevaban al joven.

Uno de los agentes se percata de que las mujeres estaban grabando la escena y se acerca a ellas. “Somos de prensa, RCN, por favor cálmese”, le dice una de las comunicadoras al hombre, según se escucha en la grabación. Sánchez dijo a SEMANA que la empujaron al piso y le pegaron una patada, lo que le dejó un fuerte dolor en la espalda y que su colega también fue agredida.

La periodista afirmó que, tras lo sucedido, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia, se comunicó con ella y le ofreció disculpas. Así mismo, le solicitó que le ayudara a identificar a los agentes que cometieron la agresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció a este suceso a través de su cuenta de Twitter: “La FLIP rechaza la agresión física que sufrieron hoy las periodistas de RCN Radio Alexandra Molina y Katy Sánchez, por parte de agentes del Esmad, mientras cubrían las manifestaciones en la localidad de Suba en Bogotá”.

Además, instó a la Procuraduría General de la Nación para que investigue y sancione lo sucedido. “Solicitamos a la Procuraduría que investigue estos hechos y sancione a los responsables. La fuerza pública tiene la obligación de garantizar y proteger la labor periodística, los precedentes disciplinarios que envíen un mensaje claro a quienes agreden a la prensa son indispensables”.