NACIÓN
La dura posición de la CIDH frente por el operativo militar en Putumayo
El organismo pidió a las autoridades “continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este martes sobre el operativo realizado el pasado 28 de marzo por el Ejército Nacional en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron 11 personas. Según el Ejército, los fallecidos pertenecían a las disidencias de las Farc. Sin embargo, residentes de la zona afirman que algunas de las personas pertenecían a las comunidades indígenas y campesinas de la región.
A través de un comunicado, el organismo afirmó que, ante denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, corresponde a la justicia colombiana “conocer de las investigaciones, conforme a los estándares en la materia”. Además, subrayó la obligación del Estado “respecto a brindar información clara, especialmente, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas durante el mencionado operativo militar”.
La CIDH pidió a las autoridades “continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”.
La Comisión relató en el texto que, tras la operación, el Ministerio de Defensa informó que “las personas fallecidas pertenecían a grupos armados ilícitos. El Estado indicó la legitimidad de la operación ocurrida en una región con alta actividad criminal y de disputa territorial por parte de la criminalidad organizada del narcotráfico y de grupos paramilitares”.
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El organismo manifestó que, por otra parte, organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas dijeron a la comisión que los cuerpos identificados “hasta el momento corresponden a personas integrantes de las comunidades indígenas y campesinas de la región”. “Entre ellas están Pablo Panduro Cochinche, gobernador indígena del cabildo Kichwa de Bajo Remanso, Ana María Sarría y Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal”.
“Las organizaciones también señalaron que existen varias personas de las comunidades que están desaparecidas hasta el momento, información que, según el Estado, estaría pendiente de verificación. Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre una supuesta denegatoria de asistencia médica requerida por las personas afectadas”, subrayó la CIDH.
En relación con las investigaciones por los hechos, la CIDH indicó que tiene registro que la Procuraduría General de la Nación empezó, de oficio, una indagación preliminar respecto del operativo en Puerto Leguízamo. Asimismo, señaló que “toma nota” de que el fiscal general, Francisco Barbosa, dispuso que dos fiscales de la Dirección Nacional Especializada para la Investigación de Delitos contra los Derechos Humanos asumieran el caso, apoyados por un equipo de criminalística acompañado por la Unidad Especial de Investigación.
“De igual modo, se siguen registrando denuncias de organizaciones sociales que afirman que no existen otras instituciones del Estado destinadas a garantizar los derechos de las personas que habitan en los territorios donde sucedieron estos hechos”, agregó.
En el texto, la Comisión también señaló que, en otros hechos registrados el pasado 15 de marzo, fue asesinado Miller Correa, líder del Pueblo Nasa y defensor de derechos humanos, según información recibida, en el municipio de El Tambo, departamento de Cauca. “Correa, en su calidad de integrante del resguardo de Tacueyo, era beneficiario de la medida cautelar 255/11 otorgada por la Comisión Interamericana a favor de las personas del Pueblo Nasa que habitan en los resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo, ante los impactos de la violencia en el Pueblo Nasa y la ausencia de garantías prácticas y efectivas al derecho a la vida y la integridad física”, expresó.
“La Comisión exhorta al Estado a continuar investigando diligentemente este caso, que incluya como una de las hipótesis del delito las actividades de defensa de derechos humanos y el territorio del señor Correa, así como sancionar a los autores materiales e intelectuales”, sostuvo.
