Peregrinar por la vida: la marcha de los excombatientes de las FARC contra el exterminio

Las fotos muestran cientos de banderas blancas con una mano morada en el centro. Las llevan hombres y mujeres que caminan en fila india por el borde de calles y carreteras. Están en Cali, en Villavicencio, en Medellín. Llevan camisetas blancas y banderas con distintos mensajes: “Destejer odios, tejer solidaridades, retejer la vida”, “Por el respeto a la paz y la vida” o “Somos firmantes de la paz”.

Todos hacen parte de la Peregrinación por la Paz y por la Vida, una marcha que comenzó en Mesetas, en el Meta, el pasado 21 de octubre, pero que rápidamente se extendió a todos los rincones de Colombia y se convirtió en una movilización que reúne a excombatientes que salieron de cada uno de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR– que hay en Colombia y se esperan reunir en la Plaza de Bolivar, en Bogotá, el próximo domingo.

En total, a Bogotá, se dirigen tres grupos. El primero, que llegará desde los Llanos Orientales, reúne delegaciones del Meta y Guaviare, estará en Bogotá desde el sábado. Otro grupo recoge excombatientes de zonas del suroccidente –desde Nariño, Cauca y Huila, hasta el Tolima y Cundinamarca– y llegará el domingo. El tercero, que reúne a excombatientes de zonas del Caribe, Antioquia, Caldas y Santander, también llegará el domingo. Todos se encontrarán ese 1 de noviembre en el Parque Nacional y marcharán hasta la Plaza de Bolivar.

La movilización comenzó por un asesinato. El 16 de octubre, a Juan de Jesús Monroy, también conocido como Albeiro, lo mataron en La Uribe, en el Meta. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Albeiro lideraba proyectos productivos de siembra de cacao y otras especies nativas junto con un centenar de excombatientes. Su muerte se sumó a la de más de 230 personas que hacían parte de distintos procesos de reincorporación y que, según los registros del partido FARC, han sido asesinadas desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en 2016. Fue la gota que derramó el vaso.

“Estamos siendo sometidos a un plan de exterminio”, le dijo Pastor Alape, a SEMANA. “La gente tomó la decisión que lo menos era salir a batir la memoria de Albeiro y exigirle al gobierno medidas que van más allá que de la captura de los responsables y que incluyen una reflexión nacional sobre la responsabilidad que tienen las vocerías que invitan al odio, que estigmatizan, que polarizan y que son las causas de todos los muertos que está contando el país diariamente, en cuanto a defensores de derechos humanos, líderes populares y firmantes de la paz”.

Alape, delegado del Partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación, ha estado acompañando al grupo que ha estado en Villavicencio. Esa ciudad, durante la última semana, fue la sede de varias reuniones entre los excombatientes y entidades como la Agencia Nacional de Reincorporación, la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación del Meta. Aunque se dieron algunos avances en materia de reincorporación a nivel regional, hay muchos temas que preocupan: “El tema central es que todo sigue siendo muy lento y que todo tiene que ver con problemas estructurales de un Estado paquidérmico. Siempre justifican las falencias y se queda en demagogia. Como le sucedió al compañero Albeiro, a quien le dijeron que iban a proteger la vida, pero de todas maneras lo asesinaron”.

El martes, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación y delegado del Gobierno ante el CNR, el Consejo Nacional de Reincorporación, dirigió una reunión con entidades del Gobierno, como la ANR, el Ejército y la Policía.

“No existe ninguna razón por la cual se pretenda hacer política con este tema; es un tema en el cual todos tenemos que confluir a la protección de los excombatientes y no solamente hemos mantenido las puertas abiertas para escuchar al partido político FARC, a la gente de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación) y a las personas del CNR”, dijo Archila. “Yo, en representación del presidente y para poder trabajar con todas las entidades, he estado insistiendo en que mantengamos un diálogo permanente”. También habló de 13.500 millones de pesos que ha invertido el Estado en los esquemas de seguridad de los reincorporados.

Alape, por su parte, dijo que estaba sorprendido frente a esas declaraciones: “En esta peregrinación no ven una sola bandera del partido, aquí estamos desarrollando esta acción cívica como firmantes del Acuerdo, como CNR, como el CSIVI, como las instancias que se establecieron en el Acuerdo de Paz. Y estamos cumpliendo”, dijo. “También hemos sido muy claros con el tema de la protección. No podemos creer que con escoltas y carros se va a resolver la situación. No podemos armar un país donde todos los ciudadanos tengan que andar armados”. Necesitamos que el estado entre de manera integral a enfrentar las problemáticas de los territorios, de lo contrario no vamos a resolver esto y seguirán con el cuento de que pedimos protección armada, que es una manera de justificar".

Un excombatiente contesta el teléfono. Está en el colegio Francisco Arango, en Villavicencio, un espacio que fue facilitado por la Alcaldía y la Gobernación del Meta para que más de 350 personas que salieron desde los espacios de reincorporación en los Llanos Orientales se quedaran, antes de llegar a Bogotá. “Queremos ir a Bogotá a reclamar garantías para que toda esta muchachada y la gente adulta que estamos en reincorporación podamos hacerlo sin traumatismos”, dice. “Queremos echar a andar nuestras voces, es la primera vez que lo hacemos. Y a pesar de la situación que nos obligó a marchar, la jovialidad que nos caracteriza no se pierde”.

Al fondo se oye una algarabía. La persona al otro lado de la línea dice que hay gente preparando comida, estudiantes haciendo actividades recreativas con los niños y un grupo de “viejos” jugando fútbol. Él intenta animar a una delegación que llegó del Guaviare a que comparta sus impresiones, pero se alcanza a escuchar que ellos ofrecen excusas porque van de afán a una reunión.

Además de esas actividades, muchos de los excombatientes que están reunidos en ese lugar han participado de actividades de reconciliación. El jueves, por ejemplo, un grupo fue hasta Pipiral, un punto a las afueras de Villavicencio sobre la vía que va hacia Bogotá, donde Rodrigo Granda y Pastor Alape se reunieron con Ricardo Villamarín, de la Comisión de la Verdad y Rocío López, una funcionaria de la Gobernación del Meta que fue víctima de secuestro. Allí, hubo un acto donde los excombatientes pidieron perdón por los secuestros masivos –o las “pescas milagrosas” que las FARC, cuando eran un grupo guerrillero, llevaron a cabo.

Los otros grupos también hicieron sus propios actos simbólicos. Hubo velatones en Cali y Neiva. En Armenia, 236 sillas desocupadas, que representan a los excombatientes asesinados, se tomaron la Plaza de Bolivar de la ciudad. Mientras que en Doradal, en Antioquia, hubo una reunión con el exjefe paramilitar, Ramón Isaza, en donde hablaron de perdón y reconciliación.

Durante la peregrinación, muchos excombatientes se han reencontrado. Las conversaciones que se escuchan en el polideportivo del colegio de Villavicencio que los acogió durante esta última semana tienen que ver con sus proyectos: la gente habla de ganadería, de plantas de procesamiento de plátano, de supermercados. Pero también de falta de asesoría, de tecnología y de apoyo económico. “Queremos que realmente se cumplan los compromisos porque nosotros estamos trabajando en la reincorporación y el esfuerzo es enorme”, dice uno de los excombatientes.

Sin embargo, no se olvidan que el motivo principal es la muerte de cientos de sus compañeros.

De acuerdo con el informe presentado el martes por el Consejero del Gobierno para la Reincorporación, Emilio Archila, entre 2017 y octubre de 2020 se han registrado 319 hechos de violencia contra los excombatientes, una cifra en la que se cuentan casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición. “Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía han permitido esclarecer el 50 por ciento de las 319 afectaciones”, dijo Archila, y añadió que de acuerdo con el informe, en la mayoría de los casos resueltos por la Fiscalía, se ha encontrado que los responsables de estos ataques han sido las disidencias de las Farc (42 por ciento), seguidos por el ELN (10 por ciento) y el Clan del Golfo (9 por ciento).

Frente a estos resultados Alape prefiere no pronunciarse: “Hemos decidido que quienes tienen que dar las respuestas son los entes autorizados. Pero lo que más ha caracterizado estos procesos es la inoperancia: los autores intelectuales siguen ahí tranquilos, polarizando y no se llega a los responsables efectivos de quienes ordenan y quienes se benefician con estos asesinatos”.

Para él, detrás de cada asesinato de un excombatiente hay intereses de personas que están interesadas en perpetuar la violencia. Es lo que, para él, resulta evidente en los territorios:

“Muchos se benefician de los negocios de la guerra, como el narcotráfico, pero también el poder político, el poder de tierras… Hay muchos negocios que se dan en un terreno gris entre la legalidad y la ilegalidad”.