Martha Lucía Zamora ya no tiene cuentas pendientes con la justicia por la investigación que adelantó contra Sigifredo López

El 15 de mayo de 2012, el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General. ¿La razón? En su contra pesan varios testimonios que lo vinculaban en haber participado en el secuestro de sus doce compañeros de Asamblea, en hechos registrados el 11 de abril de 2002.

López, quien también había sido víctima del secuestro, lo acusaban de haberse asociado con la guerrilla de las Farc para cometer el plagio, por lo que fue señalado por los delitos de homicidio, perfidia y toma de rehenes. Un hecho inédito en la extensa historia judicial del país y que ponían a Sigifredo como un verdadero traidor.

Cuatro meses después, la Fiscalía General -en cabeza de Eduardo Montealegre- ordenó cerrar el proceso al concluir que en contra de López se habían presentado testigos falsos, que con el fin de buscar beneficios judiciales lo habían señalado de manera vil y sin escrúpulos.

Igualmente, se realizó un acto público en el que se le ofrecieron excusas públicas por el tiempo que estuvo privado de su libertad y los daños a su integridad y a la de su familia.

Tras esto, el exdiputado -quien fue el único sobreviviente puesto que sus compañeros fueron asesinados en medio del cautiverio el 28 de junio de 2007- emprendió acciones legales en contra de los fiscales que lideraron la investigación en su contra.

Entre estos se encontraba Martha Lucía Zamora, quien era para ese momento la jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia-. En las denuncias penales y disciplinarias aseguraba que se le había dado credibilidad a testigos de dudosa procedencia y no se habían atendido todas las omisiones en los hechos narrados.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en el 2018 precluyó la investigación por los delitos de abuso de función pública y falso testimonio. Y recientemente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial -que asumió las funciones de la Judicatura- cerró el caso disciplinario.

En su cuenta de Twitter, Zamora -quien actualmente es la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- celebró la decisión de la Comisión: “Reitero: Jamás he cometido delito o falta disciplinaria”.

En el primer fallo, la Sala concluyó que Zamora no ejerció ningún tipo de presión indebida para conseguir testimonios en contra del exdiputado. “Los testigos contra López aseguraron que no conocían a las fiscales (...) los testigos falsos llegaron al proceso mediante otros medios pero nunca a través de las fiscales”. En este sentido la Corte fue clara en señalara que la entonces fiscal actuó de manera correcta y ajustada a sus funciones.

La Corte Suprema también archivó el proceso contra Paulo César García López quien, en su momento, fungía fiscal 38 especializado y fue el encargado de librar la orden de captura y definió la situación jurídica del exdiputado de la Asamblea de Valle del Cauca, Sigifredo López Tobón.

En su decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia argumentó que el funcionario judicial actuó en derecho y tuvo en cuenta las pruebas técnicas aportadas por dos entidades, además de varios testimonios que daban cuenta de una eventual responsabilidad del exdiputado.

“(…) lo que se observa es que al momento en que Paulo César García López resolvió la situación jurídica de López Tobón, existían indicios graves de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso, y que luego de realizar una valoración conjunta de ellas, concluyó que resultaba necesario imponer medida de aseguramiento”, señaló la Corte.