“No abriremos otro campamento humanitario”: secretaria de integración social de Bogotá

SEMANA: ¿Cuántos venezolanos había inicialmente en el campamento y cuántos quedan hoy?

Cristina Vélez (C.V.): El día que lo inauguramos -13 de noviembre- había 470, pero al día siguiente ya teníamos más de 500 porque esa tarde y noche llegaron muchos que se habían enterado de la existencia del campamento y pedían ser acogidos. Hoy, un día antes de cerrarlo, quedan 127.

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SEMANA: ¿Qué pasó con los que salieron en estos dos meses? ¿A dónde fueron?

C.V.: 115 se retiraron voluntariamente por razones como que consiguieron con qué pagar un arriendo, un trabajo, o amigos o familiares que los acogieron en sus hogares; 56 abandonaron el campamento sin decir por qué o a dónde iban; 138 viajaron a Rumichaca o de regreso a Venezuela con apoyo de Migración Colombia, la Embajada de Venezuela, la Alcaldía y varias ONG; y 43 fueron  expulsados por consumo de sustancias psicoactivas, violencia y agresiones físicas, amenazas a funcionarios o robos.

SEMANA: Ad portas de cerrar el campamento, ¿cree que se cumplió el cometido?

C.V.: La intención del campamento no era atender la crisis migratoria, era atender una situación específica que se había dado por unos asentamientos ilegales en Fontibón -al lado del terminal de Salitre- donde alcanzó a haber más de 900 personas en una situación muy precaria en la que afortunadamente no pasó nada porque Dios es grande. Lo que hicimos fue levantarlos, controlar el espacio público y generar alternativas para que eso no pasara en el largo plazo. Esas alternativas fueron tener un albergue, un centro de orientación y un servicio inmediato en la terminal de transporte, pues nos dimos cuenta que era el punto de encuentro de los venezolanos en condiciones vulnerables en Bogotá. Todas se materializaron.

Así lucía el campamento cuando tenía más de 500 habitantes. Foto: Esteban Vega La-Rotta.

SEMANA: Una de las razones por las que esos 500 venezolanos estaban en el asentamiento ilegal era porque no tenían trabajo. ¿Durante su estancia en el campamento esta situación mejoró? ¿Qué hizo el Distrito para contribuir a ello?

C.V.: No tenemos cifras de cuántos de ellos consiguieron trabajo, formal o informal, pero sabemos de varios casos en que lo lograron y por eso salieron del campamento. Con la ayuda del SENA, del IPES y de otros aliados, ofrecimos varios cursos de capacitación para que su inclusión al mercado laboral fuera más fácil. Hicimos, por ejemplo, un curso de alturas para los que querían trabajar en construcción (este es un requisito indispensable para hacerlo y cuesta mucho), uno de seguridad (para los que quisieran desempeñarse en labores de vigilancia), y uno en oferta institucional y direccionamiento laboral para elaboración de la hoja de vida. Desde hace un mes tenemos un servicio adicional para los menores de 28 años y es entrar al Idipron y hacer uso de todos los servicios que este tiene de formación para el trabajo pero han sido pocos los que lo han aceptado. La intención de ayudarlos estaba, lo difícil es que siempre jugamos en contra de la informalidad; muy pocos de ellos tenían el permiso que los deja trabajar legalmente en el país.

SEMANA: ¿Qué fue lo más difícil de esta experiencia?

C.V.: El tema de la comida, sin duda. Al comienzo, teníamos pensado solo darle alimentación a las mujeres embarazadas y a los niños pero terminamos dándole a todo el mundo porque, de no haberlo hecho, habría sido una bomba. De hecho, los disturbios del 19 de noviembre fueron por comida. Muy rápidamente aprendimos que no era posible no tener alimentos pero también teníamos una traba enorme: no podíamos destinar recursos de la entidad para tal fin porque la Alcaldía no puede darle subsidios a personas sin documentación. Todos los alimentos que le proveímos a los habitantes del campamento vinieron de donaciones de varias fundaciones, de empresarios anónimos, de la Cruz Roja, y de civiles y funcionarios de la Secretaría de Integración que estaban conmovidos con la situación. Eso explica por qué variaba tanto.

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SEMANA: El tema de la comida fue quizás lo que más inconformidad generó en los venezolanos pero también se quejaban por las condiciones generales del campamento. ¿Cree que pudieron haber hecho algo para evitarlo?

C.V.: Hubo gente que salió muy agradecida, otros que no porque piensan que son responsabilidad de la Alcaldía, pero es normal. Yo creo que si hubiera un campamento con 500 colombianos en algún lugar del mundo, habría pasado exactamente lo mismo.

SEMANA: ¿Estuvo bien mezclar a los de adentro y afuera de El Bosque (el asentamiento ilegal de donde los trasladaron)?

C.V.: Al principio fue problemático porque los de adentro de El Bosque ya tenían una comunidad creada y había cierta división entre ambos grupos pues en Salitre habían ocurrido algunas peleas entre ellos pero creo que al final no podíamos hacer otra cosa. Lo que sí fue bueno fue la ubicación del campamento aunque obviamente nos trajo muchos problemas con los vecinos que con toda la razón no estaban contentos.

El 19 de noviembre, solo 9 días después de haberse inaugurado el campamento, hubo fuertes disturbios entre algunos de los venezolanos y la fuerza pública, pues a raíz de la inconformidad que estos tenían con la cantidad y calidad de la comida que se les proporcionaba, asaltaron la carpa donde se guardaba la comida. Foto: Esteban Vega La-Rotta.

SEMANA: La mayor molestia de los habitantes del barrio Luis María Fernández, en Engativá, fue porque nunca les avisaron que el campamento iba a quedar ahí. En una próxima ocasión, ¿le consultarían a los habitantes del sector?

C.V.: No sé, depende. Nosotros no hicimos consulta previa porque el predio donde queda el campamento no es un espacio público y además ese lote ya era un espacio de la Secretaría de Integración Social donde se atiende gente en situación vulnerable (exhabitantes de calle). Aquí realmente hubo incomodidades y problemas que no son menores pero tampoco de inmensa gravedad como el día que se robaron unos panes, pero no generamos un impacto de largo plazo en el barrio, cosa que sí hubiera podido pasar en las otras opciones que teníamos. Los vecinos del edificio que queda frente al campamento tenían una preocupación legítima y era la desvalorización de sus apartamentos; acababan de hacer una inversión muy grande en un apartamento de lujo y esto potencialmente afectaría el precio de los inmuebles. Pero por eso desde un comienzo establecimos que el campamento sería transitorio y que solo duraría 2 meses. De ahí lo importante que es cumplir con ese plazo.

SEMANA: Mañana, ¿cómo va a ser el desmonte?

C.V.: Tenemos todo el protocolo diseñado, obviamente vamos a tener mucha fuerza disuasiva pero la idea es que el desmonte sea liderado por el sector social. Habrá mucho acompañamiento de la Policía de Tránsito por lo que la carrera sobre la que está el campamento es muy angosta pero esperamos que todo se resuelva de manera pacífica.

SEMANA: ¿Qué pasará con los que mañana aún no tengan trabajo ni dónde vivir?

C.V.:  Desde la Alcaldía hicimos todo el esfuerzo posible por brindarles suficientes herramientas e incentivos para que durante los dos meses que estuvieron en el campamento ahorraran, encontraran fuentes de ingreso y arriendo.

SEMANA: Sin embargo, algunos dicen que tendrán que invadir nuevamente espacios públicos e incluso ya hay varios lugares de la ciudad en donde están surgiendo asentamientos informales de venezolanos, obviamente mucho más pequeños al de Fontibón.

C.V.: Son situaciones que la Alcaldía ya tiene controladas pues son casos de una o dos carpas que, por ley, deben ser retiradas inmediatamente pues constituyen una invasión al espacio público.

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SEMANA: Con la posesión de Maduro la semana pasada se espera que el flujo de migrantes hacia Colombia aumente y Bogotá es el mayor receptor de venezolanos con vocación de permanencia. Incluso, hace unos días, un estudio de Brookings Institution calculó que este año pueden salir cerca de 5 millones de venezolanos de su país. ¿Qué estrategias han pensado para enfrentar este fenómeno?

C.V.: Vamos paso a paso. Las proyecciones económicas de Venezuela están un poco mejor que las del año pasado: la economía se contraerá el 5 por ciento, no el 18 como ocurrió en 2018. Obviamente sigue siendo grave y seguro habrá migración este año pero quizás no sea tan grande. En todo caso, lo que haremos nosotros es lo que sabemos hacer: trabajo de contención social, cupos en jardines infantiles, en colegios, el albergue y uno muy importante: el Centro Integral de Atención al Migrante, en Teusaquillo, donde orientamos e informamos a todos los migrantes que lleguen a Bogotá.

Así se ve ahora el campamento, con solo 127 habitantes. Foto: Esteban Vega La-Rotta.

SEMANA: ¿Volverían a armar un campamento?

C.V.: A menos de que haya una situación extraordinaria, no lo haremos (ni temporal, ni permanente). Lo mejor es acudir a otras figuras. Los campamentos son muy complejos, es extremadamente difícil garantizar que sean transitorios. Además requieren un esfuerzo enorme de recursos y generan un desbalance grandísimo en atención a la población migrante porque, por ejemplo, en el caso de Bogotá, los que viven en el campamento son el 0,1 por ciento de todos los venezolanos con intención de permanencia en Bogotá (283.000). En este tipo de casos, las soluciones deben ser más amplias.

SEMANA: Las ayudas humanitarias, que en este caso fueron lo que generó el caos social en el asentamiento ilegal de Fontibón y lo que condujo a la creación de este campamento, siguen siendo problemáticas. ¿Cómo darlas y en dónde?

C.V.: Yo creo que la mejor forma de seguir ayudando es darlas a través de las fundaciones expertas en hacerlo: Cruz Roja, Hermanas Scalabrinianas, el Banco de Alimentos, los agustinianos, entidades y congregaciones que tienen la capacidad de reaccionar ante fenómenos como este. Sin duda, las iglesias, de todo tipo, han sido los héroes y las heroínas en el tema de la migración.