El panorama de líderes sociales acribillados ¿de mal en peor?

La red de ONG Somos Defensores dio a conocer su estudio consolidado que devela el inminente crecimiento en las cifras de asesinatos de líderes sociales que defienden los derechos humanos: 155 solo en 2018. Aunque la cifra es abrumadora, resulta menor que la establecida por la Defensoría del Pueblo, que registró 172 asesinatos de líderes sociales durante el año pasado. 

Según el informe de Somos Defensores, 2018 fue el año con mayor número de agresiones en contra de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En total se registraron 805 agresiones, esto incluye amenazas, asesinatos, atentados, desapariciones, entre otras modalidades.

En comparación con 2017, donde se registraron 370 amenazas, el año pasado esa cifra llegó a 583 reportes de amenazas contra la vida de los líderes. Mientras en 2017 hubo 106 asesinatos, una cifra que causa escozor por sí sola, el aumento para 2018 se calcula en un 46,2 por ciento, es decir, un total de 155 vidas arrebatadas por la violencia.  

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De entrada el informe se va lanza en ristre contra el cambio de gobierno, que, según la organización, está desaprovechando el terreno que dejó allanado la pasada administración con la negociación de La Habana. El estudio se titula ‘La naranja mecánica‘, un claro mensaje en contra de la política de la economía naranja que ha sido una bandera del presidente Duque. 

“Lo naranja aparece en el centro, pero detrás de ello surgen discursos como la negación de la existencia del conflicto armado, el desconocimiento de la sistematicidad en la violencia contra personas defensoras, el no reconocimiento de la existencia de muchos más grupos armados (...), la insistencia de la Fiscalía de que ha aumentado el esclarecimiento de los casos de asesinatos, cuando no es cierto y todo es juego retórico y mediático”, asegura el informe.

Este último punto hace referencia a un asunto que ha puesto a la Fiscalía a dar explicaciones. Para Somos Defensores, con la llegada de Néstor Humberto Martínez Neira a la cabeza del ente acusador, se inició una era mediática y “distorsionada” de la realidad que padecen los líderes sociales.

La Fiscalía ha presentado informes con resultados de investigaciones relacionadas a las agresiones contra los líderes, las cuales suele calificar de “históricas”. El mérito, para el fiscal, consiste en celebrar que de 87 casos priorizados, el 51,72 por ciento muestran un “esclarecimiento”. El problema –plantea la ONG– está en lo que se entiende por esclarecimiento.

Para Martínez Neira, las investigaciones eran dignas de esa distinción una vez avanzaban hacía una imputación o medida de aseguramiento contra algún presunto responsable. Somos defensores señala que en términos procesales, esa etapa es apenas el comienzo dentro de un largo camino, lleno de posibles recursos y de trabas, antes de recibir un veredicto final de parte de un juez que pueda determinar la responsabilidad penal de una persona por un crimen contra un líder social. En plata blanca, y técnicamente, el esclarecimiento de los hechos se da cuando se dicte una sentencia (condenatoria o absolutoria).

Un botón para la muestra

Desde 2017 la Fiscalía viene presentando resultados “históricos” en investigaciones de asesinatos contra personas defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, en febrero de 2019 el ente acusador expuso, de un universo de 250 casos investigados, un 54,8 por ciento de esclarecimiento en las investigaciones. La regla de tres indica que serían 137 casos con sentencia, sin embargo, para la fecha, solo había 22 sentencias, lo que significa un 8,8 por ciento de esclarecimiento real.

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El informe de Somos Defensores recuerda las palabras del fiscal pronunciadas meses después de haber asumido el cargo en 2016: “Hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales (...) Por el momento no hay sistematicidad en las afectaciones…”, se pronunció el fiscal frente a la situación que, ya en 2016, era una problemática creciente.

Sin embargo, a comienzos de 2019 tanto el ente acusador como el Gobierno Nacional, tuvieron que reconocer que sí había sistematicidad en el asesinato de líderes sociales. “Hay sistematicidad activa desde el punto de vista que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios. Y hay sistematicidad pasiva, pues desde el punto de vista del 50 por ciento de la afectación de víctimas, pero no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”, expresó el fiscal.

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De otra parte el informe de las organizaciones no gubernamentales hace un llamado al presidente Duque para que se implementen los múltiples instrumentos pactados en el acuerdo de paz y que apuntan a mejorar la seguridad de los líderes sociales (El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional para la Paz, la Unidad Especial de la Fiscalía para el desmatelamiento de las redes criminales, entre otros). Somos defensores indica que el nuevo Gobierno ha desconocido ese conjunto de disposiciones políticas, jurídicas y administrativas.

Además el informe cuestiona que los pocos pasos dados por parte del Gobierno nacional en pro de la seguridad de los líderes, son apenas medidas policivas o militares que echan por la borda la visión civil y política sobre la que se dieron importantes avances de los últimos años. "Se regresa al carácter de la protección física, militar o policiva, y se deja de lado la posibilidad de construir garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Sin duda, es un retroceso lamentable". 

En síntesis, el informe de Somos defensores señala que el panorama de los líderes sociales asesinados o amedrentados durante 2018, en comparación con los años anteriores, iría de mal en peor. Ahora el Gobierno nacional tiene la palabra.