Las seis cifras más alarmantes del informe anual del Alto Comisionado de la ONU

Colombia se encuentra en sus primeros pasos en la implementación de un acuerdo que busca la paz estable y duradera. Si bien se registran avances en materias de inclusión social, participación política y equidad de género, hay cifras que aún preocupan en relación con el asesinato de líderes sociales y la inseguridad en los municipios más afectados por la violencia. Desde 1997 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realiza un informe anual en Colombia sobre el estado de los derechos humanos en el país con respecto a la democracia, la seguridad, el desarrollo, la participación cívica y la paz. Las cifras del informe revelan realidades aún escabrosas que ponen de presente unos grandes retos para el gobierno de turno. Estas son las más impactantes que se desprenden del informe revelado esta semana: 

Puede leer: Siete prioridades para Colombia con relación a derechos humanos

En el 2018 fueron asesinados 110 líderes defensores de los derechos humanos, 10 casos menos que en el 2017

El informe presentado por el Alto Comisionado presenta alarmantes cifras sobre el asesinato de defensores de derechos humanos en las regiones. En comparación con el 2017 donde la tasa de homicidios fue de 121 asesinatos, en el 2018 se produjeron 110 ataques contra la vida de estos líderes, de los cuales 18 corresponden a indígenas y 12 a personas de la comunidad afro. Sin bien hay una tendencia a la baja, el número aún sigue siendo muy preocupante.

El Alto Comisionado señala que gran parte de los ataques ocurren en las mismas regiones que los informes anteriores han mostrado. Antioquia, Cauca y Norte de Santander concentran el 37% del total de los casos registrados en 2018, los cuales se dieron en zonas rurales donde la presencia del Estado en mínima o incluso nula.

Le recomendamos leer: Quién puede detener el homicidio de defensores de derechos humanos

En 2018 fue conocido el caso de un presidente de una Junta de Acción Comunal que fue asesinado por ser promotor del programa de erradicación manual ‘Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos’, que está incluído en el Acuerdo Final. Según el Informe de la ONU, los motivos del asesinato tendrían relación directa con esa actividad, pues tanto él como su familia recibieron amenazas tres meses antes del crimen. Al igual que él, muchas personas en la misma condición de pobreza, buscaban alternativas económicas legales para su comunidad, haciendo oposición al accionar criminal que opera en esas zonas. Apoyar estas causas ha motivado por lo menos el 66% de los asesinatos.

Frente a quiénes son los responsables de llevarse la vida de los líderes comunitarios, el informe alerta sobre la autoría de “estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %)”.

En 2018 el partido de la Farc obtuvo 10 curules en el Congreso, de los cuales sólo ocho fueron ocupados. Iván Márquez no quiso recibir su curul y Jesús Santrich no ha ocupado su escaño debido a una posible extradición.

En materia de participación en la dinámica política nacional, la ONU celebra que las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018 han sido las más pacíficas en la historia reciente de Colombia con una cifra de asesinatos que se redujo a cuatro casos contra exmiembros de las Farc, tres durante las campañas y uno durante la primera vuelta presidencial. Pero al mismo tiempio el informe de la ONU alerta sobre el acceso al proceso electoral de algunas comunidades.

A pesar de la alta participación ciudadana en lo comicios del año pasado, las oportunidades para acceder a ese derecho de muchas comunidades rurales aisladas siguen siendo precarias. El Alto Comisionado dijo que las zonas más apartadas y con dificultades para votar fueron Amazonas, Chocó, Guaviare, Putumayo y Santander. Frente a esto la Corte Constitucional estudia una tutela que pide el amparo al derecho al voto, promovida por representantes de algunas comunidades indígenas en el Chocó.

Le puede interesar: El modelo de participación políticaque se impuso en Pasto

Otro aspecto que la ONU reconoce como positivo es la paridad de género en el gabinete ministerial, uno de los pregones de Iván Duque en su campaña y que cumplió a cabalidad una vez electo. Sin embargo, la misma paridad no fue evidenciada en el Congreso, pues aunque las congresistas mantuvieron el mismo número de curules (56), el total de escaños pasó de 268 en 2014 a 279 en 2018 con la llegada de los líderes de la Farc al Capitolio.

Entre 1988 y 2014 la Fiscalía registra 2.248 casos de falsos positivos

Uno de los puntos neurálgicos de la implementación es la Justicia Especial para la Paz, en la cual la ONU reconoce la vinculación de 1.910 integrantes del Ejército, de los cuales al menos tres son generales y varios coroneles retirados, que de alguna manera están vinculados al escabroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, conocido como los falsos positivos.

El debate al rededor de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales sigue abierto, cada entidad maneja una cifra distinta, sin embargo, la Fiscalía General de la Nación comunicó a la JEP la cifra de 2.248 víctimas de esta política militar entre 1988 y 2014, con un pico entre los años 2006 y 2008. Con esta información en mano el alto tribunal de la justicia transicional, en cabeza de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, abrió el macro caso No. 003, sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Historia: La historia de 19 soldados que se negaron a cometer falsos positivos

Así mismo recalcó que el ente acusador cuenta con una deficiencia en sus recursos materiales, técnicos y humanos, esto se traduce en una escasa policía judicial a disposición de los fiscales que, además, tienen cientos de casos a su cargo. Por ejemplo, el informe revela que en Cauca, el promedio de casos para cada investigador sería de 600.

Colombia es el segundo país más desigual en América Latina y el Caribe, así lo destacó el informe del Alto Comisionado con estadísticas del ranking que establece la Comisión Económica. Es por eso que recomienda que el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 aborde la desigualdad con un enfoque en los derechos humanos.

Contexto: El desafío de reducir la desigualdadeconómica

Un botón para la muestra: el informe señala que el analfabetismo en las zonas rurales es 3,3 veces mayor que en los hogares urbanos. El porcentaje de hogares que no pueden acceder al agua potable es 13,4 veces mayor en zonas rurales que en las urbanas. Así mismo, aunque en Colombia hay igual cantidad de hombres que mujeres, el informe muestra que el género femenino tiene 20% menos oportunidades laborales a pesar de que, en muchos casos, tienen un nivel educativo superior al de los hombres.

Aunque la consulta anticorrupción no logró superar el umbral para convertirse en un mandato para el gobierno, los promotores celebraron los más de 11 millones de votos que alcanzó.

La corrupción es un malestar que ya movilizó a más de 11 millones de ciudadanos a las urnas en agosto del 2018 para votar la consulta anticorrupción, el informe de la ONU advierte que este mal le costó a Colombia en 2017 el equivalente al 21 % del presupuesto nacional del año 2018, esto es aproximadamente 16.000 millones de dólares. El plan de la Fiscalía para combatir las irregularidades en el manejo de los dineros públicos “Bolsillos de Cristal” dejó un saldo de 2.100 personas judicializadas por actos de corrupción, lo que equivaldría a 4,1 billones de pesos, según el informe.

Le puede interesar: Todo lo que debe saber sobre la consulta anticorrupción

Todas estas cifras preocupan al Alto Comisionado, pues considera que “la corrupción impacta negativamente en el goce de los derechos humanos y afecta la obligación del Estado de destinar el máximo de los recursos disponibles a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales”.

Una de las cifras más alarmantes se presentan en materia de seguridad en los municipios, donde el 49,5 por ciento de ellos aumentó su tasa de homicidios con respecto al 2017. Los casos más preocupantes ocurrieron en San José de Uré (Córdoba), donde los homicidios crecieron en un 1.473% y en Barrancas (La Guajira) 880 por ciento. El Alto Comisionado señala que en 2018 las masacres se triplicaron en un 164 por ciento frente a 2017, pasando de 11 a 29 casos.

Opinión: Inseguridad percepción o realidad

La presencia de militares en muchos territorios que carecen de unidades de policía genera preocupación ante la comunidad internacional, que no ve con buenos ojos que la única forma de hacer presencia en esas comunidades sea a través del ejército. Esto se debe a que, dejando de lado sus funciones orgánicas, se ocupen de tareas tales como la “seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado o el fomento de la convivencia y el desarrollo, como se evidenció en Antioquia, Chocó, Guaviare, Huila, Meta y Nariño, entre otros”, señaló el Alto Comisionado en el informe anual.