Cinco años después, nadie responde por las 243 armas pérdidas en la Policía de Santa Marta

El 28 enero de 2016 la fiscal 12 de Santa Marta, Yorianis Torres, solicitó al fiscal tercero delegado de Santa Marta, Luis Galvis, entregarle un revólver vinculado a una indagación. Al hacerlo, destapó sin querer uno de los más grandes escándalos de la entidad. En ese momento se dieron cuenta de que esa y otras 242 armas de fuego habían desaparecido inexplicablemente de las bodegas de evidencias.

El hecho retomó vigencia la semana pasada. En un video publicado en redes sociales, el grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) señaló que la coronel retirada Sandra Vallejos, comandante entonces de la Policía Metropolitana de Santa Marta (Mesan) y actual secretaria de seguridad, participó en un acuerdo para la venta de dichas armas.

Según las ACSN, antes los Pachencas, Vallejos acordó con el antiguo jefe del grupo Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, la entrega del armamento a cambio de 300 millones de pesos y el compromiso de ayudar a bajar los índices de criminalidad en la capital del Magdalena. La afirmación, hasta ahora, no está probada, pero reactivó muchas preguntas del caso. Vallejos siempre se ha defendido. Dice que las armas no estaban bajo su potestad y que las autoridades competentes deben descubrir a los responsables.

En el momento en que estalló el escándalo abrieron una investigación en la que vincularon a seis miembros activos de la Mesan y un civil. Sin embargo, hoy el proceso está en ceros y no se ha podido saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó con las armas.

En el momento de la solicitud al fiscal Galvis, este dijo no haber emitido el oficio usado para sacar el revólver y que alguien había falsificado su firma, al igual que en otros 178 documentos de autorización. En abril de 2016 capturaron a tres miembros de la Policía encargados de los armerillos y además al patrullero Robinson Guerrero y al mayor Rolando Pinzón, director de la Sijín en ese momento. También un civil, Alejandro Carranza.

A los pocos días, Guerrero dijo que sabía del robo; Carranza se autoincriminó y señaló a la patrullera Yénnifer Mendoza, al servicio del fiscal Galvis, de haberlo contactado para transportar las armas hasta la casa de Mayte Murillo, una amiga quien resultó muy cercana a la uniformada.

Pinzón, llamado a calificar servicios, le dijo a SEMANA que Vallejos sí tenía la responsabilidad de cuidar las armas. Explica que el armerillo de la Policía dependía del presidente de la comisión de armamento, es decir, del subcomandate de la Mesan, que a su vez depende de la comandante. El exoficial señaló que no se puede afirmar que las armas, sacadas entre marzo y noviembre de 2015 terminaron en su totalidad en manos de los Pachencas. Pero sí hay evidencias de que les han incautado algunas a varios miembros de esa organización.

Llama la atención el caso de José Aquilino Amaya, capturado en julio de ese año en La Guajira con una pistola Pietro Beretta. Confesó haberla recibido de la patrullera Mendoza y hacer parte de los Pachencas; murió en octubre de 2016, asesinado cuando se dirigía a rendir indagatoria en el caso.

Pinzón dice estar dispuesto a dar la cara en cualquier instancia para limpiar su nombre. Incluso señaló a Leopoldo Montes, fiscal que tuvo mucho tiempo el caso, de hacer un show mediático y de ocultar información para proteger a otros funcionarios de la Fiscalía que podrían estar involucrados en el robo, entre los que estaría Galvis. “Si contaba todo quedaba en evidencia que yo no tuve nada que ver”, dice.

En agosto del año pasado debía comenzar el juicio, pero por varios aplazamientos no fue posible. En octubre, la propia Fiscalía solicitó al juez anular el proceso a partir de la imputación de cargos. Esto quiere decir que tiene que empezar desde la investigación preliminar.

La actual secretaria Vallejos sigue sosteniendo la misma postura. Después de la publicación del video de las ACSN dijo que le pidió a la Fiscalía, por tercera vez, investigar el caso. Solo que el proceso acaba de empezar de nuevo y a este ritmo, por lo visto, nunca se sabrá qué pasó realmente con las 110 pistolas, 130 revólveres, una ametralladora, dos armas hechizas y más de 5.481 cartuchos perdidos con 239 oficios supuestamente emitidos por fiscales.