Nación

Cinco mil funcionarios de la Fiscalía y la Policía investigarán denuncias de fraude electoral

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que 5.000 funcionarios estarán atentos a cualquier acto de corrupción que pueda afectar las elecciones.

19 de junio de 2022
Votación, Filas, voto, elecciones, gente votando, urnas, puesto de votación, mesa en Bogotá
Votación, Filas, voto, elecciones, gente votando, urnas, puesto de votación, mesa en Bogotá | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El fiscal general Francisco Barbosa anunció que cinco mil funcionarios, entre fiscales y policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, estarán en todos los lugares del país para actuar frente a cualquier posible acto de corrupción o delito que busque afectar las elecciones que se adelantan este domingo.

Tras ejercer su derecho al voto en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, el jefe del ente investigador anunció que se designaron equipos de trabajo itinerantes en todo el territorio nacional conformados por fiscales especializados de las delegadas para la Seguridad Territorial y contra el Crimen Organizado, para atender cualquier riesgo delictivo específico que se pueda presentar con ocasión de la jornada electoral.

“Esta todo enmarcado en una resolución que se expidió, por medio de la cual se establecieron los parámetros para poder judicializar todos los delitos que tienen que ver con temas electorales el día de hoy, y poselectorales (…) que puedan surgir de cualquier tipo de denuncia ciudadana”, señaló Barbosa.

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Recordó que el pasado 17 de junio la Fiscalía General firmó la Resolución 0-0500, por medio de la cual destacó estos equipos de trabajo, que cumplirán también funciones como la supervisión de la judicialización de los presuntos responsables de cometer los delitos y la atención de los actos urgentes con el apoyo del CTI y de la Policía Nacional.

“En esto el parte es de tranquilidad, invitar a los ciudadanos a votar. Hoy están todas las autoridades articuladas, Fiscalía General, Policía, Ejército, Armada (…) para que tengamos un escenario democrático y podamos hacer la transición democrática que el país requiere”, aseguró Barbosa.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dio un parte de tranquilidad sobre el inicio de la jornada electoral, indicando que se desplegaron tres mil funcionarios por todo el país. “El comité operativo electoral con nuestras 42 regionales, reportamos normalidad en el inicio de la jornada electoral, lo cual nos permite reiterar a los ciudadanos nuestro llamado a salir a votar masivamente y con total libertad”.

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Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la participación democrática se adelanta un plan operativo para el acompañamiento y vigilancia en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral.

La Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Entidad, entre el 29 de mayo y el 16 de junio, ha recibido información de 21 posibles hechos de vulneración a los derechos políticos de los ciudadanos. La lista es liderada por Santander con ocho casos, Antioquia (3), Huila (3), Casanare (2), Guainía (1), Magdalena (2), Nariño (1) y Soacha (1).

Los hechos más denunciados tienen que ver con impedir, restringir o limitar el derecho a elegir, impedir la difusión de las ideas o programas de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y producir cualquier tipo de fraude electoral. “Hacemos un llamado para rodear a la institucionalidad colombiana, dado que en las últimas semanas se han adelantado todas las gestiones necesarias para garantizar que el proceso electoral responda con certeza y seguridad a la decisión de los votantes en las urnas”.

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Frente a los anuncios de protestas, manifestaciones o posible escalamiento de la violencia durante o con posterioridad a los escrutinios de mesas o preconteo, “hemos pedido a las autoridades tomar medidas preventivas y a las organizaciones y colectivos en el evento que se realicen desmanes, disturbios, asonadas o alteraciones del orden público”.

Finalmente, el defensor del Pueblo hizo un llamado para que se respete el derecho al voto y se eviten presiones, recordando que el voto es secreto y la ley castiga cualquier tipo de presión a los electores.