Incursión paramilitar en Bojayá estaba advertida: 5 puntos para entender lo que está pasando

La violencia no ha cedido espacio para que la paz llegue a Bojayá. Con la salida de las Farc de ese territorio, los grupos armados se siguen enfrentando a muerte para recuperar el control de la ruta del narcotráfico y minería ilegal. En medio de la disputa, vive una comunidad estigmatizada que no se cansa de emitir clamores al Gobierno nacional.

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Durante 2019, los habitantes de Bojayá denunciaron que sus comunidades continuaban siendo víctimas de desplazamientos, confinamientos y reclutamiento infantil. No fue hasta la noche de año nuevo cuando las alertas estallaron. Estos son cinco puntos para dimensionar lo que está pasando.

1. Las alertas que detonaron en la víspera de año nuevo

El comienzo de año llegó con un nuevo asedio de parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo neoparamilitar que confinó a al menos cuatro comunidades del municipio chocoano. Según la denuncia que presentó la Comunidad Intereclesial de Justicia y Paz, los habitantes del corregimiento de Pogue pasaron la noche del 31 de diciembre bajo el control de 300 hombres que amenazaron con asesinar y perseguir a cualquiera que se atreva a denunciar la situación que padecen.

“Las AGC afirmaron que iniciaban un cese unilateral pero las presiones sobre las comunidades se han cualificado. Les han obligado a cesar denuncias, a recibir regalos de navidad y reses”, dice la ONG. El hostigamiento comenzó hace mes y medio, pero en los últimos días la represión aumentó con la presencia de hombres armados, vestidos de civil, que entraron a controlar los llamados “puntos” para que nadie salga del territorio.

Sin embargo, líderes y familias enteras que lograron zafarse de la sombra del grupo criminal han manifestado, según la ONG, que “no declararan su desplazamiento forzoso”, por temor a las represalias. Como si se tratara de un deja vu, Bojayá revive un pasado oscuro al ser un territorio que se disputa el ELN, los paramilitares y las disidencias residuales de las Farc. Aunque hay presencia de la Fuerza Pública, los habitantes denuncian que esta no es suficiente.

El tire y afloje de estos grupos criminales por dominar la ruta del narcotráfico ha conducido a la población a regir su vida de acuerdo a las normas que imponen los cabecillas de cada cual. Las comunidades tienen prohibido salir del perímetro entre las siete de la noche y las siete de la mañana.

El paso de mercancía y alimentos también es restringido ante la sospecha de que los recursos sean enviados para apoyar al bando contrario. Muestra de ello es el desabastecimiento en la cabecera municipal, Bellavista, puesto que los campesinos no pueden transportar sus productos por vía terrestre o a través del río.

2. Entre el confinamiento y el desplazamiento

El defensor del pueblo de Chocó, Luis Enrique Murillo, habló con SEMANA sobre el panorama crítico que enfrenta Bojayá desde hace dos años y que la entidad a su cargo ha reportado oportunamente sin recibir la atención requerida de parte del Gobierno. La Defensoría estuvo en territorio hace apenas diez días, pero desde 2017 ha emitido sucesivas alertas tempranas que dan cuenta de la grave situación que afronta la comunidad.

“La más reciente de ella fue la de abril de 2019, pero posteriormente se han emitido varios informes de consumación del riesgo. Varias situaciones de las que hemos advertido en las alertas tempranas han ocurrido. Cada que sucede eso emitimos un informe al Ministerio del Interior para decirle al Gobierno que advertimos situaciones para que se previnieran, pero no, sucedieron”, dijo Murillo.

El 21 de octubre de 2019, la Defensoría hizo un nuevo llamado al señalar que al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, estaban confinadas “debido a la inminente confrontación armada entre las AGC y el ELN”. En ese entonces, la población denunció que 16 líderes fueron amenazados y que, como estrategia de guerra, los grupos habían instalado minas antipersonales en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región.

Sobre la reciente situación en Pogue, el defensor señaló que pudo comunicarse con algunos líderes que se encuentran en Bellavista, a tres horas de esta población, quienes le comentaron que el miedo reina por ahora. “La gente no se ha desplazado porque tiene miedo de encontrarse con explosivos o con miembros de los grupos”, afirma Murillo.

3. Minería ilegal y narcotráfico: el control de una ruta maldita

Geográficamente, los habitantes de Bojayá fueron condenados a ser parte del corredor del crimen en el norte del país. Desde el oriente, esta ruta del narcotráfico inicia en el departamento de Norte de Santander, llega al sur de Bolívar, entra al Bajo Cauca, sur de Córdoba y pasa por la subregión de Urabá en Antioquia, principalmente entre los municipios de Dabeiba, Mutatá y Fontino. De allí entra al Chocó, a los municipios de Carmen del Darién y a Bojayá.

Bojayá, según lo explica inteligencia militar, es el punto central antes de entrar a la costa pacífica para llegar entre Juradó y Bahía Solano donde termina la ruta. En plata blanca, esto significa que el municipio siempre ha estado en medio de una guerra en la que sus habitantes son los que han puesto los muertos.

Aunque no hay claridad sobre el número de subversivos que harían parte de la avanzada de las AGC, el defensor del pueblo en el Chocó cree que incluso podría ser un grupo más grande que el denunciado por la ONG Justicia y Paz, que habla de 300 hombres. “Sabemos que la avanzada es grande porque es múltiple. El ELN ya está posicionado en la zona y está esperando para reprimir la avanzada de los gaitanistas. Entonces tiene que ser un grupo importante para poder romper la resistencia del ELN”, explicó.

De acuerdo con el defensor, en esa zona no había ni ELN ni otro grupo de autodefensas, por eso el ingreso de los gaitanistas, que en otras ocasiones no habían podido llegar hasta la comunidad de Pogue, demuestra que esta es una avanzada con mayores capacidades. De hecho, estos grupos surgieron por el hermano de alias ‘El Alemán’ y con intenciones muy similares relacionadas con el despojo del bajo Atrato y la terminación de los proceso de destitución de tierra en el Carmen del Darién y Riosucio, por ejemplo. Otro escenario las AGC es la disputa por el territorio en zonas donde ha migrado el ELN después del proceso con las Farc.

4. Bojayá: condenados a la guerra

Hace 17 años, los sobrevivientes de la masacre de Bojayá tuvieron que enterrar a sus seres queridos en fosas comunes por orden de la guerrilla que exigió desaparecer los cuerpos en el menor tiempo posible. El 11 de noviembre de 2019, la Unidad para las Víctimas y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lideraron el traslado de los cofres con los cuerpos de las 79 víctimas de la violenta tragedia en la que murieron, en la iglesia de Bellavista.

El cierre de ese duelo duró poco. Una semana después, los habitantes del municipio denunciaron nuevos desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos y violaciones en su población. Además, le enviaron un mensaje al Gobierno y le pidieron al presidente Duque mayores acciones contra el ELN y los paramilitares que controlan el territorio.

"Los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social, político, territorial y económico, desconociendo los reglamentos internos, la autonomía y sistemas de gobierno de las comunidades", dijeron en un texto organizaciones afros, indígenas, campesinas y la diócesis local.

La violencia en el norte del departamento de Chocó es el producto de varias guerras recicladas. Una detrás de la otra. Desde hace ocho meses, en Bojayá, Riosucio y Carmen del Darién, se libra una disputa entre el ELN (frente de guerra Occidental - estructura Néstor Tulio Durán) y el Clan del Golfo (estructura Pedro José Montalvo). Estos dos grupos criminales se disputan el control de la ruta del narcotráfico y de minería ilegal que sale hacia el océano Pacífico y el Caribe desde el golfo de Urabá.

Las alertas eran ciertas. Desde noviembre, el Ejército realiza en la zona varios operativos. En uno de ellos, contra el Clan del Golfo, un uniformado falleció y otro perdió parte una de sus extremidades. Según el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, estos dos grupos organizados han perdido más del 20 por ciento de sus capacidades tanto en su estructura de militantes como en sus operaciones logísticas.

Atendiendo la alarma de la comunidad, la Fuerza Pública desplegó una de sus unidades hacia Pogue para determinar las circunstancias de la incursión. “Cuando entramos en combate con los grupos armados, nuestro primer objetivo es retener, ocupar y expulsarlos”, explicó el general en Blu Radio.

De acuerdo a la alerta temprana 017 de 2019 dirigida al ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento que el 22 de octubre, se presentó un enfrentamiento entre el ELN y las AGC en las inmediaciones de las comunidades indígenas de la cuenca del río Napipí (Unión Cuity Uno y Unión Cuity Central) del municipio de Bojayá, con interposición de la población civil.

Además, el 23 de octubre, varios profesores de la comunidad se desplazaron de manera forzada hacia Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, debido al confinamiento y a las amenazas de este grupo. El defensor del pueblo advirtió que a pesar de la presencia de la Fuerza Pública, la avanzada de las AGC se fortalece y los enfrentamientos siguen siendo constantes. "Hasta ahora no hemos tenido reporte de combates, solo la incursión en la población, pero hubo combate la semana pasada en otra comunidad que se llama Cuia, entre el ELN y las AGC", dijo.

5. ¡Que no se repita la historia!

La iglesia de Bellavista fue víctima y testigo de una masacre de la que Bojayá todavía no se recupera. Desde ese 2 de mayo de 2002 parece que no hay Dios que escuche a los habitantes del pueblo, tampoco, dicen ellos, parece hacerlo el gobierno. En Bojayá se vive todos los días con miedo. Miedo a los combates, a los campos minados, al confinamiento y a la estigmatización.

El defensor del pueblo viene realizando una tarea juiciosa. En abril de 2019 emitieron la última alerta temprana y desde entonces han realizado más de cuatro informes de consumación del riesgo. Aunque no puede describir con detalles lo que está sucediendo en Pogue, Murillo advierte que la situación es crítica. “La gente no se ha desplazado porque tienen miedo de encontrarse con explosivos o con miembros de los grupos”, dijo.

Desde el desarme de las Farc, los habitantes de Bojayá han visto cómo su territorio va quedando nuevamente en manos de grupos criminales. Primero migró el ELN y poco a poco las AGC han ganado terreno. El presidente Duque aseguró este jueves que no permitirán que en Bojayá se revivan los hechos de dolor que han enlutado a las poblaciones afro e indígenas de esta región. Pero lo cierto es que en Bojayá, la violencia no le ha cedido espacio a la paz.