Cinco puntos para entender lo que está pasando en el paro de la minga indígena

Desde hace una semana la vía Panamericana es el escenario de las manifestaciones que iniciaron grupos indígenas para exigir la presencia de Iván Duque en el suroccidente del país. Desde el 10 de marzo, le piden al mandatario que presida unas conversaciones con las que esperan se construya la hoja de ruta para ejecutar los compromisos pendientes con esa región. En el Cauca siguen esperando al mandatario. Mientras tanto, la tensión crece y hay pocas luces de que el diálogo comience. El presidente asegura que no cederá a la presión que se agudiza con la extensión de los bloqueos y que ya empieza a generar preocupación en los gremios. 

El Consejo Regional Indígena del Cauca hizo cuentas. Para resolver los compromisos adquiridos con estas comunidades es necesaria una inversión de 3,6 billones de pesos que serían ejecutados en su cuatrienio. La respuesta del gobierno es que esta población ya quedó incluida el un capítulo particular del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene presupuestado 10 billones de pesos para los próximos cuatro años. Para las comunidades, el Gobierno, a pesar de ser reciente, no demuestra voluntad para resolver las situación de la población.

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1. ¿Qué piden?

La inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la protección a los líderes sociales, el respeto a la soberanía, el uso de la tierra, la garantización de las consultas previas y la defensa de la paz son algunas de las peticiones que la comunidad le extendió al presidente Duque, acuerdos adquiridos por gobiernos anteriores que según ellos se quedaron en promesas.

Aunque las peticiones son claras, lo único que han esperado durante esta semana es que el mandatario haga presencia en el territorio. La solicitud no es nueva. De acuerdo con Giovanni Yule, vocero del Cric, dos días después de la posesión del primer mandatario, él mismo, dice, le entregó a Duque una carta en la que le manifestaba el deseo de toda su comunidad de iniciar conversaciones para trazar una ruta en su gobierno que permitiera subsanar las necesidades prioritarias de los pueblos étnicos y campesinos.

Los indígenas esperan trasladarle estas peticiones a través de un debate sobre la agenda legislativa en curso. “El Gobierno tiene radicados en el Congreso unos proyectos que son totalmente agresivos con las poblaciones indígenas”, explicó Yule. Para las comunidades, el presidente debe revisar el proyecto que busca reformar la Ley 160. Según ellos, el corazón de esta iniciativa le quitaría la función ecológica y ambiental al uso de la tierra en el país. Las comunidades consideran que el Gobierno corre el riesgo de instrumentalizar la tierra y convertirla en mercancía para las multinacionales.

Otra de las preocupaciones que esperan sea escuchada por el Gobierno es la reforma y minimización de las consultas previas, un derecho de las comunidades indígenas y afros planteado en el Convenio 169 y ratificado en la Ley 21. Los manifestantes le piden al gobierno que no le quite la fuerza jurídica y política a este instrumento.

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Dentro de las exigencias que le han expresado al Gobierno, esperan que se garantice la comunicación alternativa y que el presidente no permita la privatización de las comunicaciones en general. Además, solicitan que no haya una reforma al derecho de la tutela ni que se le pongan límites a la protesta social. “No estamos de acuerdo con el ‘fracking‘. Este mecanismo generará grandes afectaciones a nuestro territorio, así que le vamos a plantear este debate al Gobierno nacional”, agregó Giovanny Yule. 

2.  ¿Las peticiones que están realizando son de tinte político?

Los líderes de estas comunidades se levantaron de una mesa de Comisión Mixta porque consideraron que el gobierno le estaba dando la espalda a las peticiones. "Se hizo la mesa nacional de consertación de los pueblos indígenas después de que se había hecho la reunión de la Comisión Mixta donde la delegación del gobierno dijo que no tenía posibilidad de decidir sobre todo ese presupuesto. Ese puesto se levantó sin acuerdo", explicó Yule. 

Según el Cric, en la Comisión Mixta se avanzó y lograron plantear que en el marco de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo se dejaran dentro del presupuesto de la nación recursos para los programas afines a los pueblos indígenas. Sin embargo, dicen que cuando el Gobierno radicó el proyecto en el Congreso, sacó el capítulo étnico y simplemente lo dejó como uno de los anexos. Es decir, que no aparecen dentro de la estructura.

La respuesta del presidente Duque fue clara. El mandatario se refirió a los compromisos que heredó de sus antecesores y de los cuales hoy las comunidades indígenas y campesinas exigen cumplimiento. “Yo no voy a entrar a hacer juicios hacia atrás, pero sí tengo que mencionar que muchas veces se han hecho acuerdos imposibles, acuerdos multimillonarios que el Estado firma sin tener la capacidad de cumplir y eso no está bien”, dijo sobre los 3,6 billones de pesos que asegura el Cric son necesarios para lograr el cumlimiento de los acuerdos anteriores. 

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Para el Gobierno estas peticiones tienen un tinte político. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “aquí el tema no son las inversiones; el fondo es que ellos son sectores de oposición al Gobierno y lo que ellos quieren es un debate político de oposición”. De acuerdo con la jefa de esa cartera, lo que esperan con la reunión que le están planteando al presidente es que el mandatario hable de temas como “el fracking, el control a grupos paramilitares, las objeciones a la JEP y la mortandad de peces en Hidroituango”.

Pero para los líderes indígenas sus peticiones son claras y tienen peso. “Todas las peticiones que nosotros hacemos por naturaleza son políticas, nosotros no podemos sustraernos del ejercicio político de nuestros planteamientos reivindicativos. Lo que nosotros estamos solicitando es en el marco de nuestros planes de vida. ¿Que han venido otros sectores a respaldar la minga? Sí. Han venido congresistas indígenas, de la bancada opositora, se han pronunciado congresistas liberales. Bienvenidas todas las fuerzas que apoyan esta causa”, explicó Yule.

Lo que esperan en estos momentos las comunidades es que el Gobierno no siga enviando respuestas a través de funcionarios. A las peticiones de los líderes indígenas se sumaron 1.200 organizaciones sociales y de derechos humanos que a través de una carta le hicieron llegar al presidente Duque su respaldo a la protesta. A los firmantes del documento les preocupa, sobre todo la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Rechazamos el tratamiento militar que su Gobierno le está dando a la protesta campesina, negra e indígena, con un alto saldo de personas heridas, golpeadas y retenidas, además del asalto brutal al campamento de uno de los cinco puntos de concentración, en el que el Esmad quemó la totalidad de las carpas, con sus víveres, colchones y prendas de vestir, pertenecientes a las 150 familias ubicadas allí, en el corregimiento de El Cairo, en el municipio de Cajibío”, dijeron.

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De acuerdo con Diana Sánchez de la Asociación Minga, siempre le han pedido al Gobierno que no envíe como primera respuesta a la fuerza pública. “Le solicitamos al presidente que de entrada no manden a la fuerza pública porque siempre terminan negociando, pero después de que hay heridos e incluso muertos".

3. Después de ocho días, ¿a qué se ha comprometido el Gobierno? ¿Y por qué todavía no se levantan las protestas?

La ministra del Interior, el alto comisionado para la paz y el ministro de Agricultura visitaron en la última semana la zona en representación del Gobierno. Sin embargo, los líderes insisten en que los diálogos deben ser con el presidente. "Ellos (los funcionarios) traían un planteamiento de negociación pero la idea no era negociar con ellos, sino que nos dijeran que el presidente iba a venir. Ante la negativa, se rompieronn esas conversaciones", explicó el movimiento campesino.

Después de una jornada de trabajo, el avance más significativo que lograron fue la elaboración del protocolo para la visita del primer mandatario. Sin embargo, las comunidades y el Gobierno están frente a una gran paradoja. "El mensaje que el presidente mandó es que no vendría mientras la vía permanezca cerrada, pero los que estamos movilizados hemos planteado que no se puede despejar la vía hasta que el presidente venga", dijeron. 

"Como se agotó el tema de las reuniones con los ministros, la minga está exigiendo que venga directamente el presidente y diga cómo es que va a ser el presupuesto. Esperamos firmar unos actos administrativos que nos permitan garantizar la inversión en estos cuatro años a los territorios indígenas", explicó Giovanni Yule. 

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Por su parte, el Gobierno rechazó las vías de hecho y dijo que estas no contribuyen al fortalecimiento de la confianza. "El Gobierno va a seguir enviando delegados para propiciar una conversación clara que parta de la base de que no es a través de las vías de hecho como se construye un mejor país", aseguró. 

4. ¿Es cierto que la protesta está infiltrada por disidencias de las Farc?

Este fin de semana, el comandante de la Policía del Cauca, coronel Fabio Rojas, hizo un anuncio que a los líderes de la protesta no sorprendió. El uniformado aseguró que la protesta estaba infiltrada por disidencias de las Farc y que prueba de ello es la influencia de grupos delictivos en el lugar de la minga. 

El coronel le dijo a Blu Radio que los nativos se están organizado en los dos bloqueos que hay sobre la vía Panamericana y las siete concentraciones, lo que impide garantizar la movilidad. El oficial además denunció que un uniformado resultó quemado con ácido luego de ser atacado por uno de los manifestantes. "Estábamos haciendo una requisa porque hemos encontrado artefactos explosivos improvisado que lanzan contra los jóvenes del Esmad y allí revisando un indígena le tira ácido que llevaba en un contenedor plástico al policía y le quemó parte de la cara y cuello", aseguró. 

Sin embargo, el oficial reconoció que las autoridades no tienen evidencia de que haya infiltración. "Lo que sí sabemos con certeza es que el área donde se ha planeado la minga está influenciada por la columna móvil Jacobo Arenas históricamente, disidencia de las antiguas guerrillas de las Farc como también del grupo armado organizado residual del frente VI", dijo. Según el oficial, entre campesinos e indígenas tienen frentes organizados que han aprendido a organizar los explosivos.

Para los líderes de estas comunidades, estas versiones hacen parte de estrategias del Gobierno para deslegitimar las manifestaciones. “Eso ya no lo cree nadie. Las disidencias son enemigas del movimiento indígena y negro porque estos pueblos están en contra del narcotráfico. Decir que las disidencias se han infiltrado entre los manifestantes es absurdo. A las disidencias lo que les interesa es que todo siga en conflictividad porque ese es un río revuelto en el que ellos pueden seguir cosechando”, explicó Diana Sánchez.

Las comunidades indígenas y campesinas explican que si ellos no se dejaron gobernar por la guerrilla, mucho menos lo harán de las disidencias. "Lo que están haciendo es abonando el terreno ante la opinión pública para atacar la minga, pretenden contrarrestar con todo el peso militar este ejercicio democrático. Antes era el discurso de que éramos infiltrados por las Farc, así que esta es una estrategia del Ejército", explicó Giovanni Yule.

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5. ¿Cuáles son los efectos del paro en el abastecimiento del suroccidente del país? ¿Cuál es el impacto económico en las empresas de transporte?

Los bloqueos sobre la vía Panamericana mantienen sin acceso terreste a la principal arteria vial que conecta al centro con el suroeste del país. Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, el gremio de transportadores por carretera, explicó que las pérdidas solamente en temas de facturación alcanzan los 1.700 millones de pesos en los ocho días. Si a esto se le suma el lucro cesante por no poder prestar el servicio una vez facturado, la cifra podría ser del doble. "Los conductores han tenido que cesar sus actvidades a la esera de que les permitan el paso por las vías y eso no está cuantificado. Todo esto superaría los 5.000 millones de pesos", dijo Rodríguez. 

Lo más preocupante es el abastecimiento de al menos cuatro departamentos que según los gremios ya alcanza un punto crítico. Por esta zona, se movilizan diariamente un número de vehículos que supera los 180. Por el corredor se transportan en promedio 64 toneladas diarias entre alimentos que incluyen los insumos básicos de la canasta familiar. Además, el desabastecimiento de combustible afecta a la prestación del servicio público de transporte urbano. 

El transporte de materias primas que entran y salen hacia y desde Ecuador, también está paralizado. Desde que se inició el paro, las autoridades intentan evacuar más de 100 vehículos que quedaron inmovilizados por el cierre de la zona. Los transportadores no ven otras alternativas de circulación. "La zona de Morales-Suárez no tiene vías adecuadas para camiones, así que no hay otra posibilidad que el despeje de la vía Panamericana. Hacemos un llamado a que las vías públicas no se sigan tomando como un escenario de diálogos y negociaciones porque eso está por encima de derechos como el abastecimiento de las ciudades", explicó Rodríguez. 

El Ministerio de Minas y Energía estableció un plan para abastecer de combustibles líquidos a los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. De acuerdo con la jefa de esa cartera, María Fernanda Suárez, el Gobierno está trabajando para aumentar la capacidad de buques para que se utilicen puntos de abastecimiento alternativos.