Asesinatos de indígenas en el Norte del Cauca: cinco puntos para entender el crudo panorama

Las amenazas, los atentados y la muerte de los miembros de los pueblos indígenas del Norte del Cauca son recurrentes. En el último mes, cuatro indígenas nasa perdieron la vida por defender los derechos y las causas de su comunidad a manos de sicarios o mientras se movilizaban por el territorio. Aunque en estos días la situación se ha vuelto más crítica y ha tomado revuelo en la prensa, las causas que están detrás de estos sucesos vienen de tiempo atrás y son profundas.

Los nueve municipios que hacen parte del Norte del Cauca han registrado múltiples hechos en contra de sus autoridades indígenas desde que se firmó el Acuerdo de Paz. En 2019, el nivel de riesgo se ha concentrado en esas zonas: Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Santander de Quilichao, son los puntos calientes. Sin decir que poblaciones como Suárez, Buenos Aires, Huellas y Jambaló no han padecido hechos violentos. 

Por eso SEMANA indagó con distintas organizaciones sobre cuáles son las problemáticas que rodean a los indígenas de esta parte del país, para entender qué está pasando y por qué es indispensable hacer algo al respecto para evitar que el número de muertos se incremente. 

1. No hay solución al problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico

Para Nelson Lemus, consejero  de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), en el tema del narcotráfico es necesario buscar una alternativa "realmente eficaz, más amplia y más efectiva que los Penis -Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”. Según él, si no se generan oportunidades productivas para las comunidades afro, indígenas y campesinas de la región, es imposible que estas salgan del “eslabón del cultivo de la coca y la marihuana”.

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Durante el encuentro que sostuvo el pueblo Nasa con la Comisión de Paz del Senado este martes, en Caloto; Lemus y otros representantes indígenas manifestaron a los congresistas la necesidad de fomentar proyectos productivos como la ganadería silvopastoril, la producción de lácteos y la siembra de fruta; que poco a poco le han restado terreno a los cultivos de coca, pero que siguen mínimos en comparación con los que se requieren para alcanzar la estabilidad de las comunidades.

Además, otro punto que inquieta a los indígenas es el papel de las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico. Según las cifras dadas por las autoridades militares, en el norte del Cauca hay alrededor de 6 mil efectivos. Sin embargo, la percepción de la comunidad indígena es que ese número no da un parte de tranquilidad ya que el cultivo, el transporte y el consumo juvenil de droga en la región aumenta cada día, sin que la Fuerza Pública logre contrarrestarlo.

“Nosotros no nos oponemos a que la Fuerza Pública actúe en el control, e incluso en acabar la coca y la marihuana ,y en contra de los actores armados", señala Lemus. Para él, es un grave error si quiera pensar que los indígenas intentan proteger a los grupos armados, pues el sufrimiento que padecieron con la estadía de las Farc en 50 años, es algo que no están dispuestos a revivir. 

La periodista Salud Hernández dijo en Semana en Vivo que “los últimos muertos, por desgracia, son gente que se ha enfrentado al narcotráfico, son comuneros que no quieren que haya más siembras”; Por lo que estarían pagando con sus vidas para cambiar la cara del territorio. Hernández dijo, además, que el incumplimiento del gobierno a los programas alternativos de cultivos es otra gota que rebosa el vaso en la problemática y afirma: “El Cauca es un cóctel explosivo al que yo no le veo salida”.

1. Faltan recursos para ejercer control territorial

Los indígenas nasa insisten en la carencia de condiciones para ejercer el control en los municipios al ser actores civiles y no militares. Los cabildos plantean que se haga un fortalecimiento de la Guardia Indígena a través de un programa - que mantenga su nivel de autonomía - para disminuir la presencia de grupos armados ilegales. No obstante, ellos aseguran que el gobierno quiere darles el apoyo para fortalecer la guardia, pero supeditándolos a las directrices del ministerio de Defensa. “Nosotros creemos que esa no es la manera porque nos involucran con fuerzas armadas del Estado y eso nos genera más riesgo a las comunidades”, expresa Nelson Lemus. 

Para Giovanni Yule, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el Estado debe reconocer a la Guardia Indígena como un actor que salvaguarda, cuida y protege el territorio. Y adicionalmente, debe darles condiciones logísticas, operativas, jurídicas y políticas para ejercer el ejercicio de control territorial. “No tenemos presupuesto, logística y eso lleva que sea un ejercicio de voluntad civil”, dice.

Yule señala que solo en Caloto hay cuatro bases militares, fuera de la estación de Policía. Motivo por el cual no entiende por qué el gobierno dice que los indígenas no dejan ingresar a la Fuerza Pública. “En el norte del Cauca hay 20 batallones acantonados, así que hay una presencia del Estado que ha copado el territorio (...) pero parece ser que las fuerzas militares no han desarrollado otras estrategias y se han quedado acantonadas en los sitios de su bases y no están haciendo el ejercicio del control de la mafia y de las rutas del narcotráfico”, explica.

Antonio Sanguino, senador del partido Verde, afirma que el problema en el Cauca apunta en otra dirección: “Hay una ausencia de territorialidad del Estado, al punto que la territorialidad es demandada por los indígenas  a través de las movilizaciones y de las mingas”.

El congresista expresa que la lentitud del Estado para posicionarse en los territorios dejados por las Farc, después del acuerdo de paz, ha incrementado la disputa de poderes entre los grupos ilegales. 

3. Disidencias y grupos armados tienen el control

En las ocho alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo en el norte del Cauca (2018 - 2019) se menciona la presencia de la disidencia de la guerrilla, conformada por el Sexto Frente de la antigua Farc y de la Compañía Móvil “Jacobo Arenas”. Pero no es la única,  el ELN, EPL, las Autodefensas Gaitanistas y las Águilas Negras también se pelean las rutas del narcotráfico en el departamento; dejando en medio a las comunidades indígenas, afro y campesinas de la zona. 

Tan solo en Corinto y Caloto hay  57.114 habitantes en riesgo de sufrir atentados, amenazas y desapariciones por vivir en los territorios que se disputan estos grupos armados. Sin contar con que Suárez, Miranda y Buenos Aires tienen una situación crítica de seguridad que no ha sido atendida oportunamente por el Estado.

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De acuerdo con las declaraciones del vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, “el defensor (Carlos Negret) ha mencionado la necesidad del acatamiento de las advertencias, no contradecirlas sino acatar las recomendaciones y adoptar las medidas, que sean efectivas”. Pero aún así, se siguen presentando muertes y amenazas a los líderes indígenas en estos municipios.

Según cifras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en 2018 hubo 46 asesinatos. De estos, 26 hacían parte de alguna de las veintiún comunidades y 7 formaban parte directa del movimiento indígena (2 guardias indígenas, 2 liberadores de la madre tierra, un docente, un exconsejero de Acin y una autoridad tradicional en ejercicio).

La minería ilegal, al ser considerada una de las fuentes de financiación más importantes de los grupos armados, también ha aumentado el nivel de riesgo de las poblaciones indígenas que se oponen a estas prácticas. Sumado a que este  martes, 14 de agosto, los líderes de las comunidades denunciaron que existen 90 permisos para explotación de recursos naturales en sus territorios de los cuales, 15 son para explotar oro. 

         4. Persiste la estigmatización  

Para las autoridades indígenas la muestra más grande de estigmatización es el hecho de que el gobierno continúe diciendo que ellos no permiten el ingreso de la Fuerza Pública a sus territorios. “Nos están cargando la culpa a nosotros”,  “prácticamente dicen: ‘ellos son culpables de tener la coca y la marihuana y los actores armados”, son algunos de los reclamos que le hacen al gobierno.

Para el senador Antonio Sanguino, miembro de la Comisión de Paz del Senado, no es bueno simplificar la situación del Cauca y el primer paso para formular soluciones debe empezar por un cambio de actitud del gobierno y su partido: “Yo he tenido que presenciar en el congreso la estigmatización por parte de voceros del Centro Democrático y del uribismo contra el CRIC, contra la ONIC y contra la guardia indígena”, señaló durante el programa Semana en Vivo. 

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Sanguino afirmó que el senador Carlos Felipe Mejía, salió a decir, hace pocos días, que la culpabilidad de los asesinatos indígenas “era de los propios indígenas” y que además mintió sobre la supuesta veda de los indígenas a la Fuerza Pública, cosa, que según Sanguino, “es absolutamente falsa”. Y agrega: “Para que esto empiece a cambiar se necesita una actitud distinta del gobierno nacional y de las fuerzas políticas que lo acompañan”. 

5. Contando muertos 

Las comunidades del Norte del Cauca están sufriendo los efectos de una guerra reciclada. De acuerdo con información suministrada por el Cric, en lo que va corrido del año se han registrado 56 asesinatos en los siete municipios del norte del Cauca, entre ellos se cuentan, guardias indígenas, mayores espirituales, entre otros.  Así mismo afirman que sólo en el municipio de Caloto entre 2017, 2018 y lo que va de 2019, se han registrado 68 asesinatos y 23 heridos.

En los primeros cinco días de agosto, en esa región asesinaron a 2 guardias indígenas. Gersain Yatacue, quien se desempeñaba como coordinador de la guardia de la vereda San Julián, fue asesinado cuando se dirigía a su lugar de origen, en Toribío. Según las autoridades, Yatacue fue asesinado en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas, Caloto.

Tres días después, las autoridades indígenas denunciaron el asesinato de Enrique Guegia, quien se desempeñaba como cambuwesx (alguacil) y The Wala (sabedor ancestral) del cabildo de Tacueyo. De acuerdo con los lugareños, el 4 de agosto, dos personas en moto lo abordaron y le dispararon en el sector la Balastrera, en la vereda La Luz del municipio de Toribío. Las autoridades ancestrales de ese municipio convocaron a una audiencia pública para rechazar las acciones de las disidencias de las Farc en contra de la población civil.

El Cric también advirtió sobre la aparición de panfletos a nombres de las Águilas Negras, el Cartel de Sinaloa y Renacer Quintín Lame en los que amenazan a la guardia indígena, a los integrantes del Cric y a los gobernadores. A pesar de las firmas, la organización cree que todo hace parte de una estrategia de inteligencia militar utilizada por las disidencias para justificar una guerra en sus territorios y mostrar los asesinatos como resultado de choques entre grupos ilegales.