Cinep reveló que se registraron 409 casos de violaciones a la vida e integridad durante el primer semestre del año en Colombia

En el informe publicado por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, se desvela un panorama sombrío respecto a las violaciones de derechos humanos y la violencia política en Colombia durante el primer semestre de 2023. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, se documentaron un total de 409 casos de infracciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario consuetudinario y a la violencia político-social.

Este inquietante informe también destacó que los departamentos más afectados continúan siendo Cauca y Santander. Sin embargo, Chocó, debido a su coyuntura previa a las elecciones regionales, fue objeto de una atención especial, ya que se encuentra en un mayor riesgo de aumentar los casos de violencia.

En cuanto a la distribución por género de las víctimas durante este semestre, los datos revelaron que 432 hombres y 154 mujeres fueron víctimas de estas violaciones, mientras que en 86 casos no se obtuvo información sobre el género de las víctimas.

Chocó, un epicentro de crisis

Chocó, un departamento históricamente excluido y afectado por actores armados y económicos de diversas regiones del país, tuvo un papel protagónico en este informe. Se registraron en Chocó seis casos de victimizaciones, que incluyen amenazas individuales, lesiones físicas por paramilitares, asesinato, desplazamiento forzado colectivo y confinamiento colectivo causados por ELN y paramilitares.

La elección de Chocó como punto focal de este informe radica en la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. El desplazamiento forzado y el confinamiento afectan considerablemente a la población chocoana. Durante el segundo semestre de 2022, se registraron 13 desplazamientos forzados masivos que afectaron a 5.923 personas, siendo el 88% afrodescendientes y el 6% indígenas. Chocó ocupa el segundo lugar en Colombia en términos de número de víctimas de desplazamiento forzado, después de Nariño.

Además, seis de los 30 alcaldes del departamento de Chocó no pueden ejercer sus funciones desde sus respectivos municipios debido a la violencia y la falta de seguridad.

La situación de violencia en Chocó se agravó aún más con el cese al fuego bilateral entre el ELN y la fuerza pública, que no incluyó a otros actores presentes en el territorio. Esto ha generado tensiones adicionales, ya que los enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales continúan.

Ante este desolador panorama, el Gobierno Nacional llevó a cabo un consejo de seguridad en Chocó para prevenir el aumento de casos de violencia, especialmente en las próximas elecciones regionales que se celebrarán el 29 de octubre de 2023. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación.

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) declaró que en el departamento existe una crisis humanitaria debido a la ausencia y debilidad estatal, el narcotráfico y la corrupción. La falta de un acuerdo entre los diferentes actores presentes en el territorio ha generado desconfianza y aumentado las tensiones.

El padre Javier Giraldo, investigador del Cinep, señaló que, a pesar de los acuerdos de paz que se han firmado en Colombia en las últimas décadas, no han abordado las causas fundamentales de la violencia en el país. Hizo hincapié en la necesidad de una hoja de ruta clara para lograr avances significativos en el proceso de paz.

Si bien Chocó fue el epicentro de este informe debido a su situación histórica y coyuntural, la investigación del Banco de Datos también destacó la crítica situación de derechos humanos en otros departamentos, como Santander con 52 victimizaciones, Cauca con 37, Antioquia con 36, Putumayo con 21, y Bogotá con 12. Los casos abarcan desde desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales hasta detenciones arbitrarias.

Los presuntos responsables de estas violaciones incluyen paramilitares en 176 casos, Policía Nacional en 19 casos, Ejército Nacional en 17 casos, Fiscalía en 4 casos, e Inpec en 1 caso. En lo que respecta al conflicto armado, se denunciaron 102 infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, con 65 hechos en Cauca, 16 en Nariño, 6 en Valle del Cauca, y 5 en Caquetá. La mayoría de estas infracciones fueron atribuidas a guerrillas y combatientes.

En cuanto a la violencia político-social, que suele carecer de responsables claramente definidos, se documentaron 360 victimizaciones individuales que incluyeron asesinatos, amenazas, lesiones físicas, torturas, rapto y secuestro. Cauca encabezó la lista con 126 victimizaciones, seguido de Norte de Santander con 40, Antioquia con 26, Valle del Cauca con 23, La Guajira con 21, Putumayo con 17, y Bolívar y Nariño con 14 cada uno. Al menos el 26% de las personas que perdieron la vida debido a la violencia política eran líderes, y al menos 8 excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz también fueron asesinados.