Rivera, el matemático

Nadie se habría imaginado que el trámite más accidentado, de todos los proyectos de fast track, terminara siendo el de las 16 curules creadas por el acuerdo de La Habana para las víctimas del conflicto. Un asunto que en principio no producía la sensibilidad de otros, como la participación en política de las Farc sin haber pasado primero por la justicia o los beneficios contemplados en la JEP para autores de crímenes gravísimos.

Pero su último debate se convirtió en una de las batallas más duras libradas en el Congreso en mucho tiempo. El Senado y la Cámara habían aprobado la iniciativa, pero con algunas diferencias que requirieron una conciliación. Y la Cámara había votado afirmativamente la versión final, que unificaba las de las dos corporaciones, y solo faltaba que el Senado hiciera lo mismo. El gobierno sabía que estaba corto de votos porque además del uribismo y de Cambio Radical, que estaban en contra, los conservadores amenazaban con unirse a la oposición. El presidente Juan Manuel Santos convocó a la bancada azul, en un esfuerzo de última hora, a un desayuno en la mañana de la crucial reunión. No todos atendieron la convocatoria y a la postre solo 7 de 18 senadores de esa colectividad votaron a favor.

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El resultado en la plenaria fue muy ajustado: 50 a favor y 7 en contra. No tanto porque no hubiera un número mucho más alto de apoyos que de rechazos, sino porque por tratarse de un acto legislativo –reforma constitucional– necesitaba mayoría de los miembros de la corporación y no de quienes estaban presentes. Como existen 102 senadores, se necesitaban 52 para que la iniciativa pasara.

En un primer momento, al conocerse la votación se asumió que el gobierno había sido derrotado. El propio secretario del Senado, Gregorio Eljach, y algunos de quienes lideraron el apoyo reconocieron que las circunscripciones para la paz se habían hundido. Pero minutos después surgió otra interpretación según la cual el proyecto habría pasado: como tres senadores están en la cárcel –Musa Besaile, Bernardo Elías y Martín Morales–, la mayoría se calcula sobre 99, y los 50 votos alcanzados hacen mayoría. El presidente Santos declaró esa noche que la reforma “sí pasó” y que el secretario “se precipitó y se equivocó”. “Fueron 50 votos, y 50 hacen mayoría en 99”, agregó.

Con esa teoría, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le pidió al presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda –quien votó a favor– continuar con el proceso normal que se lleva a cabo con las reformas constitucionales: enviar el texto aprobado a la Presidencia para que lo publique. Con este procedimiento, la reforma entra a regir y al mismo tiempo pasa a control automático de la Corte Constitucional. Esas fueron las reglas para los actos legislativos tramitados bajo el sistema de fast track.

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Rivera, en la misiva, explica su posición sobre por qué los 50 votos alcanzan para la aprobación. El argumento se basa en que la expresión “mitad más uno de los votos”, que muchos consideraban el requisito necesario, no existe. La reglamentación del fast track, en cambio, habla de “mayoría absoluta”, y esta se debe calcular sobre “la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas”. Como hay tres senadores detenidos –que pierden su condición por esa causa– para efectos del quorum y de mayorías hay que tener en cuenta la cifra de 99 senadores.

El otro argumento tiene que ver con la manera como se aproxima un número decimal a una cantidad entera. La mitad de 99 es 49,5. Según la Corte Constitucional, en un fallo de 2014, “la mitad aritmética se aproxima al siguiente número entero”. Esta corte definió así lo que es una mayoría en una sentencia sobre un trámite en la Comisión Primera del Senado.

Pero la oposición tiene otra visión jurídica. El Centro Democrático hizo público un comunicado que resume las razones por las cuales, desde su punto de vista, el proyecto de las 16 curules para las víctimas se hundió y quedó archivado. Y por las que, en consecuencia, el presidente del Senado no puede pasarlo para su publicación. Para el uribismo, el gobierno quiere “cambiar la Constitución para revivir las 16 circunscripciones especiales”.

Según el Centro Democrático, las mismas normas citadas por el gobierno conducen a una conclusión diferente: que el número de votos requeridos para aprobar reformas constitucionales sigue siendo de 52, la mayoría de los integrantes del Senado. La diferencia radica en que la norma que establece que se deben restar a los miembros que no pueden ser reemplazados se refiere a la formación de quorum y no a la definición de una mayoría. Quorum es el número mínimo de asistentes necesarios para deliberar o decidir, mientras que mayoría es el número de votos requeridos para decidir (luego de conformado el quorum). El uribismo tiene otros puntos, además de si hubo mayoría o no, para concluir que el proyecto quedó archivado.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, tiene en sus manos una decisión difícil. Debe resolver si acoge la petición del ministro Rivera, y envía el texto para su publicación –considerándolo aprobado– o si se abstiene de hacerlo y le da tratamiento de archivado. Lo más probable es que la Corte Constitucional tenga la última palabra, pues tendría que revisar el texto si se considera que pasó o resolver las previsibles demandas que llegarán, dada la sensibilidad del tema.

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Pero la pelea no es solo jurídica. La discusión técnica es compleja y en el escenario de la opinión se está presentando un pulso que apela a otro tipo de imágenes y discursos. El gobierno salió debilitado, aún si logra que la corte respalde su teoría. Haber llegado apenas a 50 votos, y depender de uno o dos más para asegurar la aprobación sin tanto trauma, no es un buen resultado. La precariedad de la votación no es culpa de los partidos que se oponen a la paz, sino varios miembros de las bancadas gobiernistas que estuvieron ausentes.

El debate se ha centrado más en lo que significan las 16 curules. Se supone que son un instrumento para las víctimas de la guerra. Están localizadas en regiones apartadas de los centros urbanos y golpeadas por el conflicto. Los acuerdos de La Habana consideraron que esta representación temporal de las zonas rurales les permitiría resarcirse de años de marginalidad y estar presentes en la legislación del posconflicto para defender sus intereses locales. Los partidos formales no pueden presentar candidatos a estas circunscripciones especiales. Ni los tradicionales, ni tampoco el de la Farc. El espíritu es que allí se postulen organizaciones sociales y líderes locales.

Pero la oposición uribista considera que la exguerrilla ejerce influencia en los 167 municipios de donde saldrían las curules y donde han hecho presencia las Farc durante años, y, por consiguiente, va a beneficiarse de esas curules. Muchos miembros del Centro Democrático suman estos 16 asientos a los 10 que sí tendrá el partido de la Farc -5 senadores y 5 representantes- según lo pactado en el acuerdo. Las otras, dicen, “no son para las víctimas, tienen nombre propio, son impuestas por las Farc”.

El último round de la pelea es de orden político. Los miembros de la oposición han presentado los hechos como una maniobra del gobierno para hacer trampa y como una arbitraria intención de cambiar las reglas después de haber perdido el juego. Mientras llega un fallo de la corte –que tardará meses– la versión oficial puede tener buenos argumentos jurídicos, pero lleva las de perder en el campo de la opinión. La imagen del secretario Eljach, cuando daba por hundida la reforma, ya dejó una fuerte sensación de punto final.