¿Se acaba la extradición en Colombia? Esto es lo que piensan expresidentes, exvicepresidentes, exfiscales, exmagistrados y abogados

“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”. Bajo esta sentencia, Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, luchó contra la extradición y sembró el terror durante las décadas de los ochenta y noventa. Paradójicamente, hoy muchos narcotraficantes prefieren terminar en las prisiones federales y negociar beneficios con la Justicia estadounidense a cambio de contar la verdad y entregar dinero. Aunque hay algunas excepciones, la mayoría ha pagado condenas moderadas, conservó algo de su fortuna e incluso ha podido quedarse viviendo en ese país.

Ante ese panorama, Gustavo Petro propuso esta semana un verdadero revolcón en materia de extradición. “Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano, con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico no se extradita a Estados Unidos”, dijo el presidente. Pero también advirtió: “Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos”.

Esta declaración del mandatario surgió tras una reunión que sostuvo con una comisión de alto nivel enviada por la Casa Blanca a Bogotá. Hasta ahora, Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre la propuesta del Gobierno Petro.

Desde 1997 y hasta el pasado 6 de agosto, Colombia extraditó 3.058 colombianos y 338 extranjeros a ese país. El mayor número se dio durante los ocho años de mandato de Juan Manuel Santos (1.402). En el caso de Iván Duque, en un solo periodo, fueron extraditadas 760 personas, el número más grande en apenas un cuatrienio.

Por su parte, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe fueron extraditadas 1.146 personas. En anteriores administraciones, el que más autorizó fue Andrés Pastrana (84). Ernesto Samper solo dio vía libre a cuatro.

A lo largo de estos años, grandes capos de la droga fueron enviados a Estados Unidos: Carlos Lehder, los jefes del cartel de Cali (Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela), 14 integrantes de la cúpula exparamilitar, Simón Trinidad y el jefe del Clan del Golfo (alias Otoniel), entre otros.

En el país, como era de esperarse, empezó el debate. Algunos consideran que el presidente Petro, simplemente, está haciendo uso de su discrecionalidad de extraditar o no siempre y cuando haya tenido el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. Otra discusión gira en torno a si existe o no un tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos.

SEMANA conversó con expresidentes, exfiscales, exministros, exmagistrados, exdirectores de la Policía y exvicepresidentes que han tenido que ver con este mecanismo de cooperación judicial. El expresidente Ernesto Samper aseguró: “No hay tratado entre Colombia y Estados Unidos. Hay convenios sobre extradición, pero no tratado. Podría ser una buena oportunidad para hacer un tratado que contenga la protección y las garantías que se les tienen que dar a los colombianos cuando son extraditados y que no están muy claras. En muchos casos se han violado principios, como el que dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito o que no pueden recibir penas en Estados Unidos por una cuantía superior a la que tendrían por el mismo delito en Colombia”.

Samper agregó: “A mí me parece que es una buena propuesta. Para darle más seguridad a esta política, debería ser llevada a una ley, en la cual se establezca claramente que las personas que colaboren con la paz total, bien sea a través de la denuncia o la verdad, según cada caso, puedan ser beneficiarios de la no extradición”.

Para el expresidente Andrés Pastrana, la situación es completamente distinta. “El tratado de extradición es un tratado, la extradición no es una decisión unilateral de Petro o de Estados Unidos. ¿Por qué me secuestraron? Porque Pablo Escobar y el cartel de Cali crearon los Extraditables. ¿Por qué? Para que no se aplicara el tratado de extradición. Se le olvida al presidente Petro que esto es un tratado de extradición y que, de común acuerdo entre las partes, deben cumplirlo. Por otro lado, Colombia es miembro y partícipe de todos los organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, en la lucha contra las drogas. Entonces, ¿Colombia renunciará a Naciones Unidas? ¿A todas las organizaciones? ¿A todos los tratados? Yo firmé un tratado con Fidel Castro para luchar contra el narcotráfico. ¿Qué pasará con todos los tratados que hemos firmado?”, sostuvo Pastrana.

En las tres semanas que lleva en la Casa de Nariño, es natural que el presidente Petro esté haciendo este anuncio teniendo en cuenta que fue una promesa de su campaña. El exministro de Justicia Yesid Reyes señaló: “Lo que el presidente Petro propone ahora es utilizar correctamente esa potestad, que siempre ha tenido el Ejecutivo, para valorar en cada caso concreto si una extradición tiene para la justicia colombiana más ventajas que desventajas y, de acuerdo con ese análisis, decidir si la concede o no”.

Sin embargo, algunos consideran que el cambio en las reglas de juego podría entorpecer la lucha contra el narcotráfico, que tanta muerte y dolor ha causado en Colombia. Por eso, Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, mostró su preocupación. “Es suicida obstaculizar la extradición, concediéndole permanencia al requerido por otro país. Tarde o temprano atentará contra el Estado alcahueta, pagándole así la negligencia al no enviarlo a que responda ante la Justicia que lo requiera de la nación donde haya delinquido. La extradición es indispensable en la eficacia de la lucha contra la criminalidad más lesiva. Por ello, las naciones deben colaborarse recíprocamente y hacerla más expedita, no entrabarla. Si los delincuentes se unen para obtener resultados más lucrativos, también cada Estado debe aportar decididamente, aliándose para confrontar con éxito, provechosamente, a las mafias internacionales”, anotó.

Si alguien conoce a profundidad el modus operandi del narcotráfico es el exvicepresidente y exdirector de la Policía, el general retirado Óscar Naranjo, quien dijo: “Lo que creo que hay que hacer es una evaluación completa de la propuesta. En principio, no creo que él (Petro) esté pensando en acabar la extradición, sino en darle prelación al tratamiento en Colombia en busca de asegurar verdad en unos casos y colaboración en otros. Habrá que ver de qué manera tiene un desarrollo. Por otro lado, el presidente es consciente de que, dado que la extradición es una figura jurídica para atacar el crimen transnacional, debe tener en cuenta al socio principal en esa lucha, que es Estados Unidos. Una iniciativa de esa naturaleza supone un fortalecimiento y transformación del sistema penitenciario colombiano. Si algo positivo tiene la extradición es que rompe la estructura de mando y control de los capos con el resto de la organización cuando están en Estados Unidos. En Colombia se corre el riesgo de que, desde las cárceles, los jefes del narcotráfico mantengan el control de las estructuras criminales dada la permisividad y la corrupción, que son evidentes en las cárceles. Es un riesgo alto para Colombia”.

Naranjo añadió: “Es conveniente revisar bien la aplicación de la figura de Petro porque la estamos aplicando sobre los mismos paradigmas de finales de los años ochenta y noventa, cuando realmente la justicia colombiana ha dado síntomas de una debilidad enorme y cuando el propósito era extraditar a los jefes de los carteles. Hoy hay una segmentación criminal. Los carteles ya no son los mismos. Hay otros intereses que desarrollar en Colombia y hay que darles garantías para que las personas capturadas con fines de extradición ofrezcan verdad plena con condiciones de seguridad. Ahí yo me pregunto si esos individuos están más seguros en Estados Unidos que en Colombia y, francamente, llego a pensar que están más seguros allá que en este país”.

Por el lado de los narcotraficantes, la propuesta del presidente Petro ha sido bien recibida, en el marco de su plan de buscar una “paz total” que incluya el “acogimiento con beneficios” para estas estructuras. De hecho, el Clan del Golfo y varios exparamilitares dieron a conocer hace algunas semanas una carta en la cual anunciaban estar listos para contar toda la verdad a cambio de la no extradición y otros beneficios.

El abogado penalista Gustavo Salazar, reconocido por haber defendido a grandes capos de la droga, como Pablo Escobar, los Mellizos y Pacho Herrera, entre otros, está convencido de que el revolcón que propone Petro en materia de extradición es lo más conveniente para atacar el problema.

“La propuesta de Petro me parece, además de inteligente y audaz, muy oportuna. Lo importante es que se vuelva una política de Estado, no de un Gobierno (...). No tiene sentido que el Estado negocie con un narco del Clan del Golfo u otro grupo, pero ellos no puedan salir a España o Venezuela porque los extraditan. Si aquí se dice no extraditamos, pero Estados Unidos no apoya por escrito esa fórmula, nada hacemos. Entonces, volvemos a la historia de que es mejor negociar con los gringos que con Colombia (...) se debe garantizar que no los perseguirán en ninguna parte del mundo, que negociando con Colombia negocian con Estados Unidos, Alemania, España y otros países”, dijo Salazar.

Él, con larga experiencia en procesos contra narcotraficantes, también conoce cómo piensan los capos. “Si el Gobierno de Petro cambiara la Constitución y la propuesta fuera una política de Estado y no del Gobierno de turno, muchos narcotraficantes se acogerían. Hay muchísimos que no quieren ir a Estados Unidos. A un narco de Putumayo, del Urabá antioqueño, no le interesará irse a vivir allá. Para unos aplica, para otros no. Quienes tengan vocación de citadinos se irán para Norteamérica siempre y cuando hagan una buena negociación”, agregó Salazar.

En controversia

La extradición ha sido un tema de debate público en Colombia durante los últimos 30 años. La época más crítica fue durante la guerra que libró el Estado contra Pablo Escobar. En ese entonces, con tal de no ser enviado con sus lugartenientes a las cárceles federales, el jefe del cartel de Medellín mató a candidatos presidenciales, a centenares de civiles con carros bomba, le puso precio a la cabeza de los policías, asesinó y secuestró periodistas, sobornó a miembros de la fuerza pública y hasta jueces y congresistas. En últimas, amenazó a Colombia y quiso someterla.

La historia del mecanismo ha sido larga y tortuosa, llena de incidentes judiciales y políticos dependiendo de la coyuntura nacional. Fue en el Gobierno de Julio César Turbay que se negoció el tratado de extradición ante Washington. Casi de forma simultánea los narcos pusieron en marcha un plan para tumbarlo.

Inicialmente, el entonces presidente Belisario Betancur se abstuvo de aplicar la extradición bajo el argumento de proteger la soberanía. Sin embargo, tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, decidió firmar extradiciones. Durante la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 pedía incluso que se tumbara la extradición. Los magistrados que murieron en ese holocausto nunca cedieron.

Luego, el 12 de diciembre de 1986, un conjuez terminó tumbando el tratado de extradición en la Corte. Posterior a ello, durante el Gobierno de Virgilio Barco se acudió al estado de sitio para extraditar colombianos por la vía administrativa, en medio de la guerra contra el cartel de Medellín.

A comienzos de 1991, el entonces presidente César Gaviria, a través de decretos, suspendió nuevamente la extradición. Ese año, en las discusiones de la Constituyente, los narcos se la jugaron a fondo para conseguir, a punta de terrorismo, que ese mecanismo de cooperación internacional quedara sepultado. Solo 13 constituyentes votaron a favor de la extradición.

Años más tarde, durante el Gobierno de Ernesto Samper, hubo una reforma y la extradición fue revivida sin retroactividad. Hoy las extradiciones hacia Estados Unidos se realizan con base en dicha reforma y lo que establece el Código Penal y de Procedimiento Penal.

El ex fiscal general de la nación y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, quien en sus columnas de opinión ha explicado claramente lo que ha significado esta figura, le dijo a SEMANA: “La propuesta de Petro no es novedosa. Todos los presidentes han aplicado políticamente la extradición. Lo que le falta a esa propuesta es saber cuál va a ser el tipo de negociación que se va a realizar. La alternativa de los narcos es si negocian acá o en Estados Unidos. A mí me tocó las dos caras del tema. Como procurador, defender la extradición de los nacionales, y como ministro de Justicia, atender las peticiones porque algunos querían negociar rápidamente en Estados Unidos”.

Asimismo, la ex fiscal general Viviane Morales fue tajante en que, a pesar de haber extraditado a más de 3.000 colombianos, el flagelo del narcotráfico no se ha acabado.

No obstante, le encontró un reparo a la propuesta del presidente. “No me pareció la forma como fue anunciada. Se hizo en una reunión con funcionarios de Estados Unidos. Hay un tema de formalidad que implica mucho en relaciones diplomáticas. Cuando uno se sienta en una relación bilateral, tiene que haber una agenda predeterminada. Uno no puede tomar por sorpresa al funcionario que viene de otro Estado para plantearle un tema tan grande como este. Siento que Colombia tomó por sorpresa a los funcionarios de Estados Unidos. De hecho, la única respuesta que dio el director contra la política de las drogas fue que era un tema que debía ser tratado con el Departamento de Justicia”.

El más tajante de los exfiscales consultados fue Néstor Humberto Martínez, quien consideró que el cambio en la extradición sí tendría consecuencias delicadas. “Esto es muy grave. Es un duro golpe a la lucha de Colombia y del mundo contra el delito global. En los últimos 20 o 30 años, hemos construido una alianza con todos los países del mundo a través de tratados de extradición para que haya cooperación judicial contra el narcotráfico, el lavado de activos, etcétera. Colombia terminaría saliéndose de ese mecanismo de cooperación judicial. Por supuesto que no lo podemos aceptar ni los colombianos ni mucho menos el Gobierno de Estados Unidos. Ni los europeos, con quienes seguramente habrá que denunciar los tratados existentes. Pero lo más grave es que no es un ultimátum. No se dice: ‘Quienes como narcotraficantes no se entreguen a más tardar tal día van a tener todo el peso de la ley y serán extraditados’. Más bien al narcotraficante que sea descubierto no se le extradita. Puede ser dentro de dos años, entonces no es un ultimátum, sino francamente una patente de corso”, dijo el exfiscal.

El exvicepresidente y exembajador en Estados Unidos, Francisco Santos, se atrevió a hacer una especie de predicción política y no solo desde el punto de vista de las consecuencias en los cambios que habría en materia de extradición, sino bajo la óptica del fin de los bombardeos, del no uso del glifosato y del reciente retiro de más de 50 generales.

“Es, absolutamente, una decisión de darles a los narcotraficantes la tranquilidad de que pueden vivir en Colombia sin ser sujetos de ningún castigo. El señor Petro en tres semanas de gobierno está convirtiendo a Colombia en el nuevo México, en un escenario donde los narcos serán dueños totales de regiones. Acuérdese: esos narcos acaban creando, como sucedió en los ochenta, las organizaciones paramilitares (...). El único responsable de todo esto es Gustavo Petro”, aseguró Santos.

Por ahora, el presidente Gustavo Petro ya destapó sus cartas respecto a lo que busca con la extradición. Falta conocer la postura del Gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente, Joe Biden, ciertamente ha sido cordial con Petro. A tal punto que solo bastaron 36 horas después de su triunfo en las urnas para llamarlo y felicitarlo.

Igualmente, falta conocer los detalles de cómo sería la reforma, jurídicamente hablando, quiénes serían los beneficiarios y bajo qué condiciones. Quizás, de la mano de esta nueva política, se deben poner en marcha profundas reformas al sistema carcelario y a la justicia.Lo cierto es que esta discusión apenas empieza.