Política

Citarán a la procuradora Cabello a rendir cuentas ante el Congreso por los 1.208 nuevos cargos

El representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, llamará a audiencia pública a la líder de la Procuraduría para evidenciar el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

29 de diciembre de 2021
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Margarita Cabello deberá rendir cuentas sobre el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. | Foto: Presidencia

En medio de la tormenta por los 1.208 nuevos cargos que nombraría la Procuraduría General de la Nación, se conoció que la procuradora Margarita Cabello deberá rendir cuentas ante el Congreso por el manejo que le ha dado a la reforma al Código Disciplinario y al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó cambios en la institución.

Así lo dio a conocer el representante Juan Carlos Wills, quien anunció que citará a la funcionaria. “Vamos a citar a audiencia pública a la señora procuradora para que le explique a la opinión pública y evidencie lo que se está haciendo. Es para que la Procuraduría pueda seguir trabajando de manera natural con los rangos internacionales”, explicó.

El Partido Conservador, que apoyó ampliamente la elección de Cabello, lidera la iniciativa de llamar a la procuradora. Para Wills, la reforma a la Procuraduría terminó en otorgarle rango internacional a la institución para que las investigaciones y sanciones se llevaran a cabo con todas las garantías.

El representante sostiene que se llevó a la Procuraduría a una mejora que garantizaría llegar a más actos de corrupción, dado que se había evidenciado anteriormente que existía una falta de juzgamiento frente a estos hechos.

Margarita Cabello, procuradora
Margarita Cabello, procuradora. | Foto: PGN

“Vamos a llamar a la Procuradora General de la Nación para que le explique en audiencia pública desde el Congreso a todo el país, cuál fue la reforma real que se hizo y se explique ese rango internacional, esas reglas internacionales que se exigen para que la Procuraduría General de la Nación pueda seguir trabajando naturalmente”, informó, sobre los motivos de su llamado.

Seguramente, se hablará y justificará ampliamente la posible apertura de nuevos cargos que fortalecerán a la Procuraduría. Precisamente, por la determinación de separar la investigación del juzgamiento y para mantener la agilidad de la institución, se acordó que se necesitan un poco más de 1.200 cargos. Sin embargo, a pesar de que el análisis de Función Pública haya arrojado esa necesidad, la procuradora Cabello sostiene que se contratará de acuerdo a las posibilidades en presupuesto de la autoridad disciplinaria.

Cabello le contó a SEMANA que iniciaría la contratación de forma paulatina y que se debe, en primer lugar, ajustar el presupuesto de la institución. En primer lugar, estima la procuradora, se podrían contratar entre 200 y 300 nuevos funcionarios.

“Siendo todavía más exagerada, de pronto tendrían que ser 400 después del segundo semestre o algo así. No tengo la cifra, pero no pueden ser muchos de esos 1.208 cargos. No nos daría ni el presupuesto ni la operación logística para hacerlo”, explicó.

La procuradora también negó la posibilidad de pedirle dineros a Hacienda para costear la contratación por el año que viene. Por otro lado, en 2023 y a la espera de la reactivación económica, podría haber peticiones. “Habrá que entrar a discutir presupuesto en el Congreso y en Hacienda a ver si es posible. En 2024, de la misma manera”.

¿La Corte IDH no está satisfecha?

La reforma al Código Disciplinario estuvo centrada en el fallo de la Corte IDH que resolvió el pleito entre Colombia y el ahora senador Gustavo Petro. Sin embargo, entre la polémica por los nuevos cargos y los señalamientos que trasladan la responsabilidad de estos nuevos costos al precandidato presidencial, se conoció que el tribunal internacional no está satisfecho con el resultado.

Según el noticiero CM&, un documento de la Corte indicaría que la reforma a la institución no cumple con la sentencia. La resolución, con fecha del pasado 25 de noviembre, plantea cuestionamientos por las capacidades que aún posee la Procuraduría de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos electos democráticamente.