Civiles disparando en “legítima defensa”: expertos analizan el riesgo del porte de armas

Luego de que en los últimos días, en medio del paro nacional, se presentaran hechos violentos y múltiples denuncias por civiles armados que atacan a manifestantes y miembros de la Minga indígena, surge de nuevo el debate sobre la conveniencia o no de que en Colombia se permita a particulares la tenencia y porte de armas de fuego.

No son pocos los videos que circulan en redes sociales mostrando a personas en varias regiones, especialmente en Valle del Cauca, apuntando y abriendo fuego contra miembros de las comunidades indígenas, como lo evidencia una grabación en que el conductor de un vehículo acciona su arma para evitar que mingueros avanzaran hacia conjuntos residenciales en Cali, en medio de un ataque con piedras.

Otra de las imágenes que ha generado impacto y controversia muestra a varios hombres con camisetas blancas corriendo y disparando justo al lado de algunos policías, que ni siquiera se inmutan.

Tras estos hechos, el pasado domingo se conocieron denuncias de, al menos, 10 miembros de la minga heridos con arma de fuego, al igual que una joven universitaria de 23 años, identificada como Daniela Soto, quien recibió dos disparos en el abdomen y fue sometida a una cirugía.

Lo cierto es que, además de estos ataques, se registraron hechos vandálicos y alteraciones de orden público, por lo que autoridades departamentales rechazaron estos actos y pidieron investigaciones para dar con los responsables.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, expresó su condena e instó al Gobierno nacional y a los líderes del paro a que encuentren pronto salidas negociadas que pongan fin a los hechos de violencia.

¿Por qué dispararon contra indígenas?

Ospina dijo en entrevista con SEMANA que lo acontecido en la ciudad inició como reacción por parte de los indígenas, luego de que fueran atacados a tiros por habitantes de algunas zonas de la ciudad.

“Muy temprano había guardia indígena en diferentes partes de la ciudad, realmente tranquilos y haciendo más bien una clase de presencia en algunos espacios. Señalan algunos sectores, yo no lo vi, que parte de esta guardia indígena adelantó labores de requisa a ciudadanos y eso exaltó en redes una acción en contra de la comunidad indígena”, dijo en su momento Ospina.

El mandatario local también comentó que la llegada de indígenas a Cali habría generado que hombres armados “con camionetas de alto valor, cilindraje, con personas vestidas de blanco, adelantaran un cierre en la vía Panamericana y otros puntos, uno de ellos muy cercano a Ciudad Jardín donde se encuentran los más altos ingresos de Cali”.

Estos hechos llevaron a acciones violentas, ya que hombres armados empezaron a disparar en ese punto, dejando varios heridos.

A su vez, el mandatario de los caleños manifestó que, en respuesta, algunos indígenas empezaron a incendiar y a destrozar vehículos, generando angustia y temor entre la comunidad.

Rechazo al porte de armas

No es la primera vez este año que se habla sobre la tenencia y porte de armas de fuego. Desde el pasado mes de marzo los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés, del Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley para impulsar la iniciativa, buscando eliminar la figura del “porte especial de armas”, que desde el año 2016 suspendió los permisos para el porte.

En su momento, el Gobierno rechazó la propuesta de manera tajante. El consejero presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, fue enfático en señalar que la política del presidente Iván Duque es clara: desarmar a los colombianos.

Además, Guarín aseguró que el camino para combatir la inseguridad y delincuencia no es armar a los ciudadanos ni promover la compra de armas, al recordar que en el país no es un derecho tener estos elementos, ya que recalcó que su uso es exclusivo de la fuerza pública.

En ese mismo sentido opinó esta semana el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, que el pasado domingo pidió que se prohíba el porte de armas en la ciudad.

Monseñor Monsalve cree que deben establecerse retenes militares y de Policía en toda la malla urbana. “Desbloquear a la fuerza sería desatar el arsenal de Cali”, aseveró el más alto cargo de la iglesia católica en el departamento del Valle del Cauca.

“Protesta SIN ARMAS. Concertación CON GARANTÍAS. La ciudadanía, ojalá liderada siempre por un ESTADO de derecho, es permanente constructora de convivencia civilizada, pacífica. CONVOCO a todos, hombres y mujeres, a sumarnos y a hacernos voluntariado de solidaridad y paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Varios expertos en seguridad opinan lo mismo. Néstor Rosanía, del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, explica que “tener armas en las calles no se traduce en una mejor seguridad”.

“En Colombia hay más casos de homicidio por intolerancia que por el conflicto armado. Ceder o compartir el monopolio de las armas por parte del Estado es una clara muestra de debilidad”, dijo el especialista.

Además, el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, señala que “a la gente de bien se le puede ir la mano. La evidencia empírica demuestra que la liberación en la tenencia y el porte pueden disparar el crimen violento, los feminicidios, la violencia intrafamiliar. Por eso, es necesario seguir con las restricciones existentes”.