¿Los civiles y los paramilitares caben en la JEP?

¿Estar o no estar en la JEP? Ese es el gran dilema que por estos días se plantean exfuncionarios, empresarios, exparamilitares, políticos y parapolíticos, tanto retirados como activos. En pocos días vence el plazo para que los civiles y agentes del Estado no combatientes pero con delitos en el conflicto armado manifiesten voluntariamente su intención de contar la verdad ante el Tribunal para la Paz, a cambio de beneficios judiciales. Ese plazo general para los llamados terceros se cumple al mismo tiempo que comienza un debate de gran calado: ¿debe cerrarse la ventana por la que los paramilitares se asoman a la JEP? ¿O corresponde abrirles oficialmente la puerta?

La situación de los terceros, todos aquellos que sin usar uniforme o echar plomo tuvieron un rol activo y relevante en el conflicto, cambió por completo en noviembre de 2017, cuando la Corte Constitucional acotó en algunos aspectos el acuerdo de paz. Frente a los no combatientes implicados en la guerra, los magistrados determinaron que su comparecencia ante la JEP no podía ser obligatoria, sino voluntaria, bajo el incentivo de obtener las mismas gabelas contempladas para exguerrilleros y miembros de la fuerza pública. Luego, la ley estatutaria estableció un término de tres meses para que los terceros, de manera formal, levanten la mano y se acojan a la justicia transicional. Ese plazo vence el viernes 6 de septiembre.

Salvatore Mancuso terminará su condena en Estados Unidos el año entrante. Espera que la JEP lo admita para confesar allí los más duros secretos de la guerra.

De momento, en la JEP hay 589 solicitudes de terceros civiles interesados en confesar lo que hicieron a cambio de resolver sus líos judiciales. Los despachos tienen en estudio avanzado el grueso de esas peticiones, entre cuyos solicitantes hay empresarios, ganaderos, contratistas. Además, existen otras 100 peticiones en el mismo sentido suscritas por personas que auspiciaron irregularmente el conflicto, como agentes del Estado, es decir, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y agentes del DAS, entre otros exfuncionarios. 

La comparecencia de los terceros ha sido un tema ácido. La guerrilla en La Habana reclamaba que estos debían ir al banquillo obligatoriamente. Incluso, el hoy senador Carlos Antonio Lozada argumentó que “si la Farc, antes de hacer política, debe pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”. Por su parte, el entonces vicepresidente Germán Vargas, a finales de 2017, rechazó que el acuerdo de paz tuviera ese alcance. “No podemos aceptar que ahora se vaya a procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores políticos, a los partidos (…) nadie entiende por qué 48 millones de colombianos quedamos sometidos a esa jurisdicción”, dijo. 

Asimismo, el uribismo en pleno se opuso, alegando que cualquiera podría inventarse una acusación para enlodar a empresarios de bien. Entretanto, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez negó que en la entidad hubiera 16.000 procesos contra empresarios y estimó la cifra real en el 1 por ciento de eso, es decir, unos 160 expedientes. Además, consideró que por economía procesal esos casos deberían quedarse ahí. “En realidad, la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las Farc y de los paras”, dijo. 

José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, solicitó ser admitido en la JEP. Propone hablar sobre el crimen de Jaime Garzón siempre que le brinden garantías de seguridad y las gabelas que ofrece la justicia transicional.

En medio del alto voltaje, la Corte Constitucional encontró una salida –terceros sí, pero voluntariamente– que cayó bien. En su sentencia, los magistrados también ordenaron que la Fiscalía debía priorizar las investigaciones contra terceros como un mecanismo para que estos decidieran comparecer ante la JEP. El fiscal Martínez se comprometió, pero presentó su sorpresiva renuncia dos años después sin que el tema avanzara. Ahora, al vencerse el plazo para que los terceros soliciten sometimiento, arranca el momento decisivo en que estos empezarán a narrar su verdad ante la JEP.

Con seguridad, los parapolíticos lo harán. Cerca de 40 excongresistas tocan las puertas de la JEP, entre estos Zulema Jattin, Álvaro Ashton, Salvador Arana, Álvaro García, Habib Merheg y Héctor Julio Alfonso López. También hay 5 exgobernadores y 12 exalcaldes, como Juan José Chaux Mosquera, Julio Enrique Acosta Bernal, Juan Francisco Gómez Cerchar, Ramiro Suárez Corzo y Jorge Luis Alfonso López. Todos aspiran a que los admitan para lograr beneficios, como el exsenador David Char Navas, que recuperó la libertad y en las próximas semanas deberá confesar acerca de cómo los paramilitares se proveían de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. 

En los últimos días, la opinión pública conoció la solicitud de sometimiento presentada por José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, condenado por el crimen de Jaime Garzón, quien anuncia que quiere hablar de ese caso siempre y cuando le brinden seguridad. También está, ya con libertad anticipada otorgada, Magally Yaneth Moreno, exasistente de Ana María Flórez, la ex directora seccional de Fiscalías en Cúcuta, recordada como Batichica y prófuga desde que se supo que era una ficha del jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

En cuanto a los empresarios, hay nombres como el de Enilse López, más conocida como la Gata (y sus dos hijos, exmandatarios regionales). Asimismo, Benito Molina Velarde, quien presidió el Fondo Ganadero de Córdoba y tiene una condena por despojo de tierras. Molina es un personaje poderoso que conoce los secretos de la expansión paramilitar en el norte del país, y los nexos de ese fenómeno con la clase empresarial y política. 

También esperan ser admitidos en la JEP como terceros los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio. Desde prisión estos hacendados han enviado sus solicitudes de sometimiento, piden protección y anuncian estar dispuestos a confesar la verdad relacionada con la masacre de El Aro. Los hermanos están condenados por haber planeado esa matanza, y uno de ellos también por el crimen del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado por paramilitares al tratar de develar el trasfondo de la masacre ocurrida en octubre de 1997.

A todos los particulares que quieren saldar sus cuentas con la justicia bajo la sombrilla de la JEP, esta les exige hacer un aporte concreto a la verdad, reparación y no repetición. En la práctica, eso significa que los comparecientes no pueden limitarse a repetir lo que ya dijeron ante la justicia ordinaria, sino que deberán revelar lo que han callado. La ecuación consiste en sacrificar justicia a cambio de mayor verdad y reparación para las víctimas, con el propósito de superar el conflicto. 

¿Paramilitares sí o no en la JEP? 

Precisamente, por cuenta de esa premisa esencial, algunos consideran que la JEP no podrá consolidar una verdad completa sin que los paramilitares participen. Pero incluirlos no es nada fácil. El marco legal de la Jurisdicción para la Paz no contempla a quienes formaron parte de grupos paramilitares. La mesa diseñó la JEP para exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y terceros no combatientes. A la fecha, el Tribunal para la Paz ha rechazado a 300 exparas que han pedido pista. Aun así, en los últimos meses, se abrió una rendija.

En efecto, en un par de providencias los magistrados admiten que pueden existir “circunstancias que justifiquen excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP”, lo cual permitiría el ingreso de los paramilitares. Los magistrados de paz revisan esa línea roja a la luz de varias sentencias de la Corte Constitucional, en las que esta señala que el conflicto armado colombiano es un fenómeno “complejo, multicausal y con variedad de actores”. 

Los magistrados de la JEP han producido dos autos en los que admiten que “excepcionalmente” su competencia podría extenderse a paramilitares.

Hasta ahora no han recibido a ningún paramilitar, pero más de uno está invocando los pronunciamientos en que los magistrados admiten la posibilidad. El primero de estos es Salvatore Mancuso, el jefe de las autodefensas extraditado y próximo a cumplir su pena en Estados Unidos. Mancuso argumenta que como máximo comandante tiene conocimiento de 80.000 hechos criminales, y que en Justicia y Paz, la jurisdicción creada para los paras, solo se refirió a 2.000. Señala, además, que por miedo se guardó los más duros secretos de la guerra.

Junto con Mancuso hacen fila otros jefes de las autodefensas, como Carlos Mario Jiménez, Pablo Hernán Sierra, Edwar Cobos Téllez, Jorge Iván Laverde, Iván Roberto Duque y Fredy Rendón Herrera. Un problema adicional es que Justicia y Paz, creada con la Ley 975 en 2005, finaliza su vigencia el próximo año. Será necesario prorrogarla mediante otra ley en el Congreso o buscar alguna fórmula para que miles de paramilitares sin sentencia no queden en el limbo jurídico.

Pero no hay muchos defensores de esa jurisdicción: en 14 años de existencia, Justicia y Paz solo ha proferido 35 sentencias. Eso significa un nivel de impunidad superior al 90 por ciento, pues “los hechos delictivos cobijados por esos fallos son 5.401, un 6,6 por ciento de los 82.114 imputados por la Fiscalía”, señala un estudio hecho por la Contraloría.

En los próximos días, el gran debate político-legal, dentro y fuera del Congreso, girará en torno a qué hacer con los paramilitares que se desmovilizaron. El 24 de agosto, el presidente Iván Duque, en reunión privada con los congresistas del Valle, les anunció que se opondría a que los paramilitares entraran en la JEP y contó que estaba pensando presentar un proyecto de ley para eliminar de tajo esa posibilidad. 

Por su parte, el senador Roy Barreras, exnegociador en La Habana, estudia varias iniciativas. Por un lado, considera, para no cercenar la verdad en la JEP, la opción de que los paramilitares puedan comparecer solo en calidad de testigos y que reciban los beneficios que esta jurisdicción contempla, como reclusión en colonias agrícolas, suspensión condicionada de la pena y habilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

El senador analiza también otra alternativa: presentar un proyecto de ley que abra oficialmente la puerta para que los exparas puedan migrar a la JEP siempre y cuando, como los terceros, hagan un aporte significativo a la verdad. En este caso no podrían simplemente repetir lo que ya han entregado en Justicia y Paz. “Tenemos que pensar con serenidad pero con seriedad y buen tino cuál es la mejor fórmula para la paz, el país y las víctimas”, dice Barreras.

 El senador Roy Barreras presentará un proyecto de ley para aclarar el destino de los exparamilitares que hoy están en el limbo del sistema de Justicia y Paz.

El debate será durísimo. Hay quienes consideran absurdo admitir a los paramilitares, otros lo creen necesario, y algunos más tienen reparos importantes. Como la representante verde Juanita Goebertus, quien también participó en la negociación de La Habana y teme que incluir a los paras en la Jurisdicción para la Paz generaría el colapso de la misma: “La JEP ya tiene una carga muy grande que asumir para lograr investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos por la guerrilla y por los agentes del Estado”. La congresista considera que los paras pueden contribuir a esclarecer los hechos en la Comisión de la Verdad. Pero sin gabelas judiciales nadie va a animarse y solo la JEP puede concederlas.

Hay, además, quienes temen que al comenzar el debate sobre una reforma a la JEP para determinar qué hacer con los desmovilizados de las autodefensas se abra una tronera en que puedan caber otros asuntos, como los planteados en las famosas y fallidas objeciones del presidente Duque a la Jurisdicción para la Paz. Ese ejercicio relegó por un semestre otros debates en el Congreso. Y volver sobre ese pantano sería un viaje al pasado perdido. Por todo ello, algunos prefieren dejar las cosas como están. 

Pero esa opción no existe. El grueso de los civiles que voluntariamente comparecerán ante la JEP lo harán para hablar, en su mayoría, de los nexos del empresariado y la clase política con los ejércitos paramilitares. Por su parte, los paras seguirán insistiendo en la rendija ya abierta, considerando que Justicia y Paz caduca el año próximo. La pregunta de fondo es si una verdad que excluya el fenómeno paramilitar reflejaría la auténtica historia del conflicto colombiano. Es el eterno debate entre memoria, paz y verdad por la mejor manera de pasar la página.