La guerra que llevó al Clan del Golfo a pensar en su rendición

El sometimiento del Clan del Golfo a la Justicia parece estar cerca. La semana pasada el gobierno y los representantes del grupo criminal más peligroso de Colombia anunciaron que están definiendo los detalles finales, como las zonas en las que se concentrarían los criminales luego de entregar las armas.

El pasado 9 de julio se terminó de allanar el camino. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de sometimiento de las bandas criminales, destinada a ser el marco legal para la eventual entrega de esta y otras organizaciones delictivas. Como está planteado, no se ofrecen ningún tipo de prebendas a los integrantes de esas bandas diferentes a las que ya están contempladas en los códigos, como una rebaja del 50 por ciento de la pena a quien se entregue, acepte y confiese sus delitos, entre otras. El gobierno confía en que un buen número de los integrantes se someta, pero aún no es claro si los máximos jefes le jalarán a la ley.

Lo único concreto por ahora es que la persecución a los integrantes de esa estructura continúa con intensidad y todos los días hay resultados en contra del Clan del Golfo. Justamente esa presión, que comenzó desde hace tres años cuando se lanzó la Operación Agamenón para desarticular esa estructura y capturar a sus integrantes, es la que terminó por llevar a estos delincuentes a aceptar someterse a la justicia.

El cerco

SEMANA estuvo hace pocos días en las zonas donde se concentran las mayores operaciones contra el clan. Uno de los lugares más representativos es San Pedro de Urabá, una población donde, según el Dane, el 20 por ciento de los habitantes no saben leer y el 70 por ciento vive en casas sin alcantarillado. La mayoría de las tumbas en el cementerio de este lugar están acompañadas de una placa sencilla con la fecha del último día del difunto entre los vivos y una cruz, en ocasiones de palo. Sin embargo, llaman poderosamente la atención cinco sepulcros que terminaron convertidos en mausoleos. Tienen paredes y techos de mármol, sillas para los dolientes y flores nuevas cada día.

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Son las tumbas de cinco de los criminales más peligrosos que han pasado por el Urabá antioqueño. Contienen los restos de alias el Negro Sarley, Pablito, Bigotes, Guagua y el Indio. Todos hicieron parte de la cúpula de esa banda. Sus sepulcros son el reflejo de sus vidas entre lujos y excentricidades de narcos, y con una fecha de muerte que da cuenta de un paso corto por el mundo, con un final violento.

Como estos, en otros camposantos de la región se ve el mismo contraste. Es el testimonio de la guerra librada allí entre la Policía, las Fuerzas Militares y los hombres de Otoniel, que llegó a un punto insostenible para los criminales. Del cartel inicial, en el que aparecieron los rostros de los 24 capos más buscados y que dio inicio a la Operación Agamenón en 2015, solo quedan 6. Entre los miembros fundadores y la cúpula de esa organización criminal apenas sobreviven Otoniel, el jefe del clan, y Nicolás, el actual segundo al mando. Juan de Dios Úsuga y el Negro Sarley, los fundadores de la agrupación, fueron los primeros en morir en combates con la Policía. Los siguieron el Indio, Inglaterra y Gavilán, este último, el más depravado, con una fijación por abusar sexualmente a niñas y de asesinar al que fuera por lo que fuera, incluso por un chisme.

Sin sus máximos capos, que habían hecho escuela criminal entre paramilitares y guerrillas, el clan se ha visto obligado a delegar responsabilidades de estructuras y negocios gigantes a delincuentes inexpertos. Y eso ha desembocado en el debilitamiento de la organización y de sus jerarquías. De los casi 4.000 hombres en armas que tuvieron en su momento de auge, ahora quedan cerca de 1.800 en armas y otros 1.000 de apoyo en temas logísticos y de redes criminales.

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Durante Agamenón, 2.279 personas han sido capturadas y 93 delincuentes han muerto en combates. Pero ese balance también le ha costado mucho al Estado: 35 uniformados murieron en las operaciones y 18 policías fueron asesinados durante el plan pistola que decretó el grupo como retaliación a la caída de sus jefes.

En el cementerio de San Pedro están los mausoleos de ‘El negro Sarley‘, ‘Pablito‘, ‘Bigotes‘, ‘Guagua‘ y ‘El indio‘.

La disminución de sus hombres es solo uno de los golpes que causó la inflexión del clan. Las autoridades han destruido 93 laboratorios y han incautado 327 toneladas de cocaína, que pueden costar más de 700 millones de dólares, por los que el clan tiene que responder, pues esa estructura no es la dueña de toda la droga que se envía a Centroamérica, sino la encargada de las rutas que usan muchos otros narcos. Por esos millonarios golpes hay criminales que ya no confían en el clan y, desde el mismo corazón del Urabá, envían sus cargamentos sin su permiso en una clara muestra de debilidad.

Las fortunas que aprendieron a lavar en el mundo legal también se están agotando. Hay 789 bienes en extinción de dominio, avaluados en 800.000 millones de pesos, que estaban en manos de testaferros, entre ellos la pareja de Otoniel, sus hermanos y sobrinos. Todo eso, sumado a los robos entre las mismas estructuras, ha llevado a esta organización a una crisis de liquidez. Los hombres están abandonando la tropa porque el grupo no tiene para pagarles el salario mínimo que se gana un combatiente raso. La Policía ha interceptado comunicaciones que dan cuenta del declive.

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“El hermanito Domingo se fue con la 30 (su compañera). Que yo me voy, dígale que estoy desertando, que me voy. Estamos aquí sin comida. Entonces el hermanito no aguantó y se fue”. Eso se le escucha decir al jefe de una estructura de Tierralta (Córdoba) en una conversación con otro de sus pares. Es una situación que es recurrente en los últimos meses.

                                                                                                                                     Jorge Eduardo Mora

El general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín de la Policía y quien ha estado a cargo de la Operación Agamenón I y II desde el comienzo en 2015, cuenta que el escenario inicial en Urabá no solo estaba marcado por el poder en armas del clan, sino por su infiltración en el Estado. “Hemos capturado jueces, funcionarios de la fuerza pública y judiciales o autoridades municipales que han colaborado con el clan. Los buenos resultados que se han tenido también son producto de esa lucha por garantizar la transparencia dentro de la campaña”, dice.

Esa pérdida de poder y los golpes recibidos por parte de los hombres liderados por el general Vargas hicieron que algunas estructuras que antes estaban bajo las órdenes de Otoniel, como los Caparrapos, en el Bajo Cauca, formaran una disidencia y le declararan la guerra. El clan también tuvo que frenar su plan de expansión, con el que pretendía controlar rutas del narcotráfico en otras regiones. De los 160 hombres que llegó a tener en el Catatumbo bajo las órdenes de Inglaterra, ya solo quedan 60 que están retornando al Urabá, luego de la caída de su jefe. Igual pasa en los Llanos Orientales, donde Otoniel le pagó 2 millones de dólares al exparamilitar alias Soldado para tener la franquicia del narcotráfico. Allí solo quedan 30 de los 140 hombres del clan. En Nariño, donde compiten con el ELN y cinco disidencias de las Farc, hay 20.

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El jefe del clan, Otoniel, estuvo a punto de caer dos veces. En la primera, en pleno operativo, según confirmó luego uno de sus hombres, se tropezó y rodó por un barranco, lejos del alcance de los policías que en ese momento lo perseguían. Se salvó sin querer. En otra operación, se deshizo de sus escoltas cuando se vio rodeado y se camufló entre la gente, sin armas, como cualquier parroquiano. Ahora ha perdido la comunicación con muchos eslabones de su estructura. Está aislado, junto a tres hombres de confianza y varios anillos de seguridad, compuestos por unos 120 delincuentes que lo protegen y que son dirigidos por alias el Mico.

“Quizás habrá algunas estructuras del Clan del Golfo que querrán seguir delinquiendo, que no se sometan a la justicia. Si es así, ya se tiene en mente la Operación Agamenón III, ya estamos adelantándonos”, explica el general Jorge Eduardo Mora, comandante de la fuerza contra amenazas transnacionales del Ejército, que entró junto a las Fuerzas Militares a la segunda fase de Agamenón, en junio de 2017.

La presión contra Otoniel es fuerte y él sabe que puede ser el siguiente en caer. La rendición o la muerte es el dilema que carga sobre sus hombros. Ahora tendrá seis meses, el tiempo de vigencia de la ley de sometimiento, para firmar su entrega. Sabe que de no hacerlo podría ocupar otra de las extravagantes tumbas del cementerio de San Pedro de Urabá.