Lo que viene para el Clan del Golfo: un camino culebrero

En el acuerdo de La Habana ya estaba escrito. Un pequeño párrafo, al final del punto tres, dice que el gobierno, en coordinación con la Rama Judicial, presentará un proyecto de ley, por la vía del fast track, para facilitar el sometimiento a la justicia de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Esto quedó incluido como parte de las garantías de seguridad para las comunidades afectadas por el conflicto armado y los propios excombatientes de las Farc, dado que no hay que ser un genio para saber que estos grupos coparían muy pronto los espacios abandonados por los insurgentes.

La Fiscalía y el ministro de Justicia ya venían trabajando ese proyecto de ley, pero esta semana el jefe del Clan del Golfo envió un video para anunciar que se acogerá a la justicia. Por eso, el presidente Santos le pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez y al ministro Enrique Gil ponerle el acelerador a la búsqueda de una fórmula en la justicia ordinaria. Que una estructura criminal decida abandonar su actividad delincuencial es una buena noticia por donde se le mire. Pero se sabe que este es un proceso que si se hace bien, puede salir perfectamente, y si se hace mal, se puede convertir en una tragedia.

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No es la primera vez que en Colombia un grupo criminal se somete a la justicia. Hace tres décadas, por primera vez, esta figura sirvió para llevar a Pablo Escobar y sus sicarios a la cárcel. La experiencia salió mal, pero era otro contexto. El gobierno estaba acorralado por el narcoterrorismo, mientras que hoy los acorralados son los miembros del Clan del Golfo, quienes, desa-parecidas las Farc, quedan como blanco principal de la fuerza pública.

También puede entenderse como un sometimiento a la justicia la desmovilización de las AUC, que en algunos aspectos salió bien, pues efectivamente muchas de esas estructuras paramilitares desaparecieron. Pero en otros salió mal, pues se recicló fuertemente la violencia y quedaron casi intactas sus estructuras políticas y económicas.

Desde entonces las bandas criminales no han dejado de crecer, pero el gobierno se quedó sin instrumentos para un eventual sometimiento. Grupos desprendidos de las bacrim que se han entregado a la justicia, como el Erpac en los Llanos Orientales, un grupo de Rastrojos en el Chocó y más recientemente 126 milicianos expulsados de las Farc en Tumaco, han quedado en un limbo jurídico que ha servido de incentivo para que reincidan.

El fenómeno de grupos criminales híbridos, como el Clan del Golfo, no es exclusivo de Colombia. En varios países del continente, donde hay fuerte incidencia del narcotráfico, algunos grupos tienen control territorial, están bien armados, tienen una estructura relativa de mando, mucho dinero y tentáculos en la fuerza pública, la política, la economía, así como cierto arraigo social. Desde hace un lustro, El Salvador enfrenta el debate entre negociar con las pandillas conocidas como las maras o lanzar una política de mano dura. Las treguas y pactos no han salido bien. Tampoco han salido bien en ciudades de Brasil y México donde el Estado termina por mostrarse más débil que los criminales. Por eso, el éxito o fracaso con el clan depende de la filigrana con la que el gobierno diseñe la ley de sometimiento.

El primer problema del gobierno es caracterizar a estas bandas. En abril del año pasado el Ministerio de Defensa sacó una directiva que las definió como grupos armados organizados, y las puso en el marco del derecho internacional humanitario para poder combatirlas. Esa directiva, por la puerta de atrás, les dio reconocimiento como actores del conflicto, definición que comparte el CICR. Eso alimentó en Otoniel y su gente la ilusión de lograr el estatus de grupo político. Sin embargo, el gobierno ha descartado cualquier trato de ese tipo, y anunció que toda fórmula estará en el marco de la justicia ordinaria y no de la transicional, aplicada a las Farc y las AUC.

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Sobre esa base, lo primero que tendrá que resolver la ley en ciernes es cómo se acoge un colectivo a la justicia. Como se sabe, el derecho penal se aplica a los individuos y no a los grupos. La ley tendrá que encontrar un camino intermedio para juzgar a los jefes del clan, pero darles un tratamiento diferenciado a las bases. Se calcula que este grupo tiene entre 3.000 y 5.000 personas dedicadas a vigilar las rutas del narcotráfico. Cada muchacho de esos, al que llaman punto, se gana entre 800.000 pesos y 1.500.000 solo por estar armado en un lugar, controlando el territorio.

Lo anterior da pie a la necesidad de un programa de resocialización de estos jóvenes, casi todos sumidos en la miseria e impregnados por la cultura del consumo y la vida fácil. No será sencillo, pero es absolutamente necesario pensar en que el crimen organizado también tiene una dimensión social. Esto suena muy bien en el papel, pero en la práctica es muy complicado. Si la reincorporación de las Farc se está haciendo cuesta arriba, en medio de la crisis fiscal y sin apoyo del sector privado, será más difícil aun cuando se trate de una estructura puramente delictiva.

Los jefes tendrán que entregar la verdad y sus capitales, reparar a las víctimas y desmontar sus negocios ilícitos. En el Código Penal hay varios instrumentos que podrán hacer posible que esto funcione, como la extinción del dominio, el principio de oportunidad y las rebajas por colaboración. El político conservador Álvaro Leyva señala que el libro sexto de esa norma contempla también el uso de la justicia restaurativa. Esto abre la posibilidad de celebrar audiencias en las que participen víctimas y victimarios alrededor del reconocimiento de delitos y su resarcimiento.

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Respecto a la rebaja de penas y las condiciones de reclusión, la ley penal colombiana es generosa en fórmulas y esta será la parte menos complicada. Ellos tendrán que concentrarse, identificar a sus miembros y entregar sus armas, calculadas en más de 5.000. El problema está en que los miembros del clan seguramente no se entregarán si tienen riesgo de ser extraditados, y el gobierno no puede asumir un compromiso definitivo de que esto no pasará, pues eso depende exclusivamente del mandatario y, como se sabe, a Santos le queda menos de un año en la Presidencia. En ese sentido, la ley tendrá que contemplar mecanismos fuertes para garantizar la no repetición y blindar realmente a quienes cumplan a cabalidad con la justicia. También para proteger sus vidas, algo nada fácil en su mundo de mafias.

El sometimiento del Clan del Golfo tiene otros obstáculos por fuera de lo legal. La unidad de sus jefes es frágil y esas diferencias se pueden profundizar por el camino. A eso se suma que la fuerza pública no va a detener sus operaciones y, como se vio con la muerte de Gavilán, ya les pisa los talones a todos los jefes de esa organización. Si el garrote llega antes de que se concrete el sometimiento a la justicia, y matan por ejemplo a los jefes del clan, los mandos medios se atomizarían y comenzaría una etapa ya conocida en Colombia, de reciclaje de la violencia, de pugnas por el control de las rentas ilícitas, lo que pondría en aprietos la anhelada paz territorial.