Clases iniciaron hace casi seis meses y siguen los problemas del PAE en La Guajira; esto encontró Procuraduría tras visitar 12 municipios

La Procuraduría General de la Nación realizó una solicitud a la gobernadora de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, para que adopte las medidas necesarias y solucione las deficiencias detectadas en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 12 municipios del departamento, antes del reinicio de clases tras las vacaciones de mitad de año.

La solicitud se basa en una acción preventiva realizada por la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira, la cual visitó varias instituciones educativas y encontró que algunas no cumplen con los requerimientos técnicos necesarios en áreas como manejo higiénico sanitario, saneamiento básico, menaje y dotación.

Entre las falencias detectadas, se ha constatado que algunos colegios no disponen de espacios adecuados para la preparación de los alimentos, y carecen de la cantidad suficiente de platos, vasos y cubiertos para los estudiantes.

Además, el órgano de control encontró que “las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad, y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados”.

Algunas de las instituciones educativas donde se realizaron las inspecciones incluyen el Insprosur, Roque de Alba, el mega colegio Silvestre Dangond y Los Fundadores, en el municipio de Villanueva, así como María Emma Mendoza y Manuel Antonio Dávila en San Juan del Cesar, y Heliodoro Alfredo Montero Duarte, en El Molino.

Estas visitas realizadas por el Ministerio Público se llevaron a cabo en instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento, cuya vigilancia y administración recae en la Gobernación. Los municipios en cuestión son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.

Cargos a funcionarios de la Alcaldía de Soacha por el PAE

Por otra parte, la Procuraduría General presentó cargos contra dos funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca. Se les acusa de presuntas irregularidades durante el proceso de licitación pública para el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en instituciones educativas del municipio.

La encargada de adelantar la indagación es la Provincial de Instrucción de Fusagasugá, que incluyó en el expediente a la secretaria del Despacho, Gloria Álvarez Tovar, y al profesional universitario Óscar Javier Rodríguez Díaz. Se les señala de, presuntamente, exigir a los proponentes “requisitos que no eran necesarios, justos ni proporcionales”. De igual forma, vinculó a los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga.

La entidad alegó que Álvarez Tovar pudo haber incurrido en una falta disciplinaria al, presuntamente, omitir los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal durante la estructuración de los estudios previos y su posterior adjudicación. Además, se le formularon cargos por posiblemente inhabilitar a un proponente al no permitirle corregir una falla relacionada con la experiencia previa requerida.

En el caso de Rodríguez Díaz, la Procuraduría señaló que en la etapa precontractual firmó los estudios previos y los documentos con los que se respondió a las observaciones sobre los pliegos de los proponentes.

Respecto a los contratistas, el Ministerio Público afirmó que ambos desempeñaron roles como miembros del comité evaluador de la licitación para el Programa de Alimentación Escolar y participaron en la elaboración del informe de verificación jurídica final, en el que se excluyó a uno de los interesados sin permitirle corregir sus presuntos errores.

La entidad indicó que “los cuatro disciplinables pudieron pasar por alto el cumplimiento de instrucciones y el seguimiento a directrices impartidas por la entidad, por lo que de manera provisional calificó las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima”.