Claudia López pide a los entes de control celeridad en la investigación por los hechos del 9 y 10 de septiembre del año pasado

El 9 y 10 de septiembre de 2020, Bogotá se convirtió en el epicentro de la rabia de miles de personas, que protestaron en contra de la Policía Nacional, después de que se conocieran las imágenes del asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, a manos de agentes de la institución. Un año después de la muerte de trece personas por impactos de armas de fuego, la mayoría de los casos siguen impunes y es por eso que la alcaldesa Claudia López pidió acelerar los resultados.

La violencia y el caos reinó en la capital del país en esos días. Trece personas murieron en Bogotá y Soacha y, hasta ahora, se adelantan 68 investigaciones, de acuerdo con la información de la Inspección General de la Policía. Solo en cuatro casos ha habido fallos sancionatorios y únicamente se han formulado imputaciones de cargos a tres miembros de la Policía por homicidio simple, pero no han sido siquiera separados de sus cargos.

López envió cartas al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.

“La gravedad de los hechos, su sistematicidad, y las evidencias que demuestran la autoría de los implicados en graves violaciones a los Derechos Humanos me llevan a afirmar razonadamente que aquellos representan un grave peligro para la sociedad y para las víctimas”, señaló en el documento dirigido a la Fiscalía, en el que agrega que las víctimas no entienden por qué la entidad no hubiera solicitado la imposición de ninguna medida restrictiva de la libertad, ni de ningún otro derecho.

Asimismo, le solicitó celeridad en la investigación por la muerte de Daniel Alejandro Zapata, Jaime Alfonso Fandiño, Cristian David Castillo, Cristian Camilo Vélez y Duván Felipe Barros en hechos violatorios a los derechos humanos en el marco de las protestas y manifestaciones de este año.

“Los familiares nos han manifestado su preocupación en el avance de las investigaciones, razón por la cual, también acudimos a usted para que se dé prioridad en estos casos y a la captura y judicialización de los responsables”, expresó la mandataria local, sumando la petición de que la investigación sea adelantada por una fiscalía delegada de la Dirección Especializada contra las violaciones de los Derechos Humanos. Desde su punto de vista, estos hechos no fueron individuales, sino que fueron acciones sistemáticas parte de un mismo contexto.

Además, le solicitó a la Procuraduría que asuma la totalidad de las investigaciones disciplinarias que se adelantan contra miembros de la Policía Nacional en los hechos ocurridos hace un año.

“Los registro fílmicos, las denuncias y las declaraciones de víctimas y testigos de estos lamentables hechos informan de una evidente sistematicidad en la actuación de algunos miembros de la fuerza pública. Por ello, es imperante la priorización de la investigación y su adelantamiento en un marco de contexto a efecto de verificar la existencia de patrones de conducta y órdenes de determinación que dieron lugar a las infracciones a los derechos fundamentales de nuestros jóvenes y ciudadanía en general”, señala López en la carta dirigida a la procuradora Cabello.