Claudia López recibió fuerte llamado de atención por parte de la Procuraduría por crisis carcelaria en Bogotá

Debido a la grave crisis carcelaria que se presenta actualmente en la ciudad de Bogotá, la Procuraduría General le pidió a la alcaldesa Claudia López su intervención inmediata con el fin de que se resuelva la situación de hacinamiento, la cual afecta los derechos fundamentales y pone en estado de vulnerabilidad a las personas que se encuentran privadas de su libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

La solicitud se hizo teniendo en cuenta un informe solicitado a la Subcomandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que se advierte que la capital de la República presenta un 254 por ciento de hacinamiento en los centros de reclusión transitoria, así como un alto número de policías -409 según el reporte- dedicados a la custodia exclusiva de personas privadas de la libertad.

Para la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos la ley determina que la mandataria distrital debe asumir la administración y vigilancia de las cárceles para personas detenidas preventivamente, situación que no se ha cumplido.

En el llamado de atención se señala que hasta la fecha no se han cumplido los compromisos adquiridos en julio de 2022 para atender la crisis. En este sentido se indica que las acciones adelantadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá no han generado el impacto esperado y han sido insuficientes para solucionar esta grave problemática que afecta a las personas que se encuentran en estos lugares esperando que se resuelva su situación jurídica.

“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta procuraduría delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos Humanos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, advierte el organismo de control disciplinario.

Por esta grave situación se le solicitó directamente a la alcaldesa Claudia López que en un tiempo perentorio se adelanten las gestiones necesarias, junto al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Metropolitana de Bogotá, para el traslado de reclusiones del orden nocional de los condenados recluidos en estas estaciones de policía en la capital de la República.

Finalmente, pidió informes completos sobre el nivel de cumplimiento que se ha logrado de cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, en diferentes sentencias, para solucionar la crisis carcelaria y penitenciaria, señalando que se debe hacer uso de los recursos con los que cuenta el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) “a los que el Distrito tiene acceso”.

Estos recursos tienen como finalidad la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y permite la contratación junto con empresas de seguridad acreditadas en materia de custodia y vigilancia.

Huelga de hambre en La Picota

La semana pasada se presentó una huelga de hambre por parte de los internos del Patio 3 de la cárcel La Picota, de Bogotá, que reclamaban por las fallas en la entrega de los alimentos y el acceso a los servicios de salud.

Esto obligó a que un equipo de la Defensoría del Pueblo, conformado por profesionales especializados de la Defensoría Delegada para Política Criminal y Penitenciaria, se trasladara hasta la cárcel ubicada en el sur de Bogotá para recolectar información. En la visita, realizada se reunieron con 20 representantes del Comité de Derechos Humanos, que son voceros de las 3.080 personas que se encuentran privadas de la libertad en el Patio 3.

En la conversación, los reclusos manifestaron que existen graves deficiencias en las condiciones en las que están recibiendo los alimentos, la mala calidad de los mismos y las fallas en las horas de distribución de los mismos. Esta situación los ha afectado de manera considerable.

Debido a la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que se tomen las medidas necesarias y se supere esta crisis que pone en riesgo la integridad y la salud de estas personas. Igualmente, les pidió a las autoridades que vigilen la situación en los otros centros de reclusión para que se garantice el derecho a una alimentación en condiciones de dignidad humana.

Adicionalmente, ese organismo instó a las entidades encargadas de la atención de las personas privadas de la libertad a que se entable un diálogo con esta población y se pueda mejorar las condiciones en las que se le brindan la alimentación y la salud.