CNE no solo sepultó la revocatoria a Peñalosa, sino que sancionó a su promotor

Los promotores de la revocatoria a Enrique Peñalosa fueron por lana y terminaron trasquilados. Pese a que la Registraduría avaló las firmas con las que lograban convocar las urnas y poner en riesgo la continuidad del mandatario capitalino, la decisión de dar el aval final al proceso quedó en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí no solo se frenó por cuenta de las presuntas irregularidades halladas en la financiación de la revocatoria, sino que el tribunal decidió investigarlos. Esas pesquisas, según conoció SEMANA, desembocaron en una sanción contra Gustavo Merchán Franco, el vocero del comité que impulsó la revocatoria.

Merchán tendrá que pagar 26 millones de pesos porque, según el CNE, hubo irregularidades en los estados financieros presentados por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa. Para el tribunal, "en los estados contables no figuran aportes en especie que cada persona natural o jurídica realizó". También decretó "falta de correspondencia de los comprobantes de egreso (...) ya que cronológicamente no tienen relación con los hechos económicos, según facturas de adquisición de papelería, y no haber realizado los asientos contables a más tardar durante la semana siguiente al que se efectuaron las operaciones", entre otras irregularidades detectadas.

Gustavo Merchán Franco es un miembro del sindicato de la ETB que se convirtió en el vocero de Unidos Revocamos a Peñalosa. Ese comité fue financiado con créditos y donaciones de varias entidades, entre esas las de Sintrateléfonos, el Polo Democrático, el Movimiento Progresistas, la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión Sindical Obrera.

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El grupo recogió alrededor de 110 millones de pesos, según reportó inicialmente, con los que se gestionó la recolección de más de 700.000 firmas que fueron presentadas a la Registraduría. En la autoridad elecotoral, en medio de alegatos del equipo jurídico de Peñalosa y solicitudes de peritazgos, finalmente avalaron 458.000 firmas, 187.000 más de las que se necesitaban para soportar la revocatoria.

Sin embargo, para que se convocaran las urnas, era necesario que el CNE validara los estados financieros del comité. Entonces, el Fondo Nacional de Financiación Política, un brazo del Consejo, presentó una serie de inconsistencias que encontró en el informe del comité, y emitió una primera sentencia: "No cumple requisitos para certificar".

Lo que se encontró en ese momento suponía que el comité incurrió en irregularidades con el manejo de las facturas y que se violaron los topes de los recursos - sobre todo en las donaciones- que se usaron para mover el proceso. El comité presentó documentos con los que esperaba subsanar esos hallazgos, pero estos no terminaron de convencer al magistrado Emiliano Rivera. Él era el encargado de presentar la ponencia ante el resto de consejeros, y en su proyecto decidió acoger el informe. De paso, pidió que se abriera una investigación administrativa al comité por esas presuntas irregularidades.

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La ponencia estuvo lista hacia septiembre del año pasado. Sin embargo, en ese momento arrancaron también una serie de situaciones que dilataron la decisión definitiva. El magistrado Armando Novoa, por ejemplo, pidió que se rotara el expediente antes de votar en la sala plena del CNE, con el fin de conocer a fondo el caso. Luego hubo una seguidilla de recusaciones contra los consejeros, que tuvieron que ser resueltas una a una, e incluso por conjueces.

Todo eso retrasó la revocatoria y al final la sepultó, puesto que la ley impide que se convoquen las urnas cuando el periodo del mandatario en vilo está por terminar. Al tiempo se abrió esa puerta de la sanción. Así, a Merchán, la cabeza del comité que logró poner al alcalde Peñalosa contra la pared, se le volteó la torta.