11 obras que los bogotanos pagaron y no se construyeron

Pocos días después de que el alcalde Enrique Peñalosa anunció el ambicioso plan de obras por 1,7 billones de pesos que piensa financiar con el pago de valorización a cargo de los habitantes de estratos 4 al 6, la Contraloría Distrital le envió una carta en la que le advierte que el manejo que la ciudad le ha dado a estos valiosos recursos en los últimos 12 años, en especial en las administraciones de izquierda, ha sido desastroso.

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Como se recuerda, en 2005 el Concejo capitalino le aprobó a Luis Eduardo Garzón un plan de 137 obras (121 de movilidad y 16 de espacio público), por 2,1 billones de pesos que debía ejecutarse en tres etapas. Además, se determinó que el Instituto de Desarrollo Urbano, y no la Secretaría de Hacienda, recogiera y ejecutara los recursos, decisión que por los resultados también parece haber sido un error.

Resulta que las administraciones de Samuel Moreno y Gustavo Petro modificaron este plan de obras, excluyeron 80 de ellas y quedaran solo 54, algunas incluidas en esas administraciones. Es decir, que el 61 por ciento del ambicioso plan que iba a valorizar las propiedades de los aportantes, quedó en nada.

Según la Contraloría lo preocupante ha sido el manejo de los recursos. En su carta, el contralor distrital, Juan Carlos Granados, dice que de los 2,1 billones de pesos solo se recaudaron 1,117 billones de pesos, de los cuales se han ejecutado realmente en obras 505.000 millones de pesos. Otros 371.000 se destinaron a la compra de predios, algunos de los cuales para trabajos que ya no se van a hacer porque fueron excluidos, y aún hay 462.000 millones de pesos por ejecutar, incluidos 248.000 millones de pesos en rendimientos financieros.

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Es decir que el IDU, que ni siquiera ha tenido la plata en sus manos, ha sido incapaz de contratar unas obras que están definidas hace 10 años o más. En vías tan importantes como la Avenida Boyacá entre la 170 y 183, la misma 183 entre la Boyacá y la Autopista norte, así como otros tramos de la avenida Boyacá o la José Celestino Mutis no se ha puesto el primer ladrillo.

Yaneth Mantilla, directora del IDU, ha explicado que la administración Peñalosa recibió esas obras desfinanciadas, con un déficit mayor a los 300.000 millones de pesos, y que el Instituto se ha puesto la misión de entregarlas lo más pronto posible, para responderle a la ciudadanía que pagó por ellas. Resalta que la ejecución de las obras por valorización es del 70% y que se han entregado varias importantes como la ampliación de la calle 170 entre la avenida Boyacá y la Avenida Cota, o el puente vehicular de la calle 100 con carrera 15.

La funcionaria explica que de los 14 proyectos pendientes (ver mapa), dos están en etapa de diseños, tres están en proceso de adjudicación, cinco más serán adjudicados este año y los demás están siendo gestionados.

Por su parte, la Contraloría advirtió que el cobro de valorización no tuvo un fundamento “técnico de planeación que permitiera establecer el costo real de las obras, el impacto efectivo en el mayor valor de los inmuebles ni pudo garantizar la construcción de las obras”. Por eso, el organismo de control advirtió si no hay otra entidad que pueda hacer este recaudo más eficiente. Toda una advertencia para el nuevo cobro que piensa hacer la actual administración, que deberá enderezar este fracaso.

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Precisamente, otro de los asuntos que preocupan a la Contraloría es el pago que la alcaldía le dio al IDU por administrar los recursos. Nadie entiende como una institución que tiene su propio presupuesto pueda recibir la astronómica cifra de 77.426 millones por solo recaudar la valorización. Para acabar de completar, el ente de control demostró la ineficiencia del IDU para devolverles los recursos a los ciudadanos.

Resulta que de los cambios hechos al plan de obras en 2009 y 2013, el Concejo ordenó regresar 223.591 millones de pesos, pero al 30 de marzo pasado, aún tenía en su poder 73.583 millones de pesos “porque el Distrito estableció como trámite que el mismo contribuyente tuviera que hacer la solicitud”, lo que es una traba para devolver los recursos de forma eficiente y expedita.

Finalmente, el organismo de control le advirtió a la administración que en este momento hay en riesgo 11 obras, por 342.000 millones de pesos, pues solo cinco apenas están comenzado y aún hay 8 sin ejecutar.

“La valorización no es un impuesto sino una contribución, porque la contraprestación que reciben quienes la pagan es que sus bienes aumenten su valor. El Distrito, al haber recaudado estos recursos y no haber hecho las obras, no solo está desnaturalizando esta figura tributaria sino que podría estar haciendo un recaudo sin justa causa. Esto pone sin dudas a la ciudad en un riesgo fiscal por las posibles reclamaciones que puedan realizar los ciudadanos afectados. Hago un llamado a la administración para que tome los correctivos necesarios”, dijo a SEMANA el contralor Granados.

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