Mar de coca estable

El gobierno de Iván Duque dio su primer paso en la lucha contra el narcotráfico y contener así la posible descertificación del Gobierno de Estados Unidos. Hace dos años, Donald Trump sacó esa espada de Damocles, que desde hace más de dos décadas no aplica y que pondría al país al nivel de Bolivia y Venezuela, naciones que no cooperan en el combate contra este comercio ilícito.

El Gobierno Duque, por estar recién instalado, quedó por fuera del radar crítico de los gringos, a pesar de que en 2018 Colombia tocó un pico histórico en la siembra de cultivos ilícitos: la Casa Blanca informó que –en el periodo 2017– se registraron 209.000 hectáreas sembradas de coca, mientras que el informe de Naciones Unidas puso el medidor en 171.000 hectáreas. Esas cifras proyectaron el regreso del fantasma de la descertificación, y con ello la posibilidad de que Colombia, que es un aliado estratégico y calificado para dar la pelea contra las mafias, vuelva a caer en una sanción que le era impuesta en las épocas más oscuras.

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Quedar en esta lista de países que no cooperan es un golpe político que trae consecuencias migratorias, con la restricción de entrega de visas, y, sobre todo, un gran impacto económico. Daniel Rico, experto en el tema, calcula que 300 millones de dólares anuales que recibe Colombia de cooperación estadounidense quedarían en el limbo. “Pero el golpe más duro vendría vía endurecimiento de los aranceles, eso serían billones de pesos. Basta ver cómo le está yendo a México”, dice. 

La figura de la certificación se creó en 1986, y en 1995 Estados Unidos le cobró parcialmente al Gobierno de Ernesto Samper sus supuestos vínculos con el narcotráfico; en 1996 y 1997, el castigo llegó por cuenta de la narcocorrupción en los altos mandos del Gobierno. Aunque en todos los veredictos estuvo primero el aumento de los cultivos ilícitos, en 1998 Estados Unidos reconoció los avances en el combate a la producción de droga.

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Con Ernesto Samper hubo situaciones tirantes después de que decidió reactivar las aspersiones con glifosato e integrar pilotos estadounidenses en el staff. Pero, en general, la fumigación que muchos sectores consideran como la más efectiva para erradicar las miles de hectáreas sembradas se mantuvo, y más con la llegada al poder de Andrés Pastrana y el Plan Colombia. Al tratarse de un castigo politizado, la figura de la descertificación ha sido duramente criticada. En el año 2002, el instrumento tuvo que ser reformado por el Congreso gringo de modo que ahora lleva el nombre de “designación”, y las sanciones comerciales y crediticias existen, pero con limitaciones.

La amenaza de Trump llegó en el primer año de implementación del proceso de paz, y Juan Manuel Santos reaccionó con franqueza: “Nadie tiene que amenazarnos para enfrentar este desafío” y recordó que Colombia es el país “que más sangre ha puesto”. Para ese momento, año 2015, las aspersiones con glifosato entraban en un largo suspenso por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional que prohibió las fumigaciones aéreas en virtud del principio de precaución. Ahora es Santos, como miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, quien reclama una reclasificación de los narcóticos de acuerdo con criterios científicos, y la legalización como forma de fortalecer los controles en una guerra perdida.

Por estos días, el tema vuelve a lograr preponderancia en la agenda. La Casa Blanca reveló que, después de cinco años de un aumento estrepitoso, la siembra de cultivos ilícitos al fin comenzó a frenarse. En 2018 se registraron 208.000 hectáreas de coca sembradas, 1.000 hectáreas menos que en 2017. La cifra de producción también marcó una leve reducción, pasando de 900 toneladas de cocaína a 887 en 2018. Aunque los números siguen siendo los picos más altos en la historia en Colombia, el hecho de que haya cesado la expansión envía una señal importante. Pero ¿será suficiente para Estados Unidos?

En los últimos meses, Trump se convirtió en un duro crítico del Gobierno Duque por, supuestamente, no estar haciendo “nada” para frenar el problema. “Hay más drogas que salen de Colombia que antes que él fuese presidente. Así que no ha hecho nada por nosotros”, dijo el mandatario estadounidense en una declaración que causó polémica. 

Al conocerse los resultados de la medición, Duque celebra un estancamiento, producto de la estrategia integral que implementó su Gobierno. A través del Ministerio de Justicia, se informó que entre agosto de 2018 y junio de 2019 destruyeron 66.528 hectáreas de coca. Un incremento del 27 por ciento comparado con el periodo inmediatamente anterior. En el mismo sentido, fueron incautadas 332 toneladas de cocaína y 303 toneladas de marihuana.

Pero hay un frente que no logra cubrir Duque, y es el de su compromiso con los gringos de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato. El diario inglés The Guardian difundió unas declaraciones en las que el presidente insistió en ese compromiso, acompañado de un anuncio de “relanzar la fumigación aérea de cultivos de coca dentro de unas semanas”. Seguidamente, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que ya tiene listos los seis protocolos que exigió la Corte Constitucional para admitir la reanudación de este tipo de fumigación. Botero dijo que en julio firmará la autorización para tramitar la licencia ambiental requerida y que espera concretar en ese mes una reunión con el Consejo Nacional de Estupefacientes, que, en últimas, dará o no la luz verde.

            En la Corte Constitucional hay división en torno a la decisión sobre el glifosato. El presidente Donald Trump ha criticado al presidente Duque en el manejo del tema de drogas y cultivos ilícitos.

La noticia generó sorpresa porque falta que la propia Corte Constitucional se pronuncie frente a la petición de Duque de flexibilizar los condicionamientos que le fueron impuestos para la reanudación de las aspersiones. Entre las obligaciones, la número seis es considerada insuperable: aportar “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño” para la salud y el medioambiente. Ante los interrogantes que desató el repentino anuncio, la nueva ministra de Justicia y exmagistrada de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco, aseguró que el Gobierno contempla reanudar la fumigación con glifosato siempre y cuando “esté bajo el marco legal”, y que seguirán las orientaciones de la Corte Constitucional.

En el alto tribunal el tema despierta división. Hay tres votos claros a favor de ayudar al Gobierno y tres votos en contra. En estos últimos se ubicaría el ponente Alberto Rojas, quien en su trasegar jurídico se ha puesto del lado de las minorías que denuncian las afectaciones que el glifosato causa en la salud y el medioambiente. Dos votos restantes –el de Alejadro Linares y el de Diana Fajardo– entraron en una pausa inusitada por cuenta de impedimentos que están estudiando sus colegas. Ambos magistrados estarían en el bloque de quienes mantienen los condicionamientos en firme y sin contemplaciones, pero su partición en la decisión está en vilo por cuenta de un almuerzo.

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El pasado 7 de marzo, los dos togados se sentaron a manteles con el expresidente Juan Manuel Santos, durante el receso de la audiencia pública citada para revisar los avances que el Gobierno ha tenido en el cumplimiento de los requisitos para reanudar las aspersiones. Estaba también la magistrada Cristina Pardo, pero ella por haber sido exsecretaria jurídica de Santos está separada del debate desde el comienzo. Los colegas de Linares y de Fajardo tienen la última palabra sobre estos dos votos decisivos para inclinar la balanza y que podrían terminar en manos de conjueces.

El futuro del glifosato en la corte es tan incierto que no es claro si la decisión final, sea cual sea, alcance a llegar antes de septiembre, cuando Estados Unidos saque su anuncio de países descertificados. En este panorama, tampoco ayuda para los intereses del Gobierno que Naciones Unidas considere a Colombia como el país responsable del 70 por ciento de la cocaína de alta pureza que se trafica en el mundo. Así que, por lo pronto, la bandera más visible que tiene Duque es la de las cifras de la misma Casa Blanca, para impedir un golpe que el país no recibe desde hace dos décadas.