Corto circuito con el Tío Sam por colaboración judicial

Entre la Corte Suprema de Justicia de Colombia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos crece la animosidad. La acostumbrada colaboración judicial entre ambos países deja ver agujeros que amenazan el buen entendimiento. El corto circuito lleva meses e involucra una decena de expedientes de distinta índole.

El más reciente impase tiene que ver con la petición de pruebas del magistrado César Reyes, instructor del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. El tenso carteo entre Bogotá y Washington aún no da frutos, y varias pruebas cruciales para el caso no han podido ser practicadas. Es necesario oír las versiones de los extraditados Salvatore Mancuso y Daniel Rendón, alias Don Mario. Así mismo, obtener los registros sobre visitas y autorizaciones con que el abogado del expresidente, Diego Cadena, pudo ingresar a cárceles gringas para entrevistarse con narcos y paras.

Las comunicaciones oficiales en busca de colaboración judicial han sido tirantes. Como reveló SEMANA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió al magistrado explicar por escrito qué lo llevó a suponer que cartas enviadas por los extraditados “hablaban de Uribe” o “por qué cree que (Diego) Cadena intervino en la elaboración de estos escritos”. Reyes contestó que no discutirá con Estados Unidos la pertinencia y conducencia de las pruebas. El magistrado además calificó de “impropias” e “irrespetuosas” las peticiones de la justicia estadounidense, e insistió para que esta preste la colaboración requerida.  

El Departamento de Justicia le dijo a Colombia que Javier Calle Serna no estaba interesado en colaborar con la justicia. El abogado del jefe de Los Rastrojos calificó esta afirmación como “absurda” y contraria a la verdad

A esa tensión epistolar reservada se sumó otro capítulo inquietante. El 28 de octubre, la Corte Suprema envió un documento al Ministerio de Justicia en el que reclama respuesta frente a siete rogatorias de colaboración judicial. Seis de ellas se refieren a peticiones no contestadas dirigidas a Estados Unidos.

Encabezan ese listado destinado a Washington las solicitudes de tomar declaraciones a Javier y Luis Enrique Calle Serna, más conocidos como los hermanos Comba. Estos narcoparamilitares permanecen en territorio norteamericano luego de que concretaron una negociación con el Gobierno gringo a cambio de entregar plata y delatar a otros capos colombianos. Desde hace dos años, la corte los requiere para que declaren en el proceso por parapolítica contra el excongresista Nilton Córdoba Manyoma. 

Este nombre resulta poco relevante para el país, pero está asociado con varios escándalos oscuros de minería ilegal, alianzas con bandas criminales y corrupción. Además, Córdoba está llamado a juicio por ser uno de los clientes del cartel de la toga. Gustavo Moreno (hoy extraditado) asegura que este le pagó 200 millones de pesos por desaparecer del expediente reservado de la corte una versión que el propio congresista rindió, en la que quedó muy mal parado.

Sobre la declaración que pueda rendir Javier Calle Serna, exjefe de Los Rastrojos, hay un manto de incertidumbre. Una respuesta tramitada por medio del Ministerio de Justicia señala que el mayor de los Comba aseguró que no hablará hasta que consiga inmunidad penal en Colombia. A pesar de que es una de las declaraciones más esperadas, la Fiscalía no ha conseguido sentarlo para afinar los términos de la colaboración. Extraoficialmente se conoció que Calle se propone delatar a políticos, miembros de la fuerza pública, fiscales y periodistas que tuvieron alianzas con su grupo criminal.

Al igual que la corte, la Fiscalía ha encontrado solo tropiezos para lograr la colaboración de la justicia gringa. El ente investigador pedalea las declaraciones de los hermanos Comba desde hace más de un año, sin conseguir resultados que expliquen las razones del bloqueo. El 15 de marzo de 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos contestó el requerimiento así: “Lamentamos informarle que no podremos ejecutar estas solicitudes. Calle Serna le comunicó a las autoridades estadounidenses por medio de su defensor que no desea participar en estas entrevistas”.

La respuesta cayó como baldado de agua fría a los fiscales que venían preparando una negociación mucho más amplia, que incluía valiosas declaraciones en otros casos de interés nacional. Y la confusión creció el 13 de abril, cuando el abogado Rubén Oliva, que defiende a Javier Calle Serna en Estados Unidos, desmintió la carta de ese país y dejó constancia de la firme intención del jefe de Los Rastrojos de colaborar en Colombia. “Esta afirmación carece de toda veracidad, pues ni Calle Serna ni yo hemos allegado a ninguna autoridad (norte) americana ni conocemos la fuente de semejante absurda afirmación”, dijo.

La corte espera las versiones de alias Don Mario y Salvatore Mancuso para incluirlas en el expediente contra Uribe. También ha intentado sin éxito escuchar al Loco Barrera (arriba) en el caso del Petrovideo.

Para el abogado Oliva, todo parece indicar que en Colombia no ha habido tiempo para dedicarse al macrocaso penal que le espera a su cliente. Y deja claro que por varios años han ofrecido colaborar a cambio de que su cliente reciba beneficios judiciales concertados previamente. Dice que siguen esperando a que se cumplan los acuerdos que quedaron plasmados en las “pasadas y añejas reuniones entre fiscales” de Estados Unidos y Colombia. “El señor Javier Calle Serna prosigue con su voluntad y deseo inquebrantable de colaborar a la justicia colombiana”, concluye la misiva.

También está en veremos la declaración requerida del extraditado Carlos Arturo Patiño Restrepo, alias Patemuro. La Corte Suprema investiga si este narcoparamilitar del norte del Valle le inyectó dineros de la mafia a la campaña del exsenador Mauricio Lizcano. En otro caso, los magistrados insisten para que Estados Unidos permita escuchar a Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, quien debe declarar sobre un supuesto aporte a la campaña al Congreso del senador Gustavo Petro.

En una carta del 18 de diciembre, el Loco Barrera señaló que no conoce a Petro y que no ha suministrado dinero a sus campañas. Pero como el confeso narco indicó que está listo para ampliar su versión, la corte quiere escucharlo.

Recientemente, un episodio sin explicación clara ocurrió cuando la corte citó al extraditado paramilitar Salvatore Mancuso en el caso Uribe. Tanto la corte como Mancuso aseguran que el 27 de octubre todo estaba listo. La diligencia estaba prevista para las dos de la tarde mediante videoconferencia entre Bogotá y la prisión federal de Atlanta. Fuentes de la corte señalan que hubo conexión, y que el magistrado Reyes estuvo dispuesto a escuchar el testimonio. Del otro lado, Mancuso ha expresado por medio de su abogado que también estuvo dispuesto. Pero la diligencia no se celebró. A los magistrados les dijeron que Mancuso no había salido y a Mancuso, que la corte había suspendido la diligencia. ¿Quién miente?

SEMANA le preguntó al nuevo embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, si estaba al tanto de la situación, y contestó: “El Departamento de Justicia tiene sus normas, como en Colombia. Esto puede ser igual al caso de Santrich, en el que también hubo acusaciones sobre falta de información suficiente. Hay que seguir los requisitos y responder en términos legales, no en términos políticos”.

Por lo pronto, el episodio de Mancuso entró en el congelador. En su carta del 28 de octubre, la corte le insiste al Ministerio de Justicia particularmente en dos trámites relacionados con el caso Uribe. El primero, un informe detallado sobre permisos concedidos por la justicia norteamericana al abogado Cadena para visitar presos. El otro, la reiteración para interrogar a Don Mario. Frente a este último, el ministerio contestó que están a la espera de que el abogado del exparamilitar ratifique que su cliente va a colaborar.

El único interrogatorio con luz verde se realizará entre el 14 y el 15 de diciembre en Estados Unidos al exfiscal Gustavo Moreno. La magistrada Cristina Lombana lo interrogará sobre presunta corrupción en entidades del Estado que implica a varios congresistas, como Armando Benedetti. 

Para limar asperezas, por semanas la corte intentó concertar una reunión con Goldberg. SEMANA conoció que con ayuda de la Procuraduría, la cita se programó; no obstante, en vísperas de realizarse la embajada la pospuso.

Parecería que siguen generando estragos los choques por la liberación de Jesús Santrich y su posterior rearme, así como la tensión por normas que frenaron la posibilidad de extraditar excombatientes comprometidos con la paz. Si el problema escala, la cooperación, que solía ser fluida y diligente, podría naufragar. Y el futuro de procesos cruciales quedaría en el aire, pues hay verdades que solo las conocen los extraditados.