El coletazo económico de las marchas

El miércoles 27 de noviembre, siete días después de que comenzó en el país una jornada inédita de protestas, el precio del dólar superó la barrera histórica de los 3.500 pesos. El valor de la divisa reflejó el temor y la incertidumbre de inversionistas, analistas y empresarios, que luego de una semana de marchas observaban preocupados los impactos que estas jornadas han causado en la economía.

El panorama incluye centros comerciales cerrados, establecimientos saqueados, reservas aéreas y hoteleras así como espectáculos y conciertos cancelados, y un bajo flujo de clientes en almacenes, restaurantes y bares.

Este fenómeno de agitación social inquieta sobre todo por el impacto sobre la confianza de los consumidores y de inversionistas en un momento en que la economía tiene una recuperación frágil y el empleo no reacciona. Los consumidores han comenzado a restringir algunas decisiones de gasto a pocos días de que arranque en forma la temporada navideña. Eso puede terminar por aumentar los niveles de desempleo.

Los inversionistas también están frenando decisiones de ampliar sus negocios o iniciar nuevas operaciones mientras se despeja el panorama. Ese es otro golpe al empleo porque implica una parálisis en el circuito de los recursos para inversión. Se trata de un duro golpe a la economía, pues el consumo de los hogares impulsó la recuperación en lo corrido del año. Y la inversión mueve la palanca de cambios para acelerarla.

El entretenimiento resultó fuertemente damnificado. El partido de exhibición de Roger Federer fue cancelado, al igual que el concierto de Norah Jones.

En todo caso, las protestas ya han significado pérdidas multimillonarias. El sector del comercio, tanto formal como informal, encabeza la lista, ya que registra caídas en ventas del 40 por ciento. Luego viene una larga lista de compañías como hoteles, restaurantes, bares, organizadores de conciertos y eventos, transportadores e incluso aerolíneas.

Eso sí, han sentido el mayor impacto las pequeñas y medianas empresas, que representan casi el 97 por ciento del total que operan en el país, generan el 80 por ciento del empleo y responden por 35 por ciento del producto interno bruto. También son las más vulnerables a las pérdidas por efectos del vandalismo o la ausencia de clientes.

Una estimación preliminar del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señala que las manifestaciones podrían tener un impacto de hasta 0,2 puntos porcentuales sobre el PIB del cuarto trimestre. Aunque se trata de una consecuencia todavía marginal, les preocupa más “el efecto sobre las expectativas de los hogares y los empresarios, que puede no solo afectar el presente, sino ser durable en el tiempo”.

Por eso estiman que la mayor secuela se reflejará en el crecimiento del año entrante por cuenta de la caída en el consumo, como consecuencia de una menor confianza, y el aumento en la inflación debido al alza en el dólar.

Otro impacto podría resultar de las decisiones de política económica. Es decir, por la agenda de reformas o cambios asumidos para atender las exigencias del paro. Por ende, ya algunos creen que sería mejor no hacer las reformas que había planteado el Gobierno porque este correría el riesgo de que muten hacia terrenos insospechados e introduzcan más presiones sobre el gasto público.

Incluso se habla de que, si bien una eventual caída de la reforma tributaria podría tener algún efecto sobre el crecimiento, desde el punto de vista fiscal no resultaría tan catastrófico frente al costo de mantenerla. “Antes, una caída de la tributaria parecía grave, pues era una señal de baja gobernabilidad. Pero ahora podría ser mejor antes de que se abra paso todo tipo de cambios populistas que pueden resultar más costosos”, afirma un analista. Agrega que lo mismo sucede con reformas que estaban en la agenda, como la pensional y laboral. Se trata de iniciativas que requieren mucho diálogo, capacidad pedagógica, un liderazgo muy profundo y un margen de maniobra que hoy no existe. Su manejo podría convertirse en un desafío de marca mayor.

El director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, Richard Francis, ha dicho que, si las manifestaciones se prolongan por mucho tiempo y cuentan con alta participación ciudadana, podrían impactar la calificación soberana del país. Una advertencia que ha encendido las alarmas. Antes de las protestas, la calificadora había ratificado la calificación soberana BBB-, por lo que descarta una nueva revisión a corto plazo. Sin embargo, esto no permite bajar la guardia.

Tras más de una semana de marchas y protestas sociales, los costos y efectos económicos del paro crecen y se tornan cada vez más preocupantes.

Protestas costosas

Los actos vandálicos y de violencia solo en Bogotá superan los 40.000 millones de pesos por perjuicios a TransMilenio y el SITP. A ellos se suman los costos que acarrea la menor movilidad, el cierre de establecimientos, la cancelación de eventos, suspensión de labores y temores en la ciudadanía, entre otras afectaciones.

Uno de los sectores más perjudicados es el comercio, que resulta altamente preocupante, pues es uno de los motores de la recuperación de la economía. Desde el 21 de noviembre, cuando comenzó el paro nacional, el comercio ha perdido más de 1,4 billones de pesos, asegura Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). En esta cifra no están incluidos los daños materiales en los establecimientos, pero sí la reducción en las ventas de por lo menos el 40 por ciento en todo el país. Se estima que el comercio puede perder a diario 150.000 millones de pesos.

Cabal afirma que no se trata solo de las menores ventas en grandes superficies. También están en riesgo los ingresos de más de 790.000 tenderos, así como los más de 260.000 empleos generados por la temporada navideña, que arranca en pocos días.

Este tema también inquieta a Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia, gremio que representa a los centros comerciales. Como estos establecimientos hacen cerca de una tercera parte de las ventas del año en noviembre y diciembre, el temor crece. “En la medida que las protestas continúen, nos ponen en serios aprietos”, afirma Betancourt. Las mayores afectaciones por caídas en ventas, del orden del 35 por ciento, se registran en Bogotá y Cali.

Incluso, el comercio, prácticamente, no pudo trabajar durante varios días, ya que muchos empleados no pudieron llegar al lugar de trabajo o estos cerraron temprano para prevenir las acciones de vandalismo.

Almacenes de calle y reconocidos centros populares de comercio han sufrido los peores efectos. En el popular sector bogotano de San Victorino, por ejemplo, las ventas se han desplomado cerca del 80 por ciento. En un día normal transitan cerca de 10.000 visitantes por hora, pero durante las protestas llegan menos de 4.000 personas, dice Yansen Estupiñan, representante del Centro Comercial Gran San. Y estima que el paro le ha dejado al comercio de este sector unos 24.000 millones de pesos en pérdidas, puesto que los días finales de noviembre tradicionalmente traen las mayores ventas del año. En efecto, los dueños de pequeños negocios que vienen de otras ciudades surten en estos días sus pedidos para diciembre.

El gremio de las pequeñas y medianas empresas también reporta que sus afiliados pasan por un momento difícil. Según Acopi, las actividades cayeron en 40 por ciento y, por esa razón, las pérdidas durante estas jornadas de protesta podrían alcanzar los 427.200 millones de pesos.

Asimismo, el sector gastronómico y de entretenimiento ha sentido el golpe. Acodrés, el gremio de los restaurantes, reportó pérdidas en ventas cercanas a los 12.500 millones de pesos por cierres de puntos, y daños por vandalismo de 1.750 millones solo en las jornadas de protestas del primer fin de semana, cuando hubo toque de queda y ley seca.

Adriana Plata, directora ejecutiva de Asobares, dice que solo los dos días de paro del fin de semana pasado las pérdidas se habrían acercado a los 64.000 millones de pesos, lo que afectó a cerca de 34.000 empleos directos e indirectos.

A los millonarios costos ocasionados por el vandalismo en los comercios se suman las pérdidas por la baja afluencia de compradores, atemorizados por las protestas.

Hasta las plataformas digitales, que se perfilaban como grandes ganadoras de las jornadas de protesta, se están viendo perjudicadas. Esto a raíz de “los problemas de movilidad que han impactado la disponibilidad de las ‘apps’”, afirmó Uber en un comunicado.

También se ha presentado la cancelación de eventos empresariales y de entretenimiento, como el partido de exhibición de Roger Federer, los conciertos de Rosalía, Fonseca, Omara Portuondo, Norah Jones y el Megaland, entre otros. Cotelco, gremio de los hoteleros, reportó que las cancelaciones de eventos han generado pérdidas que alcanzan los 1.000 millones de pesos en destinos como Bogotá.

Han caído los niveles de ocupación hotelera en varias regiones, mientras suben las cancelaciones de reservas, que en casos como Bogotá han llegado a alrededor del 14 por ciento, y en otros destinos como Risaralda al 90 por ciento. Esto afecta significativamente el comportamiento del sector para el fin de año. “Esta protesta genera incertidumbre y afecta fuertemente no solo a la hotelería y al turismo en general; su impacto se ve reflejado en las cifras de ocupación, cancelaciones de reservas y de eventos”, asegura Gustavo Toro Velásquez, presidente de Cotelco.

El panorama preocupa y crece el número de empresarios que reconocen el derecho a la protesta pacífica y rechazan los hechos de violencia, pero también piden dialogar y buscar acuerdos para atender las demandas sociales, garantizando el desarrollo de las actividades laborales y empresariales.

Por eso, muchos empresarios llaman a la calma. “Hoy más que nunca debemos apoyar la democracia y nuestras instituciones. Las expresiones de descontento serán siempre bienvenidas de manera pacífica, y sin alterar el orden público. Somos una gran mayoría de colombianos los que creemos en el futuro del país y que vamos a continuar trabajando día a día por construir bienestar y desarrollo para todos”, asegura Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.

Analistas y hombres de negocios temen que el país siga los pasos de Chile, que se encuentra al borde de una recesión por cuenta de la incertidumbre y el caos generado por las protestas.

Desde que comenzó el conflicto social, el 18 de octubre, el peso chileno se ha devaluado más de 12 por ciento hasta niveles históricos, ante las expectativas que provoca entre los empresarios una nueva Constitución. Allí, docenas de firmas han comenzado una reorganización empresarial y comienzan las demandas contra el Estado por los daños y perjuicios que han tenido las compañías.

Las previsiones de crecimiento del PIB también están a la baja: el Banco Central de Chile había previsto para este año crecer entre 2,4 y 2,9 por ciento, y acaba de corregir esta cifra a la baja, en un rango entre 1,8 y 2,2 por ciento. Para 2020 también recortaron la estimación, que inicialmente estaba entre 3 y 3,5 por ciento, y ahora es de entre 2 y 2,5 por ciento.

Desde que comenzaron las manifestaciones, el peso colombiano se ha devaluado un 4 por ciento. Esto no es para cantar victoria, y muchos esperan hoy que ni la protesta ni el dólar sigan los caminos que han transitado en otras latitudes, frenando la economía.