La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente se pronunció frente a información difundida sobre presuntos contratos “a dedo” por $31 billones durante el actual periodo de gobierno, y negó que esos datos correspondan a reportes oficiales de la entidad.
En un comunicado, la Agencia señaló que “no es cierto, como se ha difundido en algunos medios de comunicación, que esta entidad reportara contratos ‘a dedo’ por $31 billones durante el actual periodo de gobierno”.
Además, indicó que tampoco es real que, con base en información suministrada en respuesta a un derecho de petición, se pueda concluir que el Gobierno haya “gastado” esa cifra en contratos con asociaciones público populares.
La entidad también desmintió que haya reconocido la firma de 80.736 contratos con organizaciones comunitarias bajo esta figura. Según explicó, la información entregada fue utilizada de manera incorrecta: “La información suministrada por esta Agencia a un medio de comunicación, vía derecho de petición, fue manipulada y sacada de contexto, para elaborar una noticia con interpretaciones imprecisas y carentes de rigor”.
En el documento, la Agencia precisó el origen de los datos. “Se aclara que dicha información suministrada corresponde a un listado de contratos registrados por todas las entidades del nivel nacional y territorial de las tres ramas del poder público, así como de régimen especial, en las plataformas SECOP y SECOP II, desde el 7 de agosto de 2022 hasta marzo 20 de 2026, celebrados a través de todas las modalidades de contratación contempladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como las aplicables a entidades de régimen especial”.
Sobre las asociaciones público populares, la entidad recordó que esta figura fue creada a través del artículo 100 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
En esta normativa se estableció la posibilidad de contratar de manera directa con entidades sin ánimo de lucro y personas naturales de la economía popular hasta la mínima cuantía de las entidades.
Así mismo, explicó que la figura solo pudo aplicarse una vez que fue reglamentada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 874 del 8 de julio de 2024. En contraste, indicó que las Asociaciones de Iniciativa Público Popular, contempladas en el artículo 101 de la misma ley, no pudieron implementarse debido a la falta de reglamentación.
La Agencia también señaló que ambos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional el 25 de febrero de 2026, por lo que la aplicación de las asociaciones público populares tuvo una vigencia de un año y siete meses, entre julio de 2024 y febrero de 2026.
Finalmente, la entidad entregó cifras sobre los contratos suscritos bajo esta modalidad: “Así las cosas, hecha la extracción de la información, teniendo como única variable Asociaciones Publico Populares en el objeto del contrato, se tiene que a la fecha se han suscrito 97 contratos a través de esta modalidad, que suman $3.592 millones de pesos, de los cuales tan solo 6 contratos corresponden a entidades del orden nacional, cuyo valor asciende a $1.204 millones de pesos y los restantes corresponden a entidades del orden territorial”.