Colombia Compra Eficiente responde a denuncia de retrasos en contratación, que habría puesto en riesgo suministro de medicamentos

Tras la denuncia que publicó SEMANA sobre el contrato que tuvo a punto de un colapso a los 610.000 afiliados a la salud de la Policía Nacional. Todo por cuenta de las demoras administrativas de Colombia Compra Eficiente (CCE), que terminó adjudicando la millonaria contratación a una de las empresas de la familia Char y que cuestiona la gestión de Colombia Compra Eficiente en trámites contractuales. La entidad emitió un comunicado.

En el que explica cuál fue su función frente a ese contrato que suma más de 470.000 millones de pesos y que fue adjudicado a Éticos Serrano Gómez LTDA, al revisar su cámara de comercio se identifica que su mayor capitalista es Olímpica, empresa de la familia Char, de trayectoria política en la Costa Caribe y a nivel nacional.

CCE indicó que, como ente rector del sistema de compra pública, la agencia tiene como función diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, para lograr la eficiencia administrativa, la optimización de recursos y la transparencia en la contratación pública.

Una vez dejado eso claro, explicó que en la ejecución de los Acuerdos Marco de Precios se generan dos tipos de transacciones: una operación principal, en la cual Colombia Compra Eficiente selecciona los proveedores de determinados bienes y servicios, y una operación secundaria en la cual las entidades estatales adquieren sus bienes y servicios a través de órdenes de compra que son ejecutadas por los proveedores previamente adjudicados en la operación principal.

Con base a lo anterior hace referencia al proceso contractual de la compra de medicamentos. “El 21 de julio de 2022 Colombia Compra Eficiente adjudicó el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición, suministro y dispensación de Medicamentos. Actualmente este mecanismo de agregación de demanda cuenta con los proveedores Éticos Serrano Gómez y la Unión Temporal Audidrogas, quienes lograron acreditar los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso”, dice en el comunicado.

Aclara que cuando hace referencia a la entidad, habla de proveedores adjudicados y a la selección de proveedores que realizó en la operación principal del Acuerdo Marco de Precios y no a la selección del proveedor que suministrará los medicamentos a las entidades compradoras en la operación secundaria.

Pese a que Sanidad de la Policía manifestó en múltiples oportunidades que el presupuesto que estaban pidiendo los proveedores era superior al estudio que ellos habían hecho y al dinero con el que contaban, CCE indicó que no era obligación del proveedor acatar esas observaciones. En las respuesta que Colombia Compra Eficiente entrega a SEMANA sobre ese punto en particular, indicó que el presupuesto que elaboran las entidades compradoras para contratar con cargo a un Acuerdo Marco de Precios es definido durante la etapa de planeación de la operación secundaria de conformidad con los consumos históricos de las entidades, las rotaciones estimadas, precios techo del catálogo y demás insumos que consideren pertinentes dentro de su estudio de mercado.

Agregando que “las actividades de seguimiento y supervisión de las órdenes de compra efectuadas en desarrollo del Acuerdo Marco de Precios son de competencia exclusiva de las entidades compradoras”. En lo referente a los precios ofertados por los proveedores del Acuerdo Marco en la operación secundaria, indican que actuaron según la ley, de lo contrario incurrirían en una violación a las obligaciones y por lo tanto deben ser reportadas por los supervisores de las órdenes de compra para adelantar las actuaciones legales pertinentes.

Cabe recordar que sobre este contrato ya tienen la lupa no solo los entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría. Además, que se espera también un llamado para control político en el Congreso de la República.

Sin embargo, Colombia Compra Eficiente afirma que en relación con la orden de compra Nro. 111844, “la agencia no ha recibido reporte acerca de un posible incumplimiento en su ejecución o de presuntas irregularidades en las condiciones técnicas (tales como registros sanitarios) y obligaciones específicas derivadas de la orden de compra”.

Finalmente recuerdan que la finalidad de CCE es de garantizar la eficiencia administrativa, la optimización de recursos y la transparencia en la contratación pública y que así lo seguirá haciendo.

Estos son detalles desconocidos de un millonario contrato que puso en riesgo a miles de afiliados a la salud de la Policía:

SEMANA conoció el contrato que tuvo a punto de un colapso a los 610.000 afiliados a la salud de la Policía Nacional. Todo por cuenta de las demoras administrativas de Colombia Compra Eficiente que terminó adjudicando la millonaria contratación a una de las empresas de la familia Char.

Hay noticias que estremecen e indignan a los colombianos como los ataques cobardes que han tenido los grupos criminales contra los uniformados de la Policía Nacional. Decenas han muerto en los últimos años y cientos han llegado a las salas de urgencias con graves heridas. Lo que no se sabía hasta hoy es que finalizando 2022 y durante el primer semestre de 2023, los directivos de Sanidad de la Policía vivieron una constante angustia, al pensar que en cualquier momento quedarían sin quién les vendiera medicamentos para atenderlos a ellos y a las familias de otros uniformados que luchan incluso contra enfermedades de alta complejidad como el cáncer.

Todo por cuenta de las demoras administrativas de Colombia Compra Eficiente (CCE). Por ley desde el 2007 el Gobierno nacional estableció que en pro de la transparencia, algunos productos entrarían a ser adquiridos no por la entidad que conoce a detalle su necesidad sino a través de CCE, mediante un acuerdo marco de precios. Lo han hecho con compra de vehículos, ferretería entre otros. En 2021 el turno fue para los medicamentos, uno de los mayores retos que afrontaron porque cualquier error era literalmente de vida o muerte. En ese entonces realizaron una licitación para saber quienes serían los proveedores de medicamentos para todas las entidades de salud pública, entre ellas Fuerzas Militares y otras. Ninguno de los oferentes cumplió los requisitos y tocó volver a empezar.

El 12 de mayo de 2022, al parecer cuando ya se habían vencido términos, se dio arranque a la nueva etapa y el 22 de julio del mismo año, se conocieron las dos empresas a las que se les adjudicó el derecho de tener un cupo en el acuerdo marco, cumplían con los requisitos, según los estudios que realizó CCE. Esas dos empresas son UT Audidrogas y Éticos Serrano Gómez LTDA, esta última al revisar su cámara de comercio se identifica que su mayor capitalista es Olímpica, empresa de la familia Char de trayectoria política en la Costa Caribe y a nivel nacional. Hablando con varios empresarios del sector farmacéutico, aseguran que desde el inicio del proceso se escuchaban rumores de que sería esta compañía la que se quedaría con el contrato de la Policía que superaba los $400.000 millones. Algunos se negaron a participar en el proceso licitatorio por esta razón y otros porque consideraban que por la complejidad que representa la compra de medicamentos, el proceso no tendría futuro.

Lo cierto es que luego de esa adjudicación, no hay marcha atrás, las entidades del Estado, de cobertura nacional, que necesiten comprar medicamentos solo lo pueden hacer con esas dos compañías, se cierra la brecha para poder adquirir con alguien más. La norma dice que es necesario que CCE, suba al sistema el catálogo con los medicamentos y el valor de los precios, además de un simulador en el que el cliente final, en este caso Sanidad de la Policía, puede revisar a detalle los más de 2.500 productos que requerían y comparar con el presupuesto aproximado. Esa etapa presentó múltiples problemas que iban más allá de los retrasos.

Inicialmente el contrato del proveedor que venía prestando el servicio se vencía el 31 de diciembre de 2022, era casi octubre y aún Colombia Compra Eficiente no publicaba en su plataforma ni el catálogo, ni el simulador. De eso tuvo conocimiento la Contraloría y Procuraduría General de la Nación. Cuando la Policía finalmente pudo revisar el catálogo encontró en la oferta vencimiento de registros, sobre costos de medicamentos en precios regulados, en la lista había fármacos que ya no son comercializados por falta de materia prima entre otras presuntas irregularidades que terminarían generando traumatismo a la hora de suministrar medicamentos no solo en el dispensario sino intrahospitalarios a los afiliados al seguro de la Policía.

Además, que esta entidad que es la que saca de su bolsillo el dinero dijo que solo podía pagar, por el contrato que no era superior a tres años, una cifra de $449.000 millones. Y la oferta que presentaban las empresas estaba más de $200.000 millones por encima, Éticos Serrano pedía aproximadamente $707.000 millones. Sanidad envió esas observaciones y llegó diciembre sin respuestas claras. El agua llegaba al cuello si el proveedor que venía prestando el servicio se negaba a una adición, se podían quedar de un día para otro sin medicamentos, incluso para atender hospitalizaciones. Sin embargo, llegaron a un acuerdo que dio algo más de días.

Al ver que no avanzaba el contrato por el acuerdo marco, la Policía publicó los borradores de un proceso licitatorio, lo que generó revuelo. La Procuraduría recordó que podrían estar incumpliendo la ley, pues se deben regir a la directiva. Hasta junio de 2023, la Policía Nacional envió 24 oficios a Colombia Compra Eficiente con comentarios relacionados con las posibles inconsistencias, las contra ofertas, pidiendo soluciones y respuestas urgentes. Finalmente dijeron que estaban dispuestos a pagar $472.000 millones, $23.000 millones más del presupuesto inicial (dinámicas de un proceso de negociación), pero necesitaban con urgencia arrancar porque habían logrado con el proveedor que les suministrara una prórroga más que se vencía el 8 de junio, como para esa fecha no tenían una respuesta definitiva lo convencieron de alargar el plazo por 25 días. Es decir, el 4 de julio este proveedor no tenía la obligación de entregar ningún medicamento en dispensarios ni clínicas.

Fuentes cercanas al proceso licitatorio consultadas por este medio coincidieron al decir que la respuesta que encontraban por parte de Colombia Compra Eficiente es que estaban en los términos jurídicos para dar respuesta a sus solicitudes, pero desconocían que un día de demora ponía en riesgo la vida de los pacientes. Al parecer, las dilaciones también se dieron porque quienes lideraron el proceso de selección y contratación no contaba con personal que conociera del sector salud, pues al parecer, CCE no tenía entre los técnicos a médicos o farmacéuticos que pudieran analizar a detalle las más de 2.000 referencias de medicamentos y suministros que se requieren, según los denunciantes.

Los organismos de control conocieron de las demoras. En este tipo de procesos está prohibido hacer contacto entre la entidad que va a comprar y el proveedor, siempre el intermediario será Compra Eficiente, pero ese parecía ser un puente roto. Solo hasta el 16 de junio se vieron avances, el director de CCE, Stalin Ballestero García, se apersonó del tema y pidió agilizar el proceso para evitar mayores traumatismos. Ese mismo día se conocieron las nuevas cotizaciones de los oferentes y cuatro días después se supo la respuesta final. Colombia Compra eficiente le deja claro a Sanidad de la Policía que no es obligación que el proveedor se ajuste a su presupuesto. “Los proveedores no se encuentran en la obligación de respetar un precio techo global de consumo presentado por la entidad compradora, toda vez que este concepto no es indispensable de la modalidad de suministro (bolsa de recursos)”, se lee textualmente en el documento. Y frente a las otras observaciones manifestaron que una vez adjudicado el contrato, al proveedor se le pedirán los ajustes correspondientes de registros y precios.

Luego de eso, la Policía no tuvo otra opción que aceptar. Con tan solo un clic al programa que carga en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), en el que funciona lo que llama simulador, la tecnología tabula cuál de las dos empresas UT Audidrogas o Éticos Serrano Gómez LTDA presenta la oferta que más se ajusta. Tal como algunos lo vaticinaron, la que se quedó con el contrato para suministrar los medicamentos e insumos fue la de los Char, Éticos Serrano Gómez LTDA, pero por las demoras los $472.000 millones ya no cubrirán tres años estimados, sino solo 24 meses y 17 días.

La entidad que ganó el contrato es gerenciada por Gustavo Visbal, quien atendió al equipo de SEMANA y lo primero que dejó claro es que ese no fue un proceso que se entregara a dedo, que fue un concurso en el cual participaron varias empresas y por puntaje fueron elegidos, lejos de los cometarios que han surgido de los supuestos intereses políticos. Además, explicó, según él, que los sobre costos en los medicamentos que tienen precios regulados se habrían dado por errores de cálculos y su diferencia era en centavos, pero que a medida del proceso se fueron ajustando. En cuánto a los registros vencidos indicó que por cada medicamento hay tres opciones de marca, lo que permite tener posibilidad de maniobrar a la hora de surtir y que esos registros se renuevan anualmente. Destacó su experiencia de 30 años en el mercado suministrando medicamentos a diferentes entidades como Nueva EPS, Sena, Ecopetrol, Fuerzas Militares, entre otras.

En lo que coincidió con las otras fuentes es en la demora que se presentó dentro del proceso y los traumatismos que generó. Entre el cronograma plasmado se establecía que el empalme con el antiguo proveedor se daría en 30 días, que tendría capacitación de Sanidad para manejar sus plataformas, algo que no se pudo cumplir por falta de tiempo.

El 23 de junio le notificaron que su empresa había sido la ganadora, contó con solo una semana para gestionar las pólizas correspondientes y el 30 ya se confirmó la orden de compra por haber surtido todos los requisitos de legalización, cuatro días después arrancaba el contrato. Efectivamente el contratista anterior, a medianoche del 3 de julio, ya había desocupado sus dispensarios. Pese a todo, el contrato se ha ejecutado. Ya hay 93 farmacias disponibles y 13 hospitalarias en todo el país . Se han atendido a 222.000 usuarios a nivel nacional. Sin embargo, Margarita Suárez, representante legal de Asusalud, quien defiende los intereses de los afiliados, denunció que hay demora en la entrega de los medicamentos de cientos de usuarios que han tenido, en el mejor de los casos, que comprar de su bolsillo las sustancias, muchos otros han afectado sus tratamientos.

Esto último se estaría presentando no solo por la escasez o desabastecimiento que ha traído la crisis global, sino por la falta de un empalme adecuado que retrasó la entrega de 124 mil medicamentos.

Por su parte, Colombia Compra Eficiente dijo a este medio que como ente rector del sistema de compra pública realizó todo el proceso a la normativa que rige el acuerdo marco de precios que establece la ley. En relación con la orden de compra Nro. 111844, la agencia informó que no ha recibido reporte acerca de un posible incumplimiento en su ejecución o de presuntas irregularidades en las condiciones técnicas y obligaciones específicas derivadas de la orden de compra. SEMANA conoció que los entes de control están haciendo algunos requerimientos para identificar si la entidad en realidad fue eficiente en este proceso contractual. Algunos congresistas también tienen bajo la lupa esta contratación para identificar si se presentaron o no irregularidades.