Colombia enfrenta una fuerte tormenta económica que ya está afectando a los ciudadanos: ¿hasta dónde es culpa del Gobierno Petro?

Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, el pasado 19 de junio, los mercados no reaccionaron tan drásticamente como muchos temían. La tasa representativa se movió levemente y el dólar se cotizó a 4.026 pesos, muy lejos de lo que presagiaban quienes pensaban que llegaría a 5.000 pesos. Lo mismo ocurrió con los títulos de deuda pública (TES), que mantuvieron el apetito de los inversionistas y se siguieron transando. Tras la posesión el 7 de agosto, Petro llegó a tranquilizar los mercados durante varias semanas con su discurso del “acuerdo nacional”.

La mayoría de los partidos políticos lo rodearon, los empresarios lo recibieron en el congreso de la Andi y lo aplaudieron, los gremios le dieron un compás de espera e, incluso, el expresidente Álvaro Uribe, visto como su mayor opositor, se reunió con él y, a pesar de las diferencias, el ambiente entre los dos fue cordial.

Todo se enmarcó en una especie de luna de miel. De alguna manera, quienes no votaron por Petro reconocieron su triunfo en las urnas y decidieron dejar atrás los vaticinios catastróficos. Casi un mes después de llegar al cargo, la imagen favorable del presidente se disparó y llegó al 69 por ciento el pasado 3 de septiembre, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA. Ni siquiera acciones tan polémicas como sacar a 50 generales y almirantes de todas las fuerzas provocaron un desgaste ante la opinión pública. El país, mayoritariamente, estaba alrededor de la expectativa del cambio propuesto por el nuevo Gobierno.

Todo esto, muy a pesar de un panorama mundial complejo y una recesión en ciernes en Estados Unidos, como lo advirtió Bloomberg en su modelo de proyecciones para los próximos 12 meses; la guerra entre Rusia y Ucrania, que no ha parado y ha generado una profunda crisis energética, y los devastadores efectos económicos de casi tres años de pandemia. Pero Colombia parecía estar en una ruta de positivismo.

En el Pacto Histórico, incluso, el senador Gustavo Bolívar presumía hace unas semanas que el precio del dólar estaba más o menos controlado, en comparación con lo que ocurría en el anterior Gobierno. “Para los que siguen haciendo terrorismo con el dólar: Duque lo dejó en $4.337.28; Petro, un mes después, $4.365.32. Una devaluación de menos del 1 %. Y va para abajo”, dijo Bolívar el pasado 9 de septiembre.

El propio presidente Petro había hecho la siguiente advertencia el 11 de julio: “A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto, tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta valdrán menos en ese momento. ¡Ojo! No pierdan sus dineros”.

Pero luego de radicar la reforma tributaria en el Congreso, las cosas empezaron a cambiar y se posaron nubarrones negros sobre el país. En especial, los sectores petrolero y minero, y, en general, los empresarios, por intermedio de los gremios, iniciaron un pulso con la Casa de Nariño, pues sienten que sus empresas están en peligro con la carga tributaria que se propone. Algunos ministros emprendieron una maratón de declaraciones que han tensionado los mercados.

El caso de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre el futuro de la industria petrolera, es quizá el más dramático. “Nosotros estamos cumpliendo una promesa de Gobierno, que se dijo en campaña, que está escrita en nuestro programa (...) Hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación”, le confirmó la funcionaria a La W el pasado 13 de octubre.

Las alarmas quedaron encendidas pese a que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha desmentido una y otra vez las afirmaciones de la ministra Vélez. No menos complejos han sido los pronunciamientos del presidente Petro, quien hace dos semanas se puso en posición de ataque y acusó al Banco de la República de tomar medidas ineficaces, como subir las tasas de interés, que a su juicio no sirven para contener la inflación.

De inmediato, hubo quienes lo señalaron de lesionar o interferir en la independencia del banco. Pero Petro fue más allá: “La intención real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar la salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EE. UU. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”.

Pero el ministro Ocampo, de nuevo, tuvo que salir a apagar el incendio causado por dichas declaraciones. “Yo quiero señalar en forma muy enfática, en nombre del presidente de la república, que el Gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los egresos de capital”, dijo. Sin embargo, los mercados siguieron nerviosos. El solo hecho de que Ocampo use esas palabras en los mensajes ya genera un temor, pues puede ser un indicador de que en el Gobierno sí hay voces que proponen esas ideas.

El ministro ha dicho que tiene una licencia de un año, otorgada por la Universidad de Columbia, y hay quienes hablan de que podría dejar el Gobierno antes de ese tiempo, buscando reivindicar y blindar su buen nombre y prestigio internacional. ¿Quién podría llegar a reemplazarlo?

Lo cierto es que desde ese cruce de declaraciones se ha desatado una tormenta en la que inciden factores externos e internos. Por ejemplo, el dólar subió en Colombia 1.008,21 pesos entre el 19 de junio, cuando se votó la segunda vuelta y Petro resultó ganador, y este viernes 21 de octubre. Eso equivale a una devaluación de 25,82 por ciento. En ese mismo periodo, el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar contra las principales divisas del mundo, ha subido 10,51 por ciento. Frente al dólar, los expertos reconocen que una parte del impacto ha sido fruto del contexto internacional, y otra ha corrido por cuenta de la coyuntura política interna.

“Si el fenómeno de fortalecimiento del dólar fuera explicado solo por las políticas de Estados Unidos, todos los países tendrían devaluaciones iguales. No es el caso. Mientras que Brasil y Perú se devalúan 1,3 por ciento y 2,7 por ciento, respectivamente, el peso se devalúa el 13,7 por ciento en dos meses. Construyamos confianza”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Otro indicador del riesgo país de Colombia es el EMBI, que mide la diferencia en puntos básicos entre los bonos de una nación y los de Estados Unidos, que se consideran los más seguros. Después de la pandemia, cuando subieron en todo el mundo y luego corrigieron, hoy Colombia tiene uno de los indicadores más altos.

En cuanto a los TES, que son los títulos de deuda interna, lo que se ha visto es un aumento en las tasas de interés, que en su caso implica una desvalorización. La curva de rendimientos de TES tasa fija se ha desplazado en promedio 365 puntos básicos (p. b.) desde el 19 de junio hasta la fecha. En particular, el título que vence en 2032 cerró el viernes con una tasa de interés de 14,96 por ciento, lo que muestra un movimiento de 366 p. b. desde la segunda vuelta electoral.

Hoy el Gobierno Petro se ve preocupado y se percibe cierta ansiedad ante el desalentador panorama. De hecho, el presidente en varias oportunidades ha sido enfático en que se avecina una recesión económica para Colombia y, por ello, enfiló baterías contra Estados Unidos, culpándolo de estar “arruinando todas las economías del mundo”. El embajador del Gobierno Biden en Bogotá, Francisco Palmieri, respondió de inmediato y pidió no buscar culpables y trabajar juntos.

JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, explicó así lo que está pasando en Colombia, más allá de la coyuntura global: “Los activos locales colombianos se han deteriorado materialmente en las últimas semanas en respuesta a la disminución de la confianza a nivel nacional, una posición débil de las cuentas externas fiscales y un entorno global hostil; en otras palabras, una tormenta perfecta”. El banco, al analizar la devaluación del peso, ha dicho que desde mediados de septiembre ha tenido “el peor desempeño en los mercados emergentes”.

Pero el banco es mucho más duro y señala directamente como responsable al presidente Petro. “La posición de equilibrio externo débil de larga data, junto con una retórica ‘menos favorable al mercado’ del presidente Petro y una FED de línea dura han provocado un desempeño inferior significativo de los activos colombianos frente a sus pares (...) consideramos que se requiere una intervención política de interruptor automático”, señaló.

Para tratar de tranquilizar al sector de los hidrocarburos, el presidente Petro, el jueves, escribió en su cuenta en Twitter: “En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas, seguirán produciéndose normalmente. Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición”. La duda, en todo caso, radica es en los contratos futuros y, hasta ahora, el Gobierno solo ha dicho que se está haciendo un análisis para determinar cómo será la llamada transición energética.

Hoy el optimismo inicial de los colombianos frente a la llegada al poder de Petro se ha transformado en un entorno pesimista. Según la más reciente encuesta Invamer, el pesimismo aumentó 16 puntos entre agosto y octubre, y hoy llega al 64 por ciento.

Por su parte, la desaprobación a la gestión del mandatario aumentó 20 puntos porcentuales (del 20 al 40 por ciento) y la aprobación cayó 10 puntos (del 56 al 46 por ciento), según el mismo estudio. El porcentaje de quienes consideran que la economía está empeorando se disparó del 61 al 80 por ciento entre agosto y octubre.

Con los partidos políticos, el Gobierno tampoco la tiene fácil. Después de la aprobación de la reforma tributaria en las comisiones económicas, el jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, levantó la mano y aseguró que tiene 11 puntos inamovibles, entre ellos los impuestos a las pensiones y a los hidrocarburos, y dijo que no apoyará la reforma tal como está planteada.

Poco a poco, otras colectividades de la coalición se han ido sumando a las críticas, como los conservadores y La U. Gaviria quiere que la reforma pase de un recaudo de 22 billones de pesos a 10 billones. Es claro que estos partidos podrían poner en aprietos al Gobierno, pero, como es la política, es probable que terminen arreglando y sacando adelante la tributaria.

Internamente, la bancada del Pacto Histórico también revela evidentes grietas. Así quedó demostrado con unas grabaciones publicadas por SEMANA, en las que quedaron al descubierto inconformidades de los congresistas con la Casa de Nariño. Se escucharon frases como “no nos volvieron a contestar el teléfono”, “somos una vergüenza”, “esto es un despelote”, “el ministro del Interior, Alfonso Prada, no va al Congreso” y “cada quien anda por su lado”, entre otras.

Aunque la defensa en redes sigue siendo notoria por parte de la bancada de Gobierno, hacia adentro los comentarios son de otro calibre. Una alta fuente le dijo a SEMANA: “No hay gobierno, no hay narrativa, no hay quién lidere y mande, tienen que rectificar en varios temas y no enrancharse en que hay enemigos”. Un congresista del Pacto Histórico, sobre el Gobierno, dijo que no hay unidad y que lo que existe “son islas”.

De forma paralela, a esa turbulencia económica se añadieron otros factores internos que han generado inquietud en la opinión pública, como la reforma a la salud. Esta, según expertos, podría poner en peligro el sistema y tiene sumido en pánico al sector. Asimismo, la reforma pensional, que despierta temores generalizados. Y una reforma laboral cuyos detalles aún se desconocen, pero que ya habla de acabar con los contratos de prestación de servicios, en un momento en el que el desempleo se encuentra en dos dígitos (10,6 por ciento).

El propio presidente dijo: “En el mundo formal, creemos que el contrato de prestación de servicios, no laboral, encubre una relación laboral de manera mentirosa, solo para sobreexplotar a el o la trabajadora, eso debe pasar a la historia. Queremos volver a las relaciones de trabajo pactado”. Esa advertencia tiene con los pelos de punta a las empresas y trabajadores.

La expectativa frente a la reforma agraria propuesta por el Gobierno también suscita incertidumbre. Por un lado, Colombia enfrenta invasiones de extensos terrenos y, por otro lado, se firmó un acuerdo sin precedentes con los ganaderos por 60 billones de pesos, que aún no se sabe de dónde saldrán, para comprar 3 millones de hectáreas de tierra.

Todo esto, sin contar con los grandes retos en seguridad y cuando se habla de buscar la “paz total”, mientras la ONU advierte de un crecimiento exponencial de los cultivos de coca: por encima de 204.000 hectáreas sembradas.

Petro cumple dos meses y quince días de gobierno y es claro que todavía puede dar un timonazo para volver al rumbo sensato y de optimismo que requiere el país. Es urgente recuperar la confianza de los mercados. De lo contrario, el peor enemigo del cambio que este Gobierno propone será la agudización de la crisis social por el hambre. Petro es el capitán de este barco y su obligación es no dejarlo hundir.