Colombia mejoró en “descubrir, castigar y detener” la corrupción

Americas Society Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, empresa consultoría experta en riesgos globales, publicó el informe de Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022, en el que se evalúa la capacidad de los países en América Latina para descubrir, castigar y detener la corrupción.

Este año, Colombia tuvo un puntaje de 4,87, mientras que en el 2021 fue de 4,81. A pesar de esa ligera mejora, el país cayó un puesto, pasando del séptimo al octavo lugar en el ranking general.

La lista quedó así: Uruguay (7,42); Costa Rica (7,11); Chile (6,88); Perú (5,66); República Dominicana (5,19); Argentina (5,04); Panamá (4,96); Colombia (4,87); Ecuador (4,82); Brasil (4,76); Paraguay (4,45); México (4,05); Guatemala (3,38); Bolivia (2,57) y Venezuela (1,63).

Según el análisis presentado, el país avanzó en varios frentes, especialmente en sociedad civil, medios de comunicación y capacidad legal. Sin embargo, disminuyó en democracia e instituciones políticas, una tendencia que, según el informe, se ha mantenido a la baja desde 2019 y ha quedado detrás de la media regional.

El documento destaca que en medio del mandato del presidente Iván Duque se promulgó un proyecto de ley anticorrupción de amplio alcance, que incluso ha llegado a las empresas privadas. Eso, de acuerdo con el informe, aumentó la probabilidad para que las empresas sean investigadas y se pueda combatir con más eficiencia la corrupción, aunque se cuestiona que hay poco alcance con respecto a intereses del Gobierno y las deficiencias del sistema judicial.

El documento cuestiona, por ejemplo, la independencia de los entes de control y de justicia.

También se indaga que en medio de la campaña electoral se hayan generado llamados a posibles fraudes, así como que se eligió un Congreso “fragmentado” en las pasadas elecciones legislativas.

Las sociedades internacionales recalcan que uno de los temas principales en las elecciones fue el combate contra la corrupción. Piden que se cumplan esas propuestas porque consideran que hay una fuerte demanda por parte de los ciudadanos frente a este tema.

En ese sentido, la AS/COA y Control Risks recalcan que desde el 2019 se viene presentando una mejora significativa con respecto a los requerimientos de la sociedad civil para combatir la corrupción.

Una de las grandes promesas de campaña fue la lucha contra la corrupción, por lo que los colombianos y la región esperan que el nuevo presidente electo, Gustavo Petro, se comprometa y trabaje en mejorar esos índices.

Asimismo, en el informe recalcan que en agosto se hará el nombramiento de un nuevo contralor General de la Nación, hecho que coincidirá con la nueva posesión del presidente electo, por lo que será un cargo de fuerte escrutinio y que deberá mantener su independencia.

El informe señala que hay un proyecto de ley en el Congreso que cambiaría la forma en la que se elige Fiscal General, con el propósito de aumentar su independencia con los demás poderes. Si se aprobara esa reforma, el presidente no sería quien presente la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo fiscal, sino que sería al contrario, es decir, que la Corte presente la terna y que el presidente elija.

Algunos de los indicadores más relevantes en el informe con respecto al país es que en materia de capacidad legal el puntaje general fue de 4,69, en democracia e instituciones políticas fue de 4,41 y en sociedad civil y medios de comunicación fue de 6,42.

El indicador más bajo de la capacidad legal fue la independencia y los recursos de la Fiscalía General y los entes de investigación, con menos de 4 puntos. En democracia e instituciones políticas el más bajo fue la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de las campañas, cercano a 3, y en sociedad civil y medios de comunicación fue las mejoras en la educación el más abajo, a 6 puntos.