Muchos bandidos, pocas cárceles

Para el gobierno y los operadores de justicia, el grave problema de hacinamiento carcelario justifica las medidas para la salida masiva de delincuentes o, peor, para que incluso muchos no lleguen a las cárceles y reciban penas alternativas, como casa por cárcel y los grilletes electrónicos. Los apoyan las frecuentes imágenes de delincuentes hacinados en estaciones de Policía e, incluso, en parques públicos improvisados como sitios de detención.

Y las cifras también: Colombia cuenta con 136 establecimientos de reclusión capaces de albergar 77.055 internos. Sin embargo, en la actualidad hay más de 121.000 detenidos, lo que arroja una sobrepoblación del 57 por ciento, según cifras del Inpec.

El año pasado, el gobierno, por medio de un documento Conpes, aprobó más de 800.000 millones de pesos para construir nuevas cárceles y ampliar otras. Con esa inversión se esperaban generar 7.256 nuevos cupos, lo que reduciría en 17 por ciento el hacinamiento actual. Es claro que se requiere este tipo de obras, que se habían retrasado porque no existían los recursos. Si bien la medida ayudará a reducir en alguna proporción el hacinamiento, no resolverá de raíz el problema. La población carcelaria en el país aumenta 19 por ciento, en promedio, cada año.

Esas cifras implicarían que el Estado debe construir tres megacárceles cada tres años si quiere crear los cupos necesarios para prevenir el hacinamiento. Pero tan importante como levantar cárceles es combatir la corrupción generalizada que allí se presenta. “No hay una política carcelaria buena: desde las cárceles los antisociales siguen dando órdenes, mandando, ordenan asesinatos, controlan rentas criminales, realizan todo tipo de despropósitos. Los sitios de reclusión no son cárceles, sino universidades del delito”, dijo a SEMANA el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Todo el país comparte esa sensación.