En Colombia no se pueden certificar las intoxicaciones o muertes por glifosato

En medio del debate sobre reiniciar la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, el caso de la muerte de un niño y una niña de la etnia yukpa, dejó al descubierto que el Instituto de Medicina Legal no cuenta con la tecnología para establecer el envenenamiento por glifosato. Aunque estos fallecimientos no tienen que ver con alguna fumigación hecha por el Estado, estarían relacionados con la sospecha o hipótesis que tienen los indígenas de que a sus niños presuntamente los envenenó un finquero con este herbicida utilizado ampliamente en las labores agrícolas del país. Esta es la historia.

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El pasado 14 de diciembre de 2018, cuatro familias yukpa, del resguardo Iroka salieron a pescar a la finca de la vereda El Once, sobre la cuenca del río Casacará, jurisdicción del municipio de Codazzi del departamento del Cesar. Cuentan los indígenas que cuando los niños Reinaldo y Luisa Fernanda Peñaloza Franco jugaban en la orilla del río, el administrador de una finca cercana les habría dado una botellita de la que bebieron. Según los testimonios recogidos, a los cinco minutos los niños empezaron a vomitar y expulsar espuma por la boca y luego murieron.

La comunidad del resguardo yukpa, al enterarse del presunto envenenamiento se dirigieron a la finca, la quemaron y golpearon al capataz. Estos hechos fueron ampliamente difundidos por la prensa regional. En medio de los desmanes, el 17 de diciembre de 2018, los indígenas interpusieron la denuncia del presunto envenenamiento con glifosato ante la Fiscalía General de la Nación.

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En los dos meses siguientes la comunidad yukpa solicitó a la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal que exhumara los cuerpos de los niños y les realizara la necropsia. El 6 de marzo los cadáveres fueron desenterrados y trasladados a Bogota. Dos días después un equipo interdisciplinario realizó el procedimiento. El 25 de abril, en la sede regional de la Defensoría del Pueblo del departamento del Cesar, la doctora Claudia Adriana García, directora del instituto les entregó el dictamen forense a los gobernadores del cabildo yukpa y los padres de los niños.

El documento concluye que “no se puede establecer, pero tampoco se puede descartar que la causa de la muerte haya sido una intoxicación exógena con plaguicidas organofosforados o carbamatos y que tampoco puede establecerse o descartarse que haya sido con glifosato (…) Tampoco pudo establecerse o descartarse que la muerte haya sido debido a otra causa diferente a la que plantean las circunstancias mencionadas atrás”.

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Según el mismo informe pericial, la razón por la que no se puede comprobar el envenenamiento por glifosato se debe a que "la técnica para la determinación de glifosato no está disponible en nuestros laboratorios forenses y, por lo tanto, existe una limitación para el estudio dado que solo se pudieron analizar sustancias de tipo organofosforado como lo indica en el contexto aportados por la investigación, y carbamatos (por el tipo de técnica compartida con la de la busca de fosforados)”.

Los indígenas inconformes con los resultados, enviaron un derecho de petición para que les aclararan si en realidad Medicina Legal tenía la capacidad técnica para determinar si una persona fallece por intoxicación con glifosato. Hace unos pocos días, la institución les respondió que “no cuenta con los materiales de referencia y la estandarización de la metodología, pero se están realizando gestiones para la adquisición de los materiales y así proceder a la estandarización de la metodología, se espera que en aproximadamente una año se tenga la validación y estandarización”.

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Además, la respuesta de Medicina Legal sugiere que en el país no existen instituciones que tengan ese servicio en su portafolio y que cuando se han hecho estudios al respecto las muestras se han enviado al exterior, como sucedió en el 2009 cuando el Instituto Nacional de Salud realizó un estudio sobre población expuesta al glifosato y tuvo que remitir las muestras al Centro Toxicológico de Quebec, Canadá.

Así las cosas, los indígenas siguen sin comprobar o descartar sus sospechas sobre el envenenamiento de sus niños y le piden a la Fiscalía que asuma la investigación desde Bogotá. Pero, por otra parte, este caso reveló que, en un momento crucial con respecto a mantener o no el uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos, el Estado colombiano carece de las capacidades técnicas para dictaminar posibles intoxicaciones por este químico.