Colombia ocupó el lugar 92 entre 180 países, en el índice internacional de corrupción

La organización Transparencia Internacional publicó este jueves el Índice de Percepción de la Corrupción, en el que Nueva Zelanda y Dinamarca ocuparon los primeros lugares, mientras que Colombia se ubicó en la posición 92, en un listado elaborado con 180 países.

El país obtuvo una calificación de 39 puntos en una escala de 100, lo cual lo ubicó en el grupo de países con un mayor índice de corrupción en toda América, aunque se ubicó por encima de otras naciones como Perú (94), Brasil (94), Bolivia (124), México (124), Paraguay (137) y ni qué decir de Venezuela, que casi cierra el listado, pues el Estado gobernado por Nicolás Maduro quedó en el lugar 176, solo por encima de Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia.

La entidad alertó sobre una “concentración alarmante de poder” en el Poder Ejecutivo de Colombia, lo cual ha contribuido a una “explosión de irregularidades y casos de corrupción” asociados con las adquisiciones relacionadas con covid-19.

“La covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, declaró la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. “Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países”, agregó la funcionaria.

Colombia estuvo por debajo del promedio del continente, que se ubicó en 43 puntos, al evaluar a 32 países, entre los que más se destacan están Canadá, en el lugar 11; Uruguay, en la posición 21; Estados Unidos, en la 25, y Chile en el mismo lugar; mientras que en el otro lado, los peores y más corruptos fueron Nicaragua, Haití y Venezuela.

Por otra parte, los países que más han mejorado en la región en los últimos años son Guyana, que subió 13 lugares; Argentina, que escaló 8 posiciones, y Ecuador, que subió 7.

TI reseñó que esta es una región caracterizada por instituciones gubernamentales débiles y la covid-19 ha puesto de relieve “profundas desigualdades sociales y económicas, con sus efectos desproporcionados en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres, niñas, grupos indígenas, ancianos, migrantes y afroamericanos”.

Resumen global del informe

La edición 2020 del Índice clasificó 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en su sector público, basándose en trece evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios.

El informe utiliza una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente). Con 88 puntos cada una, Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan a la cabeza del índice. En el extremo opuesto se encuentran Siria, Somalia y Sudán del Sur, con 14, 12 y 12 puntos respectivamente.

“Los países con buenas puntuaciones en el índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho”, indicó el informe.

Desde 2012, cerca de 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, entre ellos Ecuador (39), Grecia (50), Guyana (41), Birmania (28) y Corea del Sur (61); mientras que 22 países han disminuido sustancialmente las puntuaciones, entre ellos Bosnia-Herzegovina (35), Guatemala (25), Líbano (25), Malaui (30), Malta (53) y Polonia (56).

La entidad planteó una serie de recomendaciones para todos los gobiernos, con el fin de disminuir la corrupción y afrontar mejor las crisis del futuro:

• Reforzar las instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan. Los organismos anticorrupción y las instituciones supervisoras necesitan contar con fondos, recursos e independencia suficientes para cumplir su cometido.
• Procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos.
• Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos.
• Publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender.