¿Colombia quiere paz o justicia?

La escena tiene pocos precedentes: el jueves pasado, ante el amplio auditorio, lleno a reventar, de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, dos de los más altos símbolos del Estado en Colombia protagonizaron uno de los debates más memorables que recuerde el país. 

No solo por su calado jurídico y filosófico y por las pullas que se cruzaron el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, sino por las posiciones que uno y otro encarnan, su discusión fue un adelanto, al más alto nivel del Estado, de la decisión más importante que enfrenta esta generación en Colombia: qué tan generosa escoge ser la sociedad con las Farc para poner fin al conflicto armado. La respuesta, paradójicamente, puede estar más en manos de la guerrilla que del Estado o la sociedad.

Con trazos de ese lenguaje grecoquimbaya al que son tan proclives los juristas patrios, en un foro convocado por la universidad sobre dilemas jurídicos del proceso de paz, los dos altos funcionarios se lanzaron pullas memorables. “Señor procurador estoy a su izquierda estratégicamente”, empezó el fiscal. El procurador contestó: “Lo saludo doctor Montealegre, que está a mi siniestra. Es evidente que usted está a mi izquierda”. 

El procurador mencionó que varios observadores internacionales han presentado objeciones al marco jurídico para la paz “y ellos no pertenecen a la nómina paralela de la Procuraduría General”. El fiscal contestó que no tenía “procuradores a la sombra”. Su oponente aclaró que no se refería a la Fiscalía, pero dijo que de pronto sí existían fiscales en la sombra y le pidió que no le “picara la lengua”. Y cuestionó que el juez español Baltasar Garzón fuera asesor de la Fiscalía.

“Su concepto de justicia es de justicia penal del siglo XVIII, y conste señor procurador que estoy hablando del siglo XVIII y no del Medioevo”. Ordóñez le contestó que él era un “realista jurídico”. “Tengo que pedirle excusas, señor procurador –ripostó Montealegre–. Yo lo veía a usted con una concepción del derecho del siglo XVIII, ahora lo veo 2.000 años atrás”.

Pero, más allá de los dardos, esta no fue una discusión personal o retórica. El jueves se enfrentaron dos modelos jurídicos y filosóficos en uno de los cuales domina la palabra paz y en el otro la palabra justicia. Y sus argumentos fueron la encarnación académica de un debate que la sociedad  misma empieza a hacer apasionadamente.

El procurador sostuvo que el Marco Jurídico para Paz es “una caricatura que privilegia a los victimarios y sacrifica a las víctimas en el altar de la impunidad”, porque solo los crímenes sistemáticos serían sancionados. “Asesinatos que no sean sistemáticos, torturas que no sean sistemáticas, desapariciones forzadas que no sean sistemáticas, secuestros que no sean sistemáticos, pueden ser beneficiarios del indulto”, dijo.

Criticó, además, que, de acuerdo con el Marco Jurídico para la Paz, solo serán sancionados los máximos responsables de esos crímenes y no todos los que hayan cometido delitos graves, y que a los primeros se les podría suspender la pena. Dijo que esa norma va contra los estándares internacionales que exigen la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio. Para él, las penas alternativas son realmente amnistías encubiertas, pues la sanción no es proporcional a los hechos cometidos.

El fiscal dijo que la Constitución de 1991 plantea la posibilidad de limitar derechos y que la obligación del Estado de juzgar e investigar puede entrar en una ponderación con el derecho a la paz y que, en algunos casos, el derecho a la paz debe prevalecer. Añadió que el discurso internacional de los derechos humanos se ha venido flexibilizando porque ya no se parte del castigo (Justicia retributiva), sino que se han venido incorporando elementos de Justicia restaurativa, como la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, que equilibran el castigo.

Montealegre explicó que en los últimos años se han producido decisiones que permiten aplicar la Justicia transicional en el marco de conflictos internos, y destacó que, en el caso de la peor masacre en América, la de Mozote en El Salvador, en la que los militares asesinaron a 900 personas en 1981, la Corte Interamericana y, en particular el voto concurrente del entonces juez y hoy presidente, Diego García-Sayán, reconoció en 2012 la posibilidad de aplicar amnistías condicionadas y penas alternativas con el objetivo de poner fin a un conflicto armado interno.

Por último, dijo que es imposible juzgar individualmente miles de crímenes de miles de responsables en un conflicto que lleva 60 años, y por eso se trata de procesar a los máximos responsables de los mayores crímenes. Puso el ejemplo de los procesos individuales de la Ley de Justicia y Paz, que solo ha producido 14 sentencias. “La inflexibilidad conduce a la tragedia. No podemos sacrificar la paz en aras de una utopía”, remató.

Otras voces notables se escucharon. Desde la Escuela Superior de Guerra, el presidente Santos terció en el debate en un discurso en el que se refirió a la eventual participación en política de las Farc. “Es aquí donde se va a tener que aplicar lo que hoy llaman la Justicia transicional (…) siempre y cuando se respeten principios como los de justicia, verdad y reparación, se puede hacer algún tipo de arreglo para facilitar el proceso para que se incorporen los que hoy están en armas”. 

El presidente habló de uno de los temas más espinosos y polémicos: la suerte de los militares. “No va a haber esa situación de que nuestros soldados van a ir a las cárcel por cuestiones que tienen que ver con el conflicto y vamos a ver a unos guerrilleros libres por hechos que tienen que ver con el mismo conflicto. 

Eso no va a suceder”. Si crímenes como los falsos positivos pueden ser considerados o no parte del conflicto armado y, en consecuencia, si los militares que los cometieron deben o no ser incluidos en los mecanismos judiciales de excepción, es otro debate en ciernes, que divide aguas radicalmente.

Roy Barreras y Fernando Carrillo difirieron en cuanto a los ritmos del proceso. Mientras el ministro de Interior prevé que el acuerdo en Cuba se firme “en noviembre o diciembre”, el presidente del Senado pidió prepararse “para un proceso de paz más largo de lo que anteriormente se anunció”. 

De ese plazo depende, entre otros, cuándo se presente al Congreso la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz (y a cuál Congreso: el actual, con las mayorías de la Unidad Nacional, o el que se eligirá en marzo de 2014, con una probable bancada uribista enemiga del proceso). Y depende también cuándo se someta a consulta popular el acuerdo conseguido en La Habana. 

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, rompió su habitual silencio con la intervención de más hondo alcance que ha hecho el gobierno desde el inicio del proceso. Precisó que el objetivo de las conversaciones en Cuba es sentar las bases para iniciar una fase transicional hacia la construcción de la paz en Colombia y que el tema de la justicia debe verse en ese marco y de manera integral.Dijo que se abusa del concepto de impunidad, y que toda discusión sobre eso es “pura especulación”, pues el gobierno no ha decidido cuál será el contenido del proyecto de ley estatutaria que regulará el Marco Jurídico.  

Fue categórico en que no habrá amnistías. Y coincidió con el fiscal: lo que se busca, dijo, es “una solución integral en materia de verdad, justicia y reparación, por una parte, pero también integral, en el sentido de que permite abarcar el máximo de violaciones que se hayan cometido. Los que insisten en pensar que se pueden investigar caso a caso las violaciones de 50 años de guerra, se están diciendo mentiras. 

Ahí lo que vamos a encontrar al final es una impunidad de facto. Sabemos ya que de esa manera nunca vamos a llegar al fin”. Y remató con dureza: “Estamos presenciando un espectáculo alrededor del concepto de impunidad, en unos casos de buena fe, pero en otros se trata de una serie de personas que yo llamaría ‘punitivistas  de última hora’, que hace diez años estaban apoyando amnistías a grupos paramilitares y hoy quisieran ser la inquisición”, dijo.

Es excepcional ver a la cúpula del Estado, desde la Justicia y el Ministerio Público, hasta el alto gobierno y el Congreso, enfrascada en un debate de este nivel en un mismo escenario (y en el foro del Externado se expresaron varias otras opiniones notables). De hecho, el auditorio universitario pareció condensar en una jornada todas las voces que, algunas con tremenda pasión o interés político, se han tomado el debate público y las páginas de los medios, en torno a las fórmulas jurídicas y políticas para poner fin al conflicto armado. 

Tras el apasionado debate de si los guerrilleros desmovilizados deben pagar cárcel y pueden participar en política –algo en lo que la opinión pública hoy está mayoritariamente del lado del procurador– hay una cuestión de fondo. 

El fin de la confrontación armada del Estado con la guerrilla y el comienzo de construcción de la paz, en términos de justicia transicional, es una ecuación en la que en un lado está la justicia y del otro la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Solo un peso importante de estas tres últimas variables puede equilibrar una dosis generosa de justicia. Sobre todo la verdad, como dijo  de visita en Bogotá el presidente alemán Joachim Gauck, cuyo país ha pasado por uno de los procesos de reconciliación más importantes de la historia.

En esto, el balón debe ponerse en el terreno de las Farc. Si siguen insistiendo en que ellas son las únicas víctimas y que la culpa de todo lo ocurrido es del Estado o de la guerra misma, la sociedad se negará mayoritariamente a cualquier generosidad con los combatientes que se desmovilicen, ni para que participen en política, ni para que eviten la cárcel. 

Es cierto que, por primera vez, en su carta a los congresistas estadounidenses el mes pasado, las Farc dividieron los crímenes de la guerra en dos: el desplazamiento, los falsos positivos y la masacre de la Unión Patriótica, que atribuyen al Estado, y “casos de secuestro (por primera vez usan esta palabra), desaparición forzada, el reclutamiento (de niños), el uso de explosivos de todo tipo, entre otros” que aceptan que deben discutirse. Pidieron, sí, tratarlos “con sindéresis”, pero al menos insinúan su responsabilidad. Y es cierto, también, que el Estado y estamentos privilegiados de la sociedad tendrán mucho que reconocer en un proceso de exponer la verdad de lo ocurrido en el conflicto.

Pero si las Farc no asumen ante el país sus responsabilidades como victimarios y sus deberes ante los cientos de miles de víctimas que generaron con su accionar armado, será imposible que una mayoría de la población apruebe acuerdos que contemplen abrirles las puertas de la política y medidas de generosidad jurídica a quienes abandonen las armas.  

Por eso, el resultado final de este debate entre paz y justicia y la decisión que tomen el Estado y la sociedad dependen, en una inmensa medida, de la actitud que adopten las Farc ante sus víctimas.

Nadie sabe, por ahora, qué actitud adoptarán las Farc. El caso es que, mientras en Cuba se discute todavía el tema agrario y apenas se anuncia en el horizonte el de participación política, Colombia ya  entró de lleno en la discusión de un punto de la agenda de La Habana que allá no se ha ni mencionado aún, pero que es quizás el tema decisivo del proceso: hasta dónde quiere llegar la sociedad para poner fin al conflicto armado.