¿Colombia seguirá siendo parte del Acuerdo de Escazú? A la Corte Constitucional se le vencen términos para definir

Este miércoles 28 de agosto, a las 3:00 p.m., la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene como punto número uno del orden del día, decidir sobre el futuro que le espera al Acuerdo de Escazú en Colombia. Desde hace casi dos años, el alto tribunal analiza si el convenio se ajusta a la norma constitucional en el país.

La decisión se tiene que tomar antes del próximo 3 de septiembre, fecha en que se vencen los términos del estudio, razón para que la Corte Constitucional tome de manera pronta una decisión sobre la permanencia de Colombia en la norma internacional.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, presentará la ponencia para decidir si Colombia debe permanecer en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú.

Para definir el futuro de Colombia en el Acuerdo, la Corte Constitucional ha venido recogiendo desde 2022 una serie de pruebas para definir si cumple con conceptos como el tratado regional, la seguridad jurídica y la soberanía nacional. Para eso también se escuchó una comisión de expertos que rindieron su conocimiento técnico alrededor del convenio internacional y hasta 80 pruebas al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretarías del Congreso para definir la situación jurídica.

En medio de esa audiencia, la minsitra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que el Acuerdo “va hacer que Colombia haga parte de una comunidad de Estados responsables que quiere conjuntamente, elevar el estándar de derechos humanos y los impactos que tienen diferentes actividades económicas en las poblaciones. Cuando uno ve la normatividad colombiana es mucho más exigente, y Escazú, el tratado es claro en decier, se aplicará lo que sea más riguroso”.

Sin embargo, otros sector de la oposición como la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha criticado fuertemente a quienes aprobaron el Acuerdo de Escazú, y hasta en su momento, los calificó como “destructores de la democracia”.

Antes de que la norma se aprobara en el Congreso, la senadora Cabal advirtió que “los activistas amnbientalistas instrumentalizados por la izquierda internacional, ignoran el peligro de Escazú. Ese acuerdo es parte de una agenda globalista para frenar el desarrollo, empobrecer a los colombianos y engañar a jóvenes incautos”.

La Corte Constitucional definira la suerte de Escazú a partir de las pruebas y testimonios que han recolectado en el estudio de constitucionalidad de la norma, como por ejemplo, la cantidad de proyectos viales, de infraestructura, minero energéticos, entractivistas, entre otros, que se tendrían que aplicar las reglas del Acuerdo y el porcentaje de la población indígena que habita en las zonas de influencia de esas obras.

Para el momento en que el tratado fue sancionado a finales de 2022, el presidente Petro indicó que “hemos firmado el tratado internacional, que se convierte en Ley de la República, de Escazú (…) y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano y ciudadana de Colombia acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta ley, para cualquier persona”.

El control constitucional oficioso que se adelanta sobre la norma internacional es para definir si tiene relación con la soberanía nacional y la seguridad jurídica, además, de que el propio Gobierno nacional ha argumentado que para aplicar el Acuerdo no se necesita consultas previas con comunidades indígenas o algún tipo de análisis sobre impacto fiscal.